2 de julio de 2012
En la ruta política que culminó con su presunto triunfo electoral del domingo 1, Enrique Peña Nieto ha sido acompañado, promovido e impulsado por personajes de turbio pasado, algunos acusados de nexos con el crimen organizado, inclusive políticos de relieve de su propio partido. También, por empresarios de enriquecimiento meteórico y otros de poca monta, pero ambiciosos. Todos, sin duda, dispuestos a cobrar factura si finalmente su creatura llega a Los Pinos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Fueron un regiomontano al que se atribuye recibir órdenes de Carlos Salinas, exgobernadores priistas acusados de vínculos con el narcotráfico, y empresarios de meteórico enriquecimiento, quienes pavimentaron el camino de Enrique Peña Nieto a la candidatura presidencial del PRI.
Transcurría el año de 2005 cuando Peña Nieto conoció a Felipe Enríquez Hernández, hombre de confianza del entonces gobernador salinista Natividad González Parás y quien en ese momento se encargaba de la estrategia de Arturo Montiel cuando éste y Roberto Madrazo se disputaban la candidatura presidencial del PRI.
A Peña Nieto le fue presentado justamente durante una reunión en donde el mexiquense preparaba su contienda por el Estado de México. Aunque desde el primer momento le simpatizó, luego le sorprendería su sagacidad de “alquimista” electoral y sus habilidades para convencer a empresarios de gran calado para respaldar a las figuras priistas.
Felipe Enríquez, quien fue dirigente priista de su estado y legislador local y federal, así como secretario particular de un subsecretario de Desarrollo Político de la Segob, ha sido utilizado como uno de los principales operadores electorales de su partido en varios estados del país, donde, se afirma, recaba cuantiosos recursos económicos de empresarios y terratenientes para canalizarlos a las campañas tricolores.
El regiomontano Enríquez Hernández contendió esta vez como candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, donde por cierto Peña Nieto decidió cerrar su campaña, y fue acusado por el PAN de compra de votos y acarreo.
Para ser el candidato formal de su partido a la Presidencia de la República o/y llegar hasta el día de la elección, Peña Nieto contó con el respaldo de su compadre, de exgobernadores priistas acusados de nexos con el narcotráfico y de empresarios como Armando Hinojosa Cantú, propietario de la empresa EOLO que abasteció al mexiquense de aviones para sus recorridos de campaña; Ernesto Álvarez Murphy Alarcón, propietario de inmobiliarias en Panamá y de bienes en la exclusiva zona Boca Ratón, así como de Carlos Castillo Cervantes, apodado El Dragón.
La caída de Beatriz
En 2009, al arrancar la disputa interna del priismo por la candidatura a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, ya con tres años como gobernador, y constantemente promovido por Televisa, empezó a operar manteniendo a su lado a Felipe Enríquez; sus contendientes eran Manlio Fabio Beltrones Rivera, cabeza del Senado de la República, y Beatriz Paredes Rangel, coordinadora de los diputados.
A su vez, el PRI, dispuesto a volver a Los Pinos, llegó incluso a admitir que en 2006 hubo un acuerdo con Calderón para que ocupara la silla presidencial.
El 9 de marzo de 2010, el diputado federal César Augusto Santiago confesó: “Los acuerdos están en la esencia de la construcción de la democracia. Gracias a uno de esos acuerdos está sentado Felipe Calderón en una silla que yo personalmente no acepto”.
Al siguiente día, Rubén Moreira, entonces diputado federal y hoy gobernador por Coahuila, preguntó a un orador del PRD que en ese momento estaba en tribuna: “El presidente Calderón ¿es el presidente legítimo de México?” La respuesta fue: “Es ilegítimo, y ustedes (los priistas) son copartícipes por haber aceptado un acuerdo”.
Moreira repuso: “Para un servidor, el presidente Calderón también es ilegítimo (…) Mi partido fue consecuente: no podíamos caer en la anarquía. Pero Calderón, que recibió la confianza para entrar por una puerta aquí, a escondidas, y jurarle a la nación que iba a ser presidente de los mexicanos, también en eso nos traicionó”.
