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| Andrade y Peña en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto “debe limpiar primero su nombre” si quiere que funcionen las medidas anticorrupción que anunció el martes 3, advierte The Economist al tiempo de señalar que la oposición ha estado “sospechosamente callada” sobre los temas de corrupción en la administración federal debido a que “muchos tienen esqueletos en sus armarios”.
La revista británica también señala las sospechas que hay sobre el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y plantea dudas sobre la regulación de los “conflictos de interés”, que “es turbia en México, lo que significa que la base jurídica de la investigación no está clara”.
The Economist resalta que “no todos los días un presidente lanza una investigación sobre sus propios asuntos, pero eso es lo que el líder de México, Enrique Peña Nieto, acaba de hacer. El 3 de febrero anunció que él, su esposa (Angélica Rivera) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) se convertirán en los primeros sujetos de una investigación sobre conflictos de interés”.
Esta decisión sorprendente, acota la revista especializada, “era parte de un paquete de medidas contra la corrupción que Peña espera que restablezcan su credibilidad y popularidad, que han sido maltratadas por el escándalo y la indignación pública por un crimen” como el de Ayotzinapa, Guerrero.
Sin embargo, para que Peña tenga éxito debe, ante todo, “establecer que él está libre de culpa en un escándalo provocado por las revelaciones que él, su esposa, y Luis Videgaray compraron casas a crédito de las filiales de una empresa de construcción que se ha beneficiado de contratos del gobierno”.
Todos ellos declararon, abunda The Economist, “que no han hecho nada malo, aunque el señor Videgaray recibió una hipoteca a tasas por debajo del mercado. Ahora el señor Peña ha abierto una investigación que espera vindicarlos”.
La investigación, recuerda el medio británico, la llevará a cabo Virgilio Andrade Martínez, quien ha sido nombrado titular de la SFP, “un puesto que ha estado vacante durante más de dos años”.
La obligación de Andrade Martínez, acota, es monitorear si los funcionarios del gobierno están cumpliendo con la ley.
Apenas el jueves 22 de enero The Economist advirtió que los últimos escándalos con Grupo Higa y la familia San Román, así como “el cinismo de Peña Nieto”, serán capitalizados por el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está manchado por el escándalo”, sostuvo la revista para luego recordar el caso de los 43 normalistas y la “Casa Blanca” de Angélica Rivera, así como la residencia que Luis Videgaray compró a Grupo Higa en octubre de 2012 –de 850 metros cuadrados, localizada en un club de golf en Malinalco, Estado de México, y que costó unos 7.5 millones de pesos.
The Economist también mencionó la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro, que tendría un costo de 50 mil 820 millones de pesos. Y “la última vergüenza”, la casa de Peña Nieto en el municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal.
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