El 30% de desaparecidos en México, niños y adolescentes: ONU

México, DF. El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (OACUNDH), Jesús Peña Palacios, aseveró en el Senado que en el país hay más de seis mil niños, niñas y adolescentes desaparecidos lo que representa el 30 por ciento del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014.

Asimismo, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) subrayó que con información del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, se tiene que entre 2006 y 2014 el treinta por ciento de personas desaparecidas son menores de 18 años, y el Estado tiene una obligación frente a ello.

En tanto, Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México consideró que “hemos escuchado que la población debajo de 18 años de desaparecidos llega a ser 1.8 veces mayor de niñas que niños. Cuando se hacen estudios hablamos de que en la población de 14 años son más niñas las que se encuentran desaparecidas”.

En tanto Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resaltó que en la ley general en la materia que discutirá próximamente el Senado de la República, se debe dar prioridad a la búsqueda de menores, niños, niñas y adolescentes, y se debe redactar un tipo penal que agrave la sanción cuando el desaparecido sea menor de 18 años.

La CNDH, resaltó, plantea que en esta ley debe existir un apartado dedicado a la niñez, víctima directas o indirectas de este grave problema y se debe disponer de la creación de áreas y protocolos especializados en la desaparición de menores, no solo la la investigación de los casos sino para la sistematización de los datos obtenidos que permitan realizar un mapeo de la desaparición de menores y sus consecuencias en cada región del país.

Insistió Eslava que debe haber un apartado de niñez y adolescencia en la ley que elaborará el Senado que obligue a la autoridad a desagregar datos de este delito. De igual forma, apuntó, la ley debe transversalizarse con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en lo que respecta al Sistema Nacional de Protección, a los sistemas DIF, a las normas que rigen los centros de asistencia social, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de los menores.

Sutton refirió que el Comité de Derechos de la Infancia de la ONU, en sus conclusiones a México en 2015 señaló “su preocupación por la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes: asesinatos, desapariciones y violaciones y recomendó establecer una política pública”.

De 25 mil 293, la cifra oficial de personas no localizadas, a finales de enero pasado

En NL se incrementó en casi 100% el número de reportes

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Sábado 21 de marzo de 2015, p. 5

Las procuradurías y fiscalías locales reportaron, al corte del 31 de enero pasado, un total de 25 mil 293 casos de personas no localizadas. El rezago mayor en cuanto a investigación y clarificación del paradero de la gente reportada en esa situación es de 2014.

La mayoría de los desaparecidos son mexicanos, aunque de 10 por ciento de los expedientes no se conoce siquiera la nacionalidad de los ausentes.

Del grupo de casos de delitos del fuero común, sólo 125 de los desaparecidos están clasificados como extranjeros, y en el caso de los del ámbito federal son 40 los registros.

Por entidad, Nuevo León es la que presenta un incremento de casi 100 por ciento en cuanto a integración de averiguaciones previas, al pasar de mil 138 a 2 mil 9 casos de no localizados, de octubre de 2014 a enero de 2015.

También hay alza en Chihuahua y Sinaloa, aunque no tan grande. En el primer caso, el penúltimo corte estadístico evidenció mil 145 asuntos de este tipo, y en las cifras de enero se consigna mil 413. En Sinaloa, la relación es de mil 393-mil 569. Según esta información, en 19 entidades hay alzas en el registro de personas desaparecidas.

Los registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero común que permanecen sin localizar van en ascenso. La clasificación oficial indica que 745 expedientes son de hechos anteriores a 2007.

De aquellos casos denunciados durante el último año del sexenio de Felipe Calderón, continúan en rezago 3 mil 409 expedientes de personas no localizadas; de 2013, 4 mil 327, y de 2014, 5 mil 810. Para el primer mes de este año ya se habían sumado 345 personas cuyo paradero es desconocido.

El archivo del fuero federal es menor, aunque igualmente hay ocho historias no esclarecidas anteriores a 2007; de 2012 persisten 42; de 2013, primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, siguen 96 en esa situación; en 2014, 208, y en enero pasado hay ocho casos.

