Vía universidades, desvían recursos de Cruzada contra el hambre: Diputada

Araceli Damián señala que entre las universidades con mayores desvíos reportados por la ASF se encuentran la del Estado de México y la de Morelos

Los partidos y el gobierno guardan silencio ante la preocupante corrupción con presupuesto de la “Cruzada contra el Hambre” a través de convenios con universidades públicas, señaló la diputada federal Araceli Damián, de Morena.
Mientras que el PRI, PAN y PRD se desgarran las vestiduras y critican la creación de las universidades gratuitas financiadas con recursos donados por las y los diputados de Morena, nada dicen del millonario desvió de recursos públicos, otorgados a diversas universidades públicas, a través de convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para realizar diversas acciones relacionadas con el emblemático programa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la “Cruzada Contra el Hambre”, señaló la legisladora.
Araceli Damián explicó que entre las universidades con mayores desvíos reportados por la Auditoría Superior de la Federación se encuentran las universidades autónomas delEstado de México y del Estado de Morelos.
No sólo es que exista evidencia de los malos manejos de los recursos públicos en el reporte de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 -añadió-, sino que este problema se ha estado presentando desde 2012, sin que al parecer la Procuraduría General de la República realice las investigaciones correspondientes y se finquen responsabilidades.
Por ello,la diputada Damián presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que haga público el manejo de los recursos destinados a la “Cruzada contra el Hambre”, que fueron entregados a dichas universidades.
Asimismo consideró fundamental que la PGR difunda el curso que se está dando a las investigaciones derivadas de las denuncias penales interpuestas en el mes de agosto del año pasado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a malos manejos derivados del ejercicio presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la UniversidadAutónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Los casos más graves están en las dos primeras universidades.
Aseveró que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, prácticamente firmó un cheque en blanco a estas instituciones, y continuó haciéndolo a pesar de haberse detectado las anomalías en el pago a supuestos proveedores para que realizaran servicios que nunca se ejecutaron, o los recursos fueron triangulados a empresas privadas.
El modus operandi detectado por la ASF consiste en que dependencias federales, amparadas en el artículo 1º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, canalizan recursos a las universidades al contratar servicios, y éstassubcontratan proveedores sin perfil requerido o empresas fantasmas.
Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor) firmó un convenio el 6 de mayo de 2013 con la Sedesol por 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.
La Uaemor subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó. Damián apuntó que este monto es superior al recorte que el gobierno aplicará este año al ISSSTE.
Derivado dela revisión realizada, la ASF interpuso ocho denuncias penales ante la PGR en agosto pasado. Y también se sabe, dijo la diputada, que están involucradas otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).
La diputada señaló que para su partido, Morena, el tema de la educación y el alivio a la pobreza son prioritario, y ante la falta de compromiso del Estado -y ahora de algunas universidades-, se quiere contribuir a que en México se amplíen las oportunidades para que los jóvenes puedan tener una educación universitaria pública y gratuita. Por ello, aseguró que las y los diputados de su partido seguirán aportando la mitad de su sueldopara evitar que al menos algunos de los jóvenes rechazados de las universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, se queden sin la posibilidad de continuar estudiando.

Universidad de Campeche deberá rembolsar más de mil millones por servicios inconclusos

Firmó convenios con Pemex y Sagarpa, pero contrató otras empresas para los trabajos

Esta forma de operar no es exclusiva de dicha institución, dice la Auditoría Superior de la Federación

Arturo Sánchez Jiménez

 

Periódico La Jornada
Domingo 21 de febrero de 2016, p. 5

La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), con sede en Campeche, es una institución educativa pequeña: tiene tres campus, alrededor de seis mil alumnos en preparatoria, licenciatura y posgrado, y un presupuesto anual de 426 millones de pesos. Sin embargo, genera dinero.

En 2014 la Unacar firmó contratos por mil 629 millones de pesos para prestar servicios a dependencias federales, lo que equivale a 40 por ciento de los 4 mil millones que en ese mismo año reportó como ingresos autogenerados la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una institución 57 veces mayor, si se toma como parámetro su número de alumnos, que es de más de 342 mil.

La prosperidad de la universidad campechana tiene un inconveniente: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta en su informe sobre la fiscalización de la cuenta pública 2014 que la Unacar obtuvo mil 157 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a cambio de la prestación de diversos servicios, para los cuales la institución educativa no tenía capacidad, por lo que gastó prácticamente todo en subcontratar empresas y proveedores que tampoco eran aptos para cumplir las tareas.

Y como no existe información y documentación que acredite que los servicios contratados se llevaron a cabo, el organismo fiscalizador considera que se debe recuperar cada centavo.

Esta forma de operar no es exclusiva de dicha institución, pues la ASF afirma que durante cuatro años consecutivos ha observado que las dependencias federales adjudican contratos sin licitar a organismos públicos, entre ellos universidades, y que estos simulan operaciones con los recursos que se les canalizan o no los usan con transparencia.

