En México hay más de 36 millones de personas sin vivienda digna, es decir, la tercera parte de la población del país no tiene ninguna posibilidad de acceder a una casa.
La cifra es oficial, seguramente el número de millones de mexicanos sin vivienda será mayor, pero según un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público además existen más de 2 millones 250 mil personas que viven en hacinamiento.
En lugar de reducir el número de personas sin acceso a la vivienda, los últimos gobiernos lo han incrementado. De hecho, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) señaló hace unos meses que, en México cada año se registran 500 mil familias más en esta situación.
Este panorama de los mexicanos de a pie, contrasta con el tren de vida del Ejecutivo, particularmente con sus viviendas. The Wall Street Journal nos ha informado que Enrique Peña Nieto compró una propiedad en un club de golf de Ixtapan de la Sal unas semanas después de tomar el cargo como gobernador del Estado de México.
A Peña Nieto no le basta con la casa blanca ni con sus otras propiedades. Según su declaración patrimonial dada a conocer el año pasado es propietario de cuatro casas, un departamento, dos terrenos y dos terrenos rústicos. Según el documento, las últimas tres propiedades que adquirió le fueron donadas por su madre en 2011. Su patrimonio declarado es de alrededor de 45 millones de pesos.
Algo difícil de creer después de exhibirse dos de sus casas. Esta última, con 850 metros cuadrados de construcción y pagada de contado por 5 millones 6 11 mil 195 pesos, fue vendida por el desarrollador Roberto San Román Widerkehr, con una empresa de construcción que llegó a ganar más de 100 millones de dólares casualmente en contratos para obras públicas durante la administración de Peña Nieto como gobernador del 2005 al 2011 en el Estado de México. Más aún: la empresa de San Román ha ganado al menos 11 contratos federales desde que Peña Nieto llegó a Los Pinos.
Si lo anterior no es conflicto de intereses o tráfico de influencias, entonces ¿qué es?. Esta información difundida constituye un presunto delito. Peña Nieto sale al paso diciendo que todo fue legal. Pero realmente, lo importante aquí es saber si el Ejecutivo actúo de acuerdo a los principios morales de honestidad.
Lo que nos queda claro es que a Peña Nieto y su gabinete les gustan las casas grandes de procedencia sospechosa y construidas por empresarios luego beneficiados con jugosos contratos. El último ejemplo es el del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien compró una casa al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú del Grupo Higa, por 7 millones y medio de pesos, en una zona residencial de Malinalco, Estado de México y con ventajas de pago, nada menos que 18 años de financiamiento, pero que “milagrosamente” pagó unos meses después de ocupar su cargo de secretario de Estado.
En realidad, a todos los ciudadanos nos gustaría tener casas grandes, así como la de los funcionarios peñistas, de 800 o mil metros cuadrados de construcción. Pero la realidad del país es otra.
La mayoría de los trabajadores que adquieren una vivienda de interés social saben que accederán a una casa de apenas 40 metros cuadrados de construcción. Eso sí, con dos recámaras, cocina, baño, sala y comedor. Una casa que se puede recorrer en ocho pasos a lo largo y cinco a lo ancho.
Estas mini casitas “dignas” están siendo construidas bajo los lineamentos del Infonavit y tienen un valor de 238 mil pesos, lo cual significa que cada metro cuadrado cuesta 5 mil 950 pesos.
Antes las casas del Infonavit eran de 55 y 60 metros cuadrados, pero en los recientes gobiernos del PAN y PRI el gobierno federal ha preferido no otorgar un buen patrimonio a las familias. Tampoco los desarrolladores y voraces empresarios de la construcción están interesados en la decencia a la hora de hacer cajitas de cerillos para venderlas en un claro contubernio con el gobierno, como “viviendas dignas”.
El cinismo de una clase política cada vez más alejada del pueblo permite que ese alejamiento sea abismal. Políticos de todos los partidos y funcionarios gozan de viviendas ostentosas, mansiones millonarias en base al tráfico de influencias y al robo de caudales públicos.
Mientras Peña Nieto goza de sus amplísimos metros cuadrados no solo en Los Pinos, sino en sus varias viviendas personales, nos anunciaba hace unos días la Política Nacional de Vivienda 2015 con una inversión de 370 mil millones de pesos en la construcción de 500 mil viviendas: “Para una familia, una casa y un departamento es mucho más que una construcción. Es un espacio de tranquilidad, desarrollo y armonía”, dijo.
Por supuesto, pero seguramente él descansará mejor en sus amplias habitaciones y estancias, que un trabajador cuya casa se recorre con apenas ocho pasos.
En cualquier democracia real, los ciudadanos son beneficiados por políticas públicas que incluyen una vivienda verdaderamente digna, mientras los funcionarios del gobierno y los políticos habitan casas en las mismas condiciones que la mayoría.
En México por el contrario, la ostentación y exhibición de la riqueza de nuestra clase gobernante y política es un insulto a las condiciones de vivienda que la mayoría de los ciudadanos padece.
¿Qué espera el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para designar un fiscal independiente y autónomo que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente Enrique Peña Nieto, sus secretarios de Estado y el personal de la Presidencia de la República?
Tal vez, el procurador también se encuentra en el grupo de políticos y funcionarios que compraron sus casas “legalmente”.
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