En su estreno como gerente de Seguridad de Pemex, uno de los militares consentidos del presidente Enrique Peña Nieto, el general brigadier Eduardo León Trauwitz quedó muy mal con su protector, con la empresa paraestatal más importante del país y con sus empleados y visitantes, con la sociedad mexicana, con el Estado, con el Ejército… Ya sea que se confirmen o no las fuertes versiones recabadas por Proceso en el sentido de que la explosión en las oficinas centrales de Pemex se debió a un atentado urdido por Los Zetas, lo que queda al descubierto en la tragedia es la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas del país y de la población civil.
La explosión en el edificio B-2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Ciudad de México acabó con los días de gracia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Empeñado en desaparecer de la opinión pública el tema de la narcoviolencia, a pesar de los casi 2 mil muertos registrados en su naciente administración, quedó atrapado en su propio silencio.
La explosión del 31 de enero no sólo tomó por sorpresa al gabinete y a los servicios de seguridad mexicanos. También puso al descubierto las divisiones y deficiencias en la seguridad corporativa de la principal empresa del país. Uno de sus protagonistas es hombre cercano a Peña Nieto, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, actual gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex.
Se trata de quien fue escolta y jefe de seguridad del político priista cuando era gobernador del Estado de México y que apenas el 20 de noviembre pasado fue ascendido de coronel a su actual grado. Su nombramiento en Pemex rompió con la tradición de que sean militares, en activo o en retiro pero con experiencia operativa, los que estén a cargo de la seguridad de la paraestatal.
Fuentes militares y de seguridad comentaron a Proceso la falta de control en la materia en instalaciones de esa empresa estratégica, la debilidad de los servicios de seguridad e inteligencia civiles y militares, y la carencia de instancias de gobierno capaces de afrontar actos terroristas en México, incluso si sus autores son miembros de la delincuencia organizada.
Más de 24 horas después de la tragedia, el gobierno de Peña Nieto se limitaba a actualizar la cifra de fallecidos –33 al cierre de esta edición– y a pedir que no se especulara, pero sin ofrecer siquiera datos para apuntalar su interés de que se trató de un accidente.
Intentó llenar el vacío de información con versiones oficiosas acerca de “una implosión”, y no una explosión, como resultado de una alta concentración de gas halón, el que se utiliza para controlar incendios.
La versión pretende contrarrestar aquellas que desde la noche del jueves se refirieron a un atentado en el que se habría hecho uso de explosivos C4 y que adjudicaron al cártel de Los Zetas en su supuesta confrontación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Responsable de la seguridad de todas las instalaciones y personal de Pemex, el general brigadier León Trauwitz fue puesto en ese cargo al inicio del actual gobierno en compensación por no haber ocupado el cargo de jefe del Estado Mayor Presidencial, al que aspiró por su cercanía con Peña Nieto.
El directorio del corporativo de la paraestatal se encuentra en “actualización”, pero este semanario pudo corroborar el nuevo cargo del general brigadier a través de personal de Pemex. El edificio siniestrado está apenas a 50 metros de las oficinas de la gerencia donde despacha el exjefe de seguridad de Peña Nieto.
Ahora en el centro del escrutinio, el militar no se le despegó a Peña Nieto en los dos últimos años de su gobierno en el Estado de México y durante su campaña presidencial. Era su sombra. Estuvo adscrito a la coordinación de la ayudantía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa entidad desde marzo de 2010, y cuando Peña Nieto fue candidato a la Presidencia siguió siendo el responsable de su seguridad; su sueldo era cubierto por el gobierno mexiquense.
Según la información oficial consultada por Proceso, en septiembre de 2012, ya con Peña como presidente electo, entró a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el área del Estado Mayor Presidencial, al que aspiraba llegar el 1 de diciembre pasado.
El nombre de León Trauwitz saltó a la luz pública en noviembre pasado por su rápido ascenso, que fue visto con molestia al interior del Ejército Mexicano por su falta de experiencia operativa; aunque no fue el único caso. Entonces tenía el grado de coronel y, sin estar en la lista preliminar de ascensos propuestos por la Sedena, la presidencia de Felipe Calderón lo incluyó en la lista de ascensos que solicitó al Senado.
El 20 de noviembre de 2012 se convirtió en general brigadier pese a no haber estado adscrito a la Defensa Nacional durante tres años y no haber cumplido el periodo mínimo de servicio de cuatro años en el grado de coronel. El súbito ascenso ocurrió a petición del presidente electo por la gran cercanía y confianza en su escolta, pero ello le acarreó animadversiones en el Estado Mayor Presidencial; en vez de él se quedó como jefe de ese poderoso cuerpo el general de brigada Roberto Miranda.
El cargo de gerente de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex ha sido ocupado por experimentados militares en situación de retiro. La mayoría eran generales de división. Al puesto se le considera una de las posiciones que el secretario de la Defensa en turno decide para sus allegados. El general brigadier León Trauwitz fue la excepción y su llegada se vio en el Ejército como una imposición directa desde Los Pinos.
Cuando asumió la GSSF, exigió las renuncias inmediatas de todos los funcionarios de mayor nivel. Su antecesor fue el general Salvador Leonardo Bejarano Gómez, quien, molesto por estas formas, no concluyó su cargo en buenos términos, al punto de que el proceso de entrega-recepción no se completó, dijeron fuentes militares a Proceso. León Trauwitz habría amenazado a su antecesor con iniciarle un procedimiento administrativo.