Los datos anteriores son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información oficial que le envían las procuradurías y fiscalías estatales, así como la Procuraduría General de la República.

En los casos por entidad, as autoridades no precisan claramente la nacionalidad y edad de los no localizados.

Ante ello, grupos civiles pugnan por una clasificación más explícita, en especial para identificar plenamente los casos de desaparición forzada, es decir, cuando en ella participan elementos del Estado mexicano (policías, militares, etcétera), con o sin vinculación con el crimen organizado.

Desapariciones, casi en todo México: ONU

Desapariciones forzadas, generalizadas e impunes

No hay una cifra precisa, destaca informe de la ONU

Pide crear un registro nacional y formar una unidad especial de búsqueda

El caso Ayotzinapa ilustra los serios desafíos que enfrenta México

Varias protestas se han realizado frente a Palacio Nacional, en algunas colocando cartas, flores y fotografias de los estudiantes de la Normal Rural de AyotzinapaFoto Alfredo Domínguez

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 2

En México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional.

Así lo afirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que ayer dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluó en Ginebra, Suiza, su grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

La información recibida por el comite ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas, debido a la participación de servidores públicos en los hechos, subrayó el CED.

De igual manera, destacó que elgrave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, agredidos y presuntamente asesinados hace más de cuatro meses, ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones forzadas y búsqueda de las víctimas.

El comité saludó avances del Estado mexicano, entre ellos la ratificación de todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, la reforma constitucional en la materia de junio de 2011 y la adopción de la Ley General de Víctimas, pero también hizo un amplio listado de suspreocupaciones.

Entre ellas figura que México no ha reconocido todavía la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales, por lo que llamó enérgicamente al gobierno a hacerlo, como ordenan los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

De igual manera, el organismo lamentó que en el país hay niveles de cumplimiento desiguales de las normas en contra de la desaparición forzada, y en ese sentido pidió a México que expida una ley general en la materia, en la cual se tomen en cuenta las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El CED también manifestó su preocupación por la falta de información estadística precisa sobre el número de víctimas de desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo. Por ello, recomendó que el Estado cree un registro único a escala nacional.

Asimismo, indicó que algunas legislaciones no incluyen el delito de desaparición forzada o establecen penas disímiles, por lo que apremió a México a tipificarlo a escala federal y estatal de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas y fijar penas en función a su extrema gravedad.

En las observaciones finales también se destaca que haynumerosos casos de desaparición forzada contra migrantes, y por tanto convoca a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar estos casos.

Por otro lado, el CED lamentó la impunidad de los casos denunciados, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas tras recibir una denuncia y la reclasificación de los delitos. Por ello, pidió a México que realice indagatorias exahustivas e imparciales, castigue a los responsables con penas adecuadas y facilite la participación de los familiares de las víctimas.

Para tales efectos, consideró que la Procuraduría General de la República debe crear una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados y trabaje de manera coordinada con otras agencias, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por otra parte, el CED convocó a las autoridades nacionales a proteger a testigos y denunciantes para evitar que sean intimidados o atacados; investigar todos los casos de desaparición forzada cometidos durante la llamada guerra sucia y castigar a los responsables, y garantizar el derecho a la reparación integral del daño.

Por último, el Comité de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano que redoble sus esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la restitución de los restos a la familia de la víctima, así como crear un proceso para obtener una declaración de ausencia con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y la de sus seres queridos.

En 3 meses del año pasado, 14 desaparecidos en promedio al día: oficial

Pese al incremento del fenómeno, México carece de un plan nacional de búsqueda

Entre agosto y octubre hubo 1,281 personas desaparecidas; 14 al día

El corte oficial más reciente señala 23 mil 603 episodios; cerca de 30 por ciento eran mujeres

Manifestación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –el 21 de noviembre de 2013– ante la Secretaría de Gobernación para exigir solución a los miles de casos de desaparecidos en todo el paísFoto Alfredo Domínguez

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 18 de enero de 2015, p. 3

México no cuenta con un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, pese al incremento del problema.