El giro que el priismo daba acerca de la legitimidad de Calderón se entrelazaba con la búsqueda del candidato del PRI para pelear por la Presidencia en 2012. Y en ese rejuego la posible candidata Beatriz Paredes cometió un error político que le costó la candidatura: firmar un convenio con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, y el secretario de Gobierno de Peña Nieto, Luis Miranda, que anulaba cualquier alianza del PAN para renovar el gobierno del Estado de México.
El convenio fue revelado por los propios panistas en marzo de 2010; los gobernadores reclamaron a Paredes su protección total a Peña Nieto y la falta de atención a otros estados donde también se renovarían las gubernaturas. Tanta fue la molestia del priismo que Paredes Rangel estuvo a punto de ser depuesta como presidenta nacional del PRI. La intervención de Peña Nieto lo impidió, pero se eliminó la posibilidad de que contendiera por la Presidencia.
Y aunque Beltrones anunció que buscaría la candidatura, ésta fue descartada un mes antes de la elección interna. Integrantes del equipo promotor de Peña Nieto –los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, así como el exgobernador de Coahuila y para entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira– se reunieron entonces en la casa del empresario Carlos Castillo Cervantes (El Dragón) en McAllen, Texas, y se comprometieron ante el mexiquense Peña Nieto a darle todo su respaldo.
Luego, Beltrones declinó participar en la elección interna alegando un cambio en la convocatoria y falta de equidad. El camino de Peña Nieto había sido allanado.
La importancia de El Dragón
Para Peña Nieto fue clave la fuerza que adquirió Carlos Castillo Cervantes. De origen humilde, Castillo Cervantes tomó vuelo económicamente durante su paso como administrador del Aeropuerto de Tijuana.
Un expediente en poder de Proceso lo ubica como originario de Anáhuac, Coahuila, y señala que “empezó a hacer dinero cuando fue administrador del Aeropuerto de Tijuana y porque se casó con la hija de un empresario regiomontano propietario de la empresa Remolques en 1995. Dicha empresa enfrentó una acusación de fraude por parte del hermano de Juan N. Guerra, iniciador del Cártel del Golfo”.
El mismo documento señala que entre el empresario Castillo Cervantes y Peña Nieto hay una “gran cercanía”, y añade que sus relaciones son “tanto de amistad como de negocios; tan es así que el gobernador Peña frecuentemente visita la fastuosa residencia que tiene en el Club de Golf Cimarrón en Mission, Texas”.
Dicha residencia, continúa, “es usada por Peña Nieto para descanso y para llevar a cabo reuniones con políticos mexicanos que no le conviene trasciendan a los círculos políticos y periodísticos en México”.
La mansión de El Dragón en Mission, Texas, cuenta con 4 mil 270 metros cuadrados de construcción, y en 2003 tenía un valor de 10 millones de dólares.
Además de Peña Nieto, el expediente ubica como grandes amigos del empresario al exgobernador de Coahuila Enrique Martínez Martínez y al exmandatario de Nuevo León Natividad González Parás.
De acuerdo con el blog Signos de Tamaulipas, fechado el 15 de junio de 2009, poco antes de que arrancara en el PRI la carrera por la candidatura presidencial, Castillo Cervantes realizó un festejo en su casa de McAllen, Texas. Entre los invitados estuvieron Peña Nieto y Angélica Rivero, y los entonces gobernadores Humberto Moreira (Coahuila), Ulises Ruiz (Oaxaca) y Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas).
(A Castillo Cervantes le dicen El Dragón porque su empresa, Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción, S.A. de C.V. (Immex), es en México representante exclusiva de la empresa Cutler, líder mundial en el reciclado y reposición de la carpeta asfáltica en caliente y en un solo paso mediante máquinas llamadas “dragones”.)
En diciembre de 2005, Proceso 1518 publicó parte de las relaciones públicas de Castillo Cervantes, quien ha tenido contratos con gobiernos estatales de todos los partidos políticos.
El mismo expediente que lo liga a Peña Nieto asienta que El Dragón “ha propiciado la corrupción entre varios políticos” para obtener jugosos contratos, y que a Humberto Moreira le aportó un millón de dólares para su campaña por la gubernatura de Coahuila.
Una fuente que conoce bien a Castillo Cervantes comentó a Proceso que realiza frecuentes reuniones en su casa de McAllen, en las cuales comenta que entregó a Peña Nieto “10 millones de dólares para su campaña a la Presidencia de la República”, pues de ese modo conseguiría “que en todo México se utilicen sus dragones de encarpetado que lo han hecho millonario”.
La misma fuente refiere, como lo publicó Proceso en 2005, que Castillo Cervantes tiene varias propiedades en Mission, entre ellas bancos y un hospital. E incluso ha vendido a precios bajos algunas casas a exgobernadores como Eugenio Hernández, así como “a su cuñado Óscar Gómez y Farough Fatemi”. Este último personaje vivía en Tamaulipas y hoy radica en Quintana Roo, en donde recientemente el diario Reforma lo ubicó como uno de los prestanombres de Eugenio Hernández.
Además, el pasado 6 de junio la Sedena anunció el cateo de varias propiedades del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández por presuntos vínculos con el narcotráfico y la detención de uno de sus principales socios, Farouh Fatemi.
Algunos pendientes
Enrique Peña Nieto, quien llegó al día de la elección con más de 15 puntos de ventaja sobre sus competidores de acuerdo con la mayor parte de las encuestas, enfrentó algunos altibajos en su campaña.
El primer gran descalabro del mexiquense, que lo persiguió a lo largo de un mes y medio, fue su viernes negro del 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana.
El rechazo del estudiantado, que le reclamó el operativo de represión en San Salvador Atenco, Estado de México, durante 2006, además de la imposición nacional de su imagen a través de Televisa, se tradujo en que Peña Nieto presentara un decálogo para encabezar una Presidencia democrática, aunque, transcurridas unas semanas, ese decálogo quedó en el olvido.
Otro de los cuestionamientos que Peña Nieto tuvo que enfrentar fue el de sus vínculos con exgobernadores de su partido como Tomás Yárrington y Eugenio Hernández, a quienes el gobierno de Estados Unidos vinculó con el narcotráfico.
Una denuncia que puso en alerta al equipo de campaña de Peña Nieto y al PRI, fue la de que se destinó mucho dinero para el manejo de su imagen, incluyendo tarjetas de banco Monex y de la tienda de autoservicios Soriana para la supuesta compra de votos.
Apenas el 12 de junio, el empresario mexicano-estadunidense José Aquino denunció por incumplimiento de contrato a Luis Videgaray, jefe de campaña de Peña Nieto, entre otros, en una corte de Estados Unidos, por incumplimiento de contrato.
Según la versión del empresario Alfredo Carrillo Garza Sada, lo contrató para promover la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos. Le dijo que para ello había un fondo de 56 millones de dólares que provenía del Estado de México y del narcotráfico. Dichos recursos habrían estado depositados en el banco mexicano Monex. Ese mismo día, el PRI interpuso una denuncia acusando a Aquino de intento de extorsión, además de rechazar la existencia de tales recursos y la contratación mencionada por parte del PRI.
Fue la última semana de la campaña cuando el PAN reveló la existencia de tarjetas de Monex que el PRI ha entregado a varios de sus promotores del voto, en tanto que el PRD denunció el mismo operativo, pero bajo la modalidad de la entrega de monederos electrónicos de la tienda de autoservicio Soriana.
Otro dato que llamó la atención es que el padre de Alfredo Carrillo Garza Sada, el empresario que según José Aquino lo embaucó en la promoción de Peña Nieto en Estados Unidos y quien le “mostró” el supuesto depósito de 56 millones de dólares en Monex, es hijo de Alfredo Carrillo Chontkowsky, quien tiene entre sus mejores amigos al empresario y contratista favorito del gobierno de Peña Nieto en el Edomex, Armando Hinojosa, así como al empresario Ernesto Álvarez Morphy Alarcón.
Este último fue quien presentó al gobernador Peña Nieto al general Tomás Ángeles Dauahare para que fuera su asesor en seguridad, pero dicho militar fue descartado por sugerencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván (Proceso 1855). En su campaña hacia la Presidencia, Peña Nieto llamó a Dauahare para que elaborara el plan de combate al narcotráfico, como se dio a conocer el 9 de mayo en San Luis Potosí.
Peña Nieto deberá, pues, lidiar con las acusaciones de narcotráfico de algunos de sus correligionarios, como Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, señalamientos contra Fidel Herrera por su presunta liga con Los Zetas y contra Castillo Cervantes, por el súbito enriquecimiento que tuvo.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Fueron un regiomontano al que se atribuye recibir órdenes de Carlos Salinas, exgobernadores priistas acusados de vínculos con el narcotráfico, y empresarios de meteórico enriquecimiento, quienes pavimentaron el camino de Enrique Peña Nieto a la candidatura presidencial del PRI.
Transcurría el año de 2005 cuando Peña Nieto conoció a Felipe Enríquez Hernández, hombre de confianza del entonces gobernador salinista Natividad González Parás y quien en ese momento se encargaba de la estrategia de Arturo Montiel cuando éste y Roberto Madrazo se disputaban la candidatura presidencial del PRI.
A Peña Nieto le fue presentado justamente durante una reunión en donde el mexiquense preparaba su contienda por el Estado de México. Aunque desde el primer momento le simpatizó, luego le sorprendería su sagacidad de “alquimista” electoral y sus habilidades para convencer a empresarios de gran calado para respaldar a las figuras priistas.
Felipe Enríquez, quien fue dirigente priista de su estado y legislador local y federal, así como secretario particular de un subsecretario de Desarrollo Político de la Segob, ha sido utilizado como uno de los principales operadores electorales de su partido en varios estados del país, donde, se afirma, recaba cuantiosos recursos económicos de empresarios y terratenientes para canalizarlos a las campañas tricolores.
El regiomontano Enríquez Hernández contendió esta vez como candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, donde por cierto Peña Nieto decidió cerrar su campaña, y fue acusado por el PAN de compra de votos y acarreo.
Para ser el candidato formal de su partido a la Presidencia de la República o/y llegar hasta el día de la elección, Peña Nieto contó con el respaldo de su compadre, de exgobernadores priistas acusados de nexos con el narcotráfico y de empresarios como Armando Hinojosa Cantú, propietario de la empresa EOLO que abasteció al mexiquense de aviones para sus recorridos de campaña; Ernesto Álvarez Murphy Alarcón, propietario de inmobiliarias en Panamá y de bienes en la exclusiva zona Boca Ratón, así como de Carlos Castillo Cervantes, apodado El Dragón.
La caída de Beatriz
En 2009, al arrancar la disputa interna del priismo por la candidatura a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, ya con tres años como gobernador, y constantemente promovido por Televisa, empezó a operar manteniendo a su lado a Felipe Enríquez; sus contendientes eran Manlio Fabio Beltrones Rivera, cabeza del Senado de la República, y Beatriz Paredes Rangel, coordinadora de los diputados.
A su vez, el PRI, dispuesto a volver a Los Pinos, llegó incluso a admitir que en 2006 hubo un acuerdo con Calderón para que ocupara la silla presidencial.
El 9 de marzo de 2010, el diputado federal César Augusto Santiago confesó: “Los acuerdos están en la esencia de la construcción de la democracia. Gracias a uno de esos acuerdos está sentado Felipe Calderón en una silla que yo personalmente no acepto”.
Al siguiente día, Rubén Moreira, entonces diputado federal y hoy gobernador por Coahuila, preguntó a un orador del PRD que en ese momento estaba en tribuna: “El presidente Calderón ¿es el presidente legítimo de México?” La respuesta fue: “Es ilegítimo, y ustedes (los priistas) son copartícipes por haber aceptado un acuerdo”.
Moreira repuso: “Para un servidor, el presidente Calderón también es ilegítimo (…) Mi partido fue consecuente: no podíamos caer en la anarquía. Pero Calderón, que recibió la confianza para entrar por una puerta aquí, a escondidas, y jurarle a la nación que iba a ser presidente de los mexicanos, también en eso nos traicionó”.
El giro que el priismo daba acerca de la legitimidad de Calderón se entrelazaba con la búsqueda del candidato del PRI para pelear por la Presidencia en 2012. Y en ese rejuego la posible candidata Beatriz Paredes cometió un error político que le costó la candidatura: firmar un convenio con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, y el secretario de Gobierno de Peña Nieto, Luis Miranda, que anulaba cualquier alianza del PAN para renovar el gobierno del Estado de México.
El convenio fue revelado por los propios panistas en marzo de 2010; los gobernadores reclamaron a Paredes su protección total a Peña Nieto y la falta de atención a otros estados donde también se renovarían las gubernaturas. Tanta fue la molestia del priismo que Paredes Rangel estuvo a punto de ser depuesta como presidenta nacional del PRI. La intervención de Peña Nieto lo impidió, pero se eliminó la posibilidad de que contendiera por la Presidencia.
Y aunque Beltrones anunció que buscaría la candidatura, ésta fue descartada un mes antes de la elección interna. Integrantes del equipo promotor de Peña Nieto –los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, así como el exgobernador de Coahuila y para entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira– se reunieron entonces en la casa del empresario Carlos Castillo Cervantes (El Dragón) en McAllen, Texas, y se comprometieron ante el mexiquense Peña Nieto a darle todo su respaldo.
Luego, Beltrones declinó participar en la elección interna alegando un cambio en la convocatoria y falta de equidad. El camino de Peña Nieto había sido allanado.
La importancia de El Dragón
Para Peña Nieto fue clave la fuerza que adquirió Carlos Castillo Cervantes. De origen humilde, Castillo Cervantes tomó vuelo económicamente durante su paso como administrador del Aeropuerto de Tijuana.
Un expediente en poder de Proceso lo ubica como originario de Anáhuac, Coahuila, y señala que “empezó a hacer dinero cuando fue administrador del Aeropuerto de Tijuana y porque se casó con la hija de un empresario regiomontano propietario de la empresa Remolques en 1995. Dicha empresa enfrentó una acusación de fraude por parte del hermano de Juan N. Guerra, iniciador del Cártel del Golfo”.
El mismo documento señala que entre el empresario Castillo Cervantes y Peña Nieto hay una “gran cercanía”, y añade que sus relaciones son “tanto de amistad como de negocios; tan es así que el gobernador Peña frecuentemente visita la fastuosa residencia que tiene en el Club de Golf Cimarrón en Mission, Texas”.
Dicha residencia, continúa, “es usada por Peña Nieto para descanso y para llevar a cabo reuniones con políticos mexicanos que no le conviene trasciendan a los círculos políticos y periodísticos en México”.
La mansión de El Dragón en Mission, Texas, cuenta con 4 mil 270 metros cuadrados de construcción, y en 2003 tenía un valor de 10 millones de dólares.
Además de Peña Nieto, el expediente ubica como grandes amigos del empresario al exgobernador de Coahuila Enrique Martínez Martínez y al exmandatario de Nuevo León Natividad González Parás.
De acuerdo con el blog Signos de Tamaulipas, fechado el 15 de junio de 2009, poco antes de que arrancara en el PRI la carrera por la candidatura presidencial, Castillo Cervantes realizó un festejo en su casa de McAllen, Texas. Entre los invitados estuvieron Peña Nieto y Angélica Rivero, y los entonces gobernadores Humberto Moreira (Coahuila), Ulises Ruiz (Oaxaca) y Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas).
(A Castillo Cervantes le dicen El Dragón porque su empresa, Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción, S.A. de C.V. (Immex), es en México representante exclusiva de la empresa Cutler, líder mundial en el reciclado y reposición de la carpeta asfáltica en caliente y en un solo paso mediante máquinas llamadas “dragones”.)
En diciembre de 2005, Proceso 1518 publicó parte de las relaciones públicas de Castillo Cervantes, quien ha tenido contratos con gobiernos estatales de todos los partidos políticos.
El mismo expediente que lo liga a Peña Nieto asienta que El Dragón “ha propiciado la corrupción entre varios políticos” para obtener jugosos contratos, y que a Humberto Moreira le aportó un millón de dólares para su campaña por la gubernatura de Coahuila.
Una fuente que conoce bien a Castillo Cervantes comentó a Proceso que realiza frecuentes reuniones en su casa de McAllen, en las cuales comenta que entregó a Peña Nieto “10 millones de dólares para su campaña a la Presidencia de la República”, pues de ese modo conseguiría “que en todo México se utilicen sus dragones de encarpetado que lo han hecho millonario”.
La misma fuente refiere, como lo publicó Proceso en 2005, que Castillo Cervantes tiene varias propiedades en Mission, entre ellas bancos y un hospital. E incluso ha vendido a precios bajos algunas casas a exgobernadores como Eugenio Hernández, así como “a su cuñado Óscar Gómez y Farough Fatemi”. Este último personaje vivía en Tamaulipas y hoy radica en Quintana Roo, en donde recientemente el diario Reforma lo ubicó como uno de los prestanombres de Eugenio Hernández.
Además, el pasado 6 de junio la Sedena anunció el cateo de varias propiedades del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández por presuntos vínculos con el narcotráfico y la detención de uno de sus principales socios, Farouh Fatemi.
Algunos pendientes
Enrique Peña Nieto, quien llegó al día de la elección con más de 15 puntos de ventaja sobre sus competidores de acuerdo con la mayor parte de las encuestas, enfrentó algunos altibajos en su campaña.
El primer gran descalabro del mexiquense, que lo persiguió a lo largo de un mes y medio, fue su viernes negro del 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana.
El rechazo del estudiantado, que le reclamó el operativo de represión en San Salvador Atenco, Estado de México, durante 2006, además de la imposición nacional de su imagen a través de Televisa, se tradujo en que Peña Nieto presentara un decálogo para encabezar una Presidencia democrática, aunque, transcurridas unas semanas, ese decálogo quedó en el olvido.
Otro de los cuestionamientos que Peña Nieto tuvo que enfrentar fue el de sus vínculos con exgobernadores de su partido como Tomás Yárrington y Eugenio Hernández, a quienes el gobierno de Estados Unidos vinculó con el narcotráfico.
Una denuncia que puso en alerta al equipo de campaña de Peña Nieto y al PRI, fue la de que se destinó mucho dinero para el manejo de su imagen, incluyendo tarjetas de banco Monex y de la tienda de autoservicios Soriana para la supuesta compra de votos.
Apenas el 12 de junio, el empresario mexicano-estadunidense José Aquino denunció por incumplimiento de contrato a Luis Videgaray, jefe de campaña de Peña Nieto, entre otros, en una corte de Estados Unidos, por incumplimiento de contrato.
Según la versión del empresario Alfredo Carrillo Garza Sada, lo contrató para promover la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos. Le dijo que para ello había un fondo de 56 millones de dólares que provenía del Estado de México y del narcotráfico. Dichos recursos habrían estado depositados en el banco mexicano Monex. Ese mismo día, el PRI interpuso una denuncia acusando a Aquino de intento de extorsión, además de rechazar la existencia de tales recursos y la contratación mencionada por parte del PRI.
Fue la última semana de la campaña cuando el PAN reveló la existencia de tarjetas de Monex que el PRI ha entregado a varios de sus promotores del voto, en tanto que el PRD denunció el mismo operativo, pero bajo la modalidad de la entrega de monederos electrónicos de la tienda de autoservicio Soriana.
Otro dato que llamó la atención es que el padre de Alfredo Carrillo Garza Sada, el empresario que según José Aquino lo embaucó en la promoción de Peña Nieto en Estados Unidos y quien le “mostró” el supuesto depósito de 56 millones de dólares en Monex, es hijo de Alfredo Carrillo Chontkowsky, quien tiene entre sus mejores amigos al empresario y contratista favorito del gobierno de Peña Nieto en el Edomex, Armando Hinojosa, así como al empresario Ernesto Álvarez Morphy Alarcón.
Este último fue quien presentó al gobernador Peña Nieto al general Tomás Ángeles Dauahare para que fuera su asesor en seguridad, pero dicho militar fue descartado por sugerencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván (Proceso 1855). En su campaña hacia la Presidencia, Peña Nieto llamó a Dauahare para que elaborara el plan de combate al narcotráfico, como se dio a conocer el 9 de mayo en San Luis Potosí.
Peña Nieto deberá, pues, lidiar con las acusaciones de narcotráfico de algunos de sus correligionarios, como Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, señalamientos contra Fidel Herrera por su presunta liga con Los Zetas y contra Castillo Cervantes, por el súbito enriquecimiento que tuvo.
