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jueves, 22 de mayo de 2014

Defiende el PRI a Coldwell: “No ocupa 10 minutos en sus gasolinerías”, dice

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Foto: Octavio Gómez


martes, 20 de mayo de 2014

Coldwell, propietario de seis empresas que tienen contrato con Pemex: PRD


México, DF. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, debe renunciar al cargo o ser destituido, ya que incurre en tráfico de influencias, toda vez que es propietario de seis empresas que tienen contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex), para la compra venta de gasolina y otros productos, así como para la prestación de otros servicios a la aún paraestatal.
La senadora perredista, Dolores Padierna, formuló la denuncia. Advirtió que el hecho es muy grave, ya que como titular de Energía, Joaquín Coldwell, es también presidente del Consejo de Administración de Pemex, y al mismo tiempo que concesionario de la paraestatal.
El hecho de que sea dueño de las gasolineras de Cozumel, Quintana Roo, entidad que gobernó, explica, dijo, el interés que Joaquín Coldwell ha demostrado en la privatización de Pemex, es que él va a ser beneficiario de la reforma que abrió el petróleo y la electricidad al capital privado, nacional y extranjero.
Hizo notar que el secretario de Energía, viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que él, sus dos hijos, su padre y su sobrino participan como accionistas en gasolineras y empresas de Cozumel que celebran contratos con Pemex Refinación.
Recordó que esa ley  ordena que todos los trabajadores y funcionarios de alto nivel de Pemex deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan “interés personal, familiar o de negocios”, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado.
Otra ilegalidad, recalcó, es que como titular de Energía y de acuerdo a la reciente reforma constitucional energética, será el responsable de determinar los contratos y los campos de exploración, perforación y otorgar los permisos de refinación que tendrá Pemex, como resultado de la Ronda Cero y de la reforma energética.
La senadora Padierna dio a conocer la lista de las empresas propiedad del secretario de Energía:
Es poseedor del 60 por ciento de acciones de Servicio Cozumel, S.A. de C.V, localizada en Cozumel, constituida el 1 de febrero de 1994. El 40 por ciento restante es de  sus hijos Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, con 20 por ciento cada uno.
Asimismo, del 40 por ciento de las acciones de Planta de Combustible Cozumel, S.A.de C.V., constituida el 1 de febrero de 1994. En esta empresa también participa su padre, Fausto Nassim Joaquín Ibarra, padre del secretario de Energía, con 60 por ciento restante.
Del 40 por ciento de las acciones de Gasolinera y Servicios Juárez S.A. de C.V., sociedad localizada en Cozumel, constituida el 14 de diciembre de 1995. El 40 por ciento restante es de su padre Fausto Nassim Joaquín Ibarra y el 20 por ciento de su sobrino Ignacio Nassim Ruiz Joaquín.
Igualmente de 0 por ciento de las acciones de Combustibles Caleta S.A. de C.V., constituida en Cozumel, el 19 de noviembre de 2001. En esta empresa también participan sus hijos Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, con 20 por ciento cada uno. El 40 por ciento restante es de su padre Nassim Joaquín Ibarra y de su sobrino Ignacio Nassim Ruiz, con 20 por ciento cada uno.
De 25 por ciento de las acciones de Combustible San Miguel S.A. de C.V., constituida el 12 de mayo de 2008. Sus hijos tienen el 25 por ciento cada uno. Su padre y su sobrino tienen el 25 por ciento caa uno.
De 25 por ciento de las acciones de Combustibles Tatich S.A. de C.V., constituida el 27 de diciembre de 2009. Sus dos hijos, padre y sobrino participan también con 25 por ciento de acciones cada uno.
La legisladora recalcó que el funcionario debiera renunciar por su propia voluntad, ya que de lo contrario, exigirán que el presidente Enrique Peña Nieto aplique la ley y lo destituya.

