Cuando empezó hundirse el expediente fabricado en la PGR contra el general Tomás Ángeles Dauahare, los primeros en intentar salvarse del naufragio fueron el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la procuradora general Marisela Morales: Citaron a la esposa del militar para negar su participación en la oscura maniobra. Pero los documentos del proceso judicial y diversos testimonios señalan hacia ambos exfuncionarios.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En algún día de junio o julio de 2012 la señora Leticia Zepeda fue citada a las oficinas del secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Semanas antes su esposo, el general de división Tomás Ángeles Dauahare, había sido detenido por la Policía Judicial Militar en la entrada de la unidad militar ISSSFAM en la delegación Tlalpan, donde tiene un departamento. El general Ángeles, quien fue subsecretario de la Defensa, era acusado de delincuencia organizada junto con otros cinco militares: Roberto Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez, Silvio Isidro de Jesús Hernández e Iván Reyna. Supuestamente colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva y con el Cártel de Sinaloa.
La reunión se llevó a cabo en las oficinas de García Luna, en la avenida Constituyentes. En la sala destacaba un enorme escritorio. De acuerdo con la información recabada y verificada por este semanario, en la reunión estuvieron presentes la señora Zepeda, su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, el titular de la SSP y el abogado de éste, Alonso Aguilar Zinser.
García Luna, quien tiene fama de hablar poco y con dificultad, se extendió en sus explicaciones: “Yo no tuve nada que ver en la detención del general”, dijo sin que nadie le hubiera reprochado nada. En cambio el funcionario acusó de la maquinación directamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, al subsecretario Demetrio Gaytán Ochoa –quien aspiraba a ser secretario este sexenio– y a la procuradora General de la República, Marisela Morales.
El funcionario añadió que a él le habían pedido realizar la investigación contra Ángeles Dauahare pero que no quiso hacerlo; por lo tanto, dijo, ni la SSP ni la Policía Federal (PF) colaboraron en la indagatoria. Así concluyó el encuentro.
Semanas después, cuando la defensa del general de división tuvo acceso a la acusación descubrió que la PF participó de manera crucial en la integración del expediente, basándose en una llamada anónima y declaraciones falsas de los testigos colaboradores conocidos como Jennifer y Mateo.
El próximo 15 de mayo se cumple un año de que Ángeles Dauahare fue detenido. Y aunque hace ya dos semanas que un juez decretó su inocencia y ordenó su liberación inmediata tras 11 meses en prisión, el complot para encarcelarlo apenas comienza a reventar. En él están implicados exfuncionarios calderonistas de alto nivel, algunos aún en puestos clave del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con testimonios y documentos como las actuaciones de la SSP, la Procuraduría de Justicia Militar y de la SIEDO, que están en el expediente que la PGR fabricó para inculpar al general, así como un escrito que fue entregado por familiares de Ángeles Dauahare al nuevo procurador, Jesús Murillo Karam, al inicio de su gestión, los presuntos responsables de orquestar y ejecutar el plan para encarcelar injustamente al militar son: Guillermo Galván Galván; el exsubsecretario Demetrio Gaytán Ochoa, actual director de Banjército; la exprocuradora Marisela Morales y el propio Genaro García Luna, con la anuencia del entonces presidente Felipe Calderón.
Para orquestar el complot y fabricar los testimonios en su contra utilizaron a funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Algunos permanecen en sus puestos en la dependencia ahora llamada SEIDO y durante las últimas semanas de prisión de Ángeles Dauahare incluso intervinieron para retrasar su liberación.
En agosto de 2012, días antes de que el juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictara el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y sus cinco coacusados, la entonces procuradora Marisela Morales también buscó una cita con Leticia Zepeda.
El encuentro fue en las oficinas de la PGR. Esa vez la señora acudió acompañada por su yerno y con su abogado, Sánchez Reyes Retana. Con Morales estaba Cuitláhuac Salinas, cabeza de la SIEDO, quien no se despegaba de su teléfono celular como si estuviera escribiendo mensajes.
Morales dijo que no tenía nada que ver con el caso y que estaba dispuesta a ayudar en todo lo posible al militar en desgracia. “¿Verdad que nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de la detención del general?”, le preguntó Morales a Salinas, quien asintió con la cabeza y no pronunció palabra.
Días después el juez dictó el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y coacusados por cargos de delincuencia organizada. En el documento del auto de término constitucional el juez dio por válidas las declaraciones de los testigos colaboradores Jennifer y Mateo al considerarlas de “relevancia probatoria”, igual que los 195 supuestos “elementos de prueba” aportados por las dependencias que participaron en la integración del expediente.
Después del 30 de noviembre, cuando Marisela Morales ya había salido de la PGR, buscó insistentemente a la señora Zepeda para pedirle otra reunión, pero ésta no se realizó. Fuentes consultadas por este semanario señalan que Morales se quejaba de que ella iba a terminar pagando “los platos rotos” y que por eso le había puesto un ultimátum a Cuitláhuac Salinas, que según ella la había “metido en el problema”.
El pasado 30 de abril, en entrevistas con Televisa y MVS Noticias, Salinas señaló que con la anuencia de Morales, un grupo de mandos militares usó a la PGR para fabricar el expediente contra Ángeles y coacusados. Afirmó que a él lo marginaron de todas las investigaciones pese a que su área y el personal bajo sus órdenes se encargaron de la averiguación previa.
De hecho, dijo, él renunció a la Subprocuraduría antes de terminar el sexenio de Calderón porque detectó un plan para incriminarlo también a él, además de que fue amenazado por investigar a funcionarios implicados con el narcotráfico, entre ellos algunos de la SSP.