En julio pasado, el gobierno federal informó que estaban en esa condición 22 mil 322 personas y, al corte oficial más reciente (31 de octubre), la suma era de 23 mil 603, es decir, en un trimestre se agregaron a la lista mil 281 casos, un promedio de 14.2 por día.

Dentro de los expedientes clasificados como del fuero común (23 mil 271), casi 30 por ciento son mujeres. Por rango de edad, la mitad son de 50 años hacia abajo, aunque hay casi mil ancianos. La mayoría son mexicanos (hay 127 extranjeros y de 2 mil 856 se desconoce su nacionalidad).

Una proporción similar tienen los archivos del fuero federal. De 332 personas reportadas, 24.3 por ciento son mujeres y, por edad, sólo se especifica a los menores de 60 años. Aquí el grueso son jóvenes de entre 15 a 29 años. Hay 298 mexicanos y 34 extranjeros.

Hace cinco meses, el gobierno federal dijo que avanzaba en este proyecto, aunque hasta el momento sólo se registran novedades en algunos estados.

Uno de los grupos es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), constituido en diciembre de 2009, periodo crítico de inseguridad y violencia en todo el país.

La organización tiene 328 expedientes, igual número de historias en las que el esfuerzo principal por hallar a las personas es de los familiares.

Las expresiones de los afectados son casi las mismas, tanto en Fundec como en otros esfuerzos: el gobierno, en todos sus niveles, no tiene un plan de búsqueda, y tampoco de reacción inmediata ante las pistas que los propios familiares encuentran, ya sea una llamada telefónica o la versión de que los desaparecidos fueron vistos en determinados lugares.

Víctimas consultadas por este diario afirman que los expedientes de los casos no contienen evidencias de una investigación profesional, sino sólo papelería burocrática.

En un foro celebrado en diciembre en Coahuila, los grupos civiles mostraron una manta que rezaba: La impunidad como el obstáculo para el respeto a los derechos humanos en México.

El año pasado, el gobernador de esa entidad declaró, según el Fundec:Creo que hay avances, pero falta lo importante, encontrar a las personas desaparecidas.

Del fuero común, el grueso de los expedientes a escala nacional, la mayoría es de episodios en Tamaulipas (5 mil 293 casos). Le siguen Jalisco (2 mil 139), estado de México (mil 730) y Coahuila (mil 428).

Del federal, igualmente Tamaulipas tiene 74 averiguaciones previas, Guerrero 59 y Veracruz 52.

Además de Fundec, hay otros grupos. En Nuevo León opera un protocolo de reacción inmediata; en Veracruz trabajan en un sistema de inhumación de cadáveres sin identificar. En Coahuila hay reuniones periódicas con funcionarios para la construcción de un plan de búsqueda.

Las principales causas de la no localización se refieren a: ausencia voluntaria, ausencia por problemas domésticos; privación ilegal de la libertad; migración nacional o internacional; reclusión en un centro penitenciario; fallecimiento y/o víctima de otro delito.

El 21 de agosto pasado, la subprocuradora jurídica de la Pro­curaduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, dijo que se avanzaba en un plan y protocolo nacionales de búsqueda de personas sistematizado y permanente.

Enumeró algunas de las medidas en curso, como la operación de un software ante mortem y post mortem para la localización a identificación.

Un total de 160 funcionarios estaban en la red nacional para la búsqueda de personas; se trabajaba en la creación de unidades especializadas de búsqueda, así como en el fortalecimiento de los servicios forenses.

Cinco meses después de la presentación del reporte, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, dijo:Estamos en un trabajo cotidiano de construcción de capacidades institucionales y de relación con las organizaciones que representan a las familias.

Dijo que la cuestión se ha convertido en tema permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública; en la sesión de diciembre se acordó la homologación nacional para el protocolo de investigación de los casos de desaparición forzada. Éste deberá ser concluido a más tardar en mayo.

Los desaparecidos –agregó– son más que cifras. Son personas con nombre, apellido, historia, familia. Y (atenderlos) es el trabajo que hacemos aquí en la PGR.