domingo, 13 de abril de 2014

Ordenan a Sener fundamentar anuncios sobre beneficios de reforma energética


México, DF. La Secretaría de Energía (Sener) deberá dar a conocer los indicadores, metodologías y dictámenes, que se tomaron en cuenta para aseverar que “con la reforma energética, los mexicanos tendremos energía y gas a menor costo, y que habrá más inversión y empleos”, publicidad promovida por la Presidencia de la República, a partir de la aprobación de la iniciativa de reforma energética.
Esta determinación fue adoptada por el pleno del Instituto Federal de acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), luego que en respuesta a la petición de un particular, la Sener, por conducto de la Subsecretaría de Hidrocarburos, informó que los beneficios de la aprobación de esa reforma quedaron establecidos en la “Iniciativa de Reforma Energética”, la cual es pública y está disponible en Internet.
Para ello, proporcionó un vínculo electrónico para consultar la “Estrategia Nacional de Energía 2013-2027”, en el que enfatizó, se presenta el diagnóstico y las necesidades del sector energético para dicho periodo, adjuntando varios documentos relacionados con la “Propuesta de Reforma Energética”, los cuales según su dicho sustentan los beneficios obtenidos tras su aprobación, lo que se consideró por el peticionario y por el Ifai como insuficiente, ya que proporcionó diversa información a la solicitada, pero no así, los indicadores, la metodología y los dictámenes empleados para aseverar lo que se difunde en el portal electrónico de la Presidencia de la República.
Durante el trámite la Sener declaró la inexistencia de los indicadores, la metodología y los dictámenes por las que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto asegura que tras la reforma energética, habrá en el país energía y gas a menor costo, además de inversión y empleos.
Sin embargo, en la investigación y análisis del caso, la comisionada ponente María Elena Pérez-Jaén advirtió que la dependencia no solo incumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que no turnó la solicitud a la Dirección General de Sustentabilidad, sino que dicha unidad administrativa es competente para conocer la información solicitada, porque es la encargada de evaluar el impacto sobre el balance de los programas de bioenergéticos; de elaborar y mantener actualizada la metodología para valorar las externalidades asociadas a la generación de electricidad, y de proponer políticas en la materia.
En ese sentido, concluyó que si bien la dependencia no está obligada a generar documentos ad hoc, lo cierto es que, en atención al principio de máxima publicidad, debió interpretar la solicitud a fin de favorecer al particular y hacer efectivo su derecho constitucional de acceso a la información. Subrayó que el exceso de información también conlleva a una desinformación.
Esto en alusión a los 17 documentos con los que Sener pretendió dar respuesta al solicitante, como Índice de Competitividad Internacional 2013, Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI, Cuaderno de Trabajo México ante la Revolución Energética, Study on Investment and Private Sector Participation in Power Distribution in Latin America and the Caribbean Region o Power Market Fundamentals, entre otros.

miércoles, 23 de octubre de 2013

Coldwell: “Inconcebible” prohibir a Pemex asociarse con otras empresas


El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Foto: Germán Canseco
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Durante la última comparecencia pública en vísperas de la dictaminación de la reforma energética, los titulares de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas, y Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, defendieron ante los senadores la necesidad de una reforma constitucional a los artículos 27 y 28 constitucionales para dar certeza jurídica a la inversión privada en el sector, pero evadieron pronunciarse en contra o a favor de una consulta pública nacional.
Lozoya, director general de Pemex, advirtió en su exposición que si la paraestatal mantiene el ritmo de inversión actual, del orden de 24 mil millones de dólares, en los próximos 10 años se podrá tener una producción diaria de 2.8 millones de barriles diarios de crudo y 6.1 millones de pies cúbicos de gas, pero se tendrán que invertir 62 mil millones de dólares, de los cuales carecen.
“Resulta evidente que incluso con un nuevo y mucho más favorable régimen fiscal a Pemex, e incluso tomando en cuenta su capacidad de endeudamiento, no podríamos acercarnos a los niveles de inversión que se requieren para aprovechar el potencial”, sentenció Lozoya Austin.
“Es un hecho que necesitamos atraer capitales para acercarnos al ritmo máximo de explotación de nuestros recursos”, abundó el director general de Pemex, quien consideró que la reforma a la legislación secundaria, de 2008, fue “insuficiente”, y subrayó que el cambio constitucional no implicará “cambiar el régimen de propiedad de los hidrocarburos”.
Por su parte, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, advirtió que es “inconcebible” que en un mundo global se impida “a nuestra empresa pública” más importante, en referencia a Pemex, asociarse con otras.
Enunció los nueve avances más importantes que se lograrían con la reforma constitucional, tanto en la CFE como en Pemex, y fue el único de los funcionarios que también mencionó las iniciativas de reforma legal del PAN –que propone abiertamente las concesiones– y del PRD, que propuso 12 leyes secundarias.
El exdirigente nacional del PRI insistió que la llamada “ronda cero” le permitirá a Pemex elegir los mejores proyectos de asociación privada para sus condiciones.
En su oportunidad, el director general de la CFE, Francisco Rojas, enumeró los principales proyectos de la paraestatal y consideró que esta empresa “está en la encrucijada, marcada por el imperativo de tener que seguir creciendo todos los días para atender la demanda; tener que seguir consumiendo combustibles caros todos los días”.
Para Rojas Gutiérrez, la “encrucijada” de la CFE se resolverá si se aprueban las reformas constitucionales de Peña Nieto, porque “va a permitir la certeza jurídica constitucional de quienes inviertan desde la perspectiva del sector privado. Va a transparentar el costo real del porteo y la energía de reserva; más aún, va a dar la oportunidad a que se incentive el consumo de gas y que su costo se transparente”, dijo.

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