Esto es posible, aclara el informe, porque los funcionarios se amparan en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y aunque la ASF ha presentado denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados tangibles, y se ha propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones, se lee en el documento.

El resultado de la auditoría realizada a la Unacar es el siguiente: en 2014 la universidad suscribió 10 contratos con Pemex Exploración y Producción y uno con la Sagarpa a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Los funcionarios campechanos aseguraron que la institución tenía la capacidad técnica, material y humana necesarias para prestar los servicios, pero terminaron contratando a 19 empresas para cumplir con los convenios.

Pagaron 826 millones 438 mil pesos a esas compañías, es decir, 71.4 por ciento de los recursos que recibieron de las entidades federales. Y ni la universidad ni las empresas a las que empleó presentaron los documentos que acrediten que los servicios que presumiblemente prestaron tienen relación con los objetivos de los convenios celebrados con Pemex y Sagarpa.

Además, la universidad destinó 116 millones 558 mil pesos a pagar al personal que supuestamente le prestó sus servicios para cumplir con los contratos firmados con la petrolera y la secretaría de Estado. Pero tampoco hay comprobantes de esos pagos.

La administración de la universidad tampoco pudo comprobar que el resto de los recursos federales, 214 millones 682 mil pesos, los haya destinado a cumplir con los contratos.

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Posible fraude de dos universidades al simular operaciones con sus proveedores

Involucradas, instituciones autónomas de Morelos y del estado de México: ASF

La Sedesol entregó recursos para utilizar en programas federales que nunca se realizaron

Arturo Sánchez Jiménez

 

Periódico La Jornada
Lunes 16 de marzo de 2015, p. 8

En 2013, dos universidades públicas simularon operaciones por más de 440 millones de pesos que recibieron de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la dependencia entregó directamente a las universidades autónomas de los estados de Morelos (UAEMor) y de México (UAEM) mil 555 millones 725 mil pesos para que llevaran a cabo actividades relacionadas con programas federales, entre ellos la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pero únicamente una fracción del dinero se utilizó en ello, mientras el resto terminó en las cuentas bancarias de proveedores sin perfil, que junto con las universidades fingieron la prestación de servicios.

Lo anterior se desprende del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En las auditorías 0245, 0246 y 1426, el organismo fiscalizador señala que ha reportado irregularidades durante tres años consecutivos en este tipo de operaciones y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persisten las anomalías.

Al final de una cadena de depósitos y pagos injustificados, dos empresas fueron beneficiadas tanto por la universidad morelense como por la mexiquense: Advanced Computer Knowledge (ACK) y Esger, Servicios y Construcciones. A estas compañías llegaron 23.9 millones desde las arcas de la UAEM (que a su vez obtuvo 857 millones de la Sedesol), mientras de la UAEMor cobraron 416.2 millones (la secretaría le dio 697.7) .

Un ejemplo de las triangulaciones detectadas por la ASF es el siguiente: mediante convenios, la Sedesol otorgó recursos relacionados con programas para jornaleros y pensionados a la UAEM, los cuales fueron manejados por el entonces director de recursos financieros y apoderado legal de la universidad. Y aunque la ley señala que no debía subcontratar servicios para cumplir sus compromisos con la dependencia federal, la universidad empleó a Dumago Systems Solutions y le pagó más de 29 millones de pesos. Su labor consistía en diseñar y ejecutar un programa nutricional. La empresa, que se dedica al comercio al por menor de computadoras y tiene el mismo domicilio fiscal de Advanced Computer Knowledge, emitió facturas por estos servicios, pero no hay comprobantes de que en realidad se hayan llevado a cabo. Dumago tuvo otros contratos con la UAEMor, la cual le pagó otros 33 millones de pesos. Luego de emitir las facturas falsas correspondientes, la empresa hizo depósitos a Esguer por 32 millones.

Mediante un mapa, la ASF deja constancia de la ruta que siguió el dinero desde la Sedesol hasta las empresas ACK y Esguer. En él se observa el esquema de emisión de facturas por operaciones falsas y renvío de dinero que fue repetido de manera sistemática por las universidades y que, desde luego, involucró a otras empresas, entre las que están Servicios Administrativos Zulma, Servicios Profesionales Antal (cuyo administrador es el director de recursos financieros de la UAEM y que fue subcontratada a cambio de un millón 800 mil pesos), Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos SA de CV, Inteligencia y Tecnología Informática SA de CV, Simmetrix Architecture SA de CV, S&C Constructores en Sistemas SA de CV, Impactel SA de CV, Asesorías Nacionales Expanders, Meave Soluciones SA de CV y Prodasa.

Para la ASF se hicieron evidentes esquemas que permitieron eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las adquisiciones, subcontratar proveedores sin el perfil adecuado, y que estos, a su vez, subcontrataran a otras empresas que en algunos casos resultaron inexistentes o vinculadas.