El manual de organización interna de la paraestatal establece que la GSSF depende directamente de la Dirección Corporativa de Administración y es la responsable de “dirigir y controlar la ejecución de acciones que permitan detectar riesgos y prevenir la realización de actos de terrorismo, sabotaje, atentados, agresiones o intriga, que pongan en peligro el orden laboral, la integridad del personal, bienes muebles e inmuebles y valores de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios”.
El exescolta de Peña Nieto es el principal responsable de la seguridad física de Pemex, tanto del personal como de las instalaciones, bienes y valores de la paraestatal, sus organismos subsidiarios y sus empresas filiales.
El manual especifica que debe “coordinar las acciones necesarias para la seguridad física de directivos y trabajadores de la industria petrolera y en su caso externos”, además de coordinar sus tareas de resguardo con otras instituciones.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de la Función Pública, León Trauwitz es egresado de la Escuela Superior de Guerra y de la carrera de relaciones internacionales de la UNAM. De 1997 a 1999 fue jefe de departamento del Estado Mayor de la Sedena, en donde su tarea consistía en realizar análisis de prensa y producir publicaciones.
En 1999 fue coordinador de operaciones de la VIII Región Militar con sede en Oaxaca. Sólo duró en el puesto siete meses. Un año fue profesor en la Escuela Superior de Guerra hasta que, en enero de 2001, se inició en el cargo de subjefe de la Sección V del EMP con funciones de “cuerpo de seguridad”. Permaneció en el Estado Mayor Presidencial hasta el 1 de marzo de 2010, cuando renunció para irse a trabajar con Peña Nieto.
El fantasma del atentado
La afectación física de las oficinas administrativas de Pemex en la capital del país congregó a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado. Al lugar corrieron agentes y elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF), Ejército, Marina y de las agencias de seguridad y justicia del Distrito Federal.
Todos acudieron a recabar información; los militares pusieron en marcha el plan DN III de ayuda a la población civil. También llegaron Peña Nieto, su supersecretario de Gobernación –encargado político y operativo de la seguridad del país–, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Participantes en esos encuentros aseguraron a Proceso que desde los primeros momentos de la destrucción de los tres niveles de la edificio B-2 elementos del Cisen y peritos de la PGR sostuvieron la idea de un atentado.
Los expertos consultados refirieron rastros de explosivo Composite 4 (C4), una potente carga formada por explosivo químico y un aglomerante plástico que es de uso militar y ha sido empleado en varios atentados terroristas. Mencionaron incluso que algunas cargas no detonaron; de lo contrario, el número de víctimas hubiera sido mayor. Los datos oficiales contabilizaron 33 personas muertas y 101 heridas, algunas de gravedad.
De acuerdo con esa versión, los peritos en explosivos del Ejército y de la Marina recogieron los restos del material y lo llevaron al Campo Militar número 1, donde confirmaron que es C4. Estiman que el explosivo se colocó en pequeñas cantidades en áreas cerradas, como aire acondicionado, cuartos de servicio y botes de intendencia, y que habría sido ingresado en mochilas o portafolios.
Los expertos estadunidenses llegaron al complejo administrativo hacia las 10 de la noche en un vuelo privado. Lo primero que hicieron fue rastrear las llamadas realizadas desde esas oficinas y las efectuadas a éstas.
En especial, se rastreó una llamada desde Veracruz, donde el Ejército ha asegurado varias cargas de explosivo C4, dijeron.
Los peritos estadunidenses también recogieron audios de Pemex, revisaron los autos de la zona y pidieron los videos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues no descartaron la presencia de extranjeros sospechosos.
Más inquietante, esa versión sostiene que en el lugar se habría encontrado información relacionada con Los Zetas, quienes entre otras actividades delictivas se dedican a la “ordeña” de ductos de Pemex para revender el combustible que ellos llaman huachicol.
El supuesto indicio de la presencia del narcotráfico sería un reclamo de ese cártel a Osorio Chong porque la Policía Federal y la DEA realizan operaciones en Veracruz con uniformes y vehículos de Pemex. Personal especializado de la Sedena habría viajado esa misma noche a aquel estado, bastión zeta.
Las fuentes dijeron que el 12 de enero pasado aparecieron mantas en Hidalgo y Zacatecas en contra del secretario de Gobernación: “Osorio Chong no estás respetando el acuerdo con nuestro jefe máximo. No por muerto te valga madre porque nos dejó órdenes precisas”. El mensaje habría aludido a Heriberto Lazcano, El Lazca, ejecutado de manera fortuita por la Marina en octubre último.
Ni el Cisen ni el Ejército ni nadie advirtió de una tragedia como la del jueves. Sea accidente o atentado, es producto de la negligencia del aparato de seguridad del Estado, asegura Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana y consultor académico del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI), de Londres.
“Trátese de un accidente o, peor aún, de un atentado, la explosión constituye un primer desafío al gobierno de Peña Nieto sobre sus concepciones de seguridad y manejo de riesgos”, asegura.
La cerrazón informativa que ha mostrado su gobierno abona toda clase de hipótesis: Desde que el avejentado equipo de las instalaciones administrativas de Pemex potenció una alta concentración de gas, hasta la de un supuesto atentado que se habría realizado para producir miedo o terror entre la población y poner en evidencia la vulnerabilidad gubernamental justo al inicio de la gestión de Peña Nieto y precisamente en torno de un organismo estratégico del Estado.
Tirado pondera, sin embargo, el hecho de que el edificio principal no haya sido afectado, además de la falta de reivindicación del ataque, como cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) admitió haber provocado ocho explosiones en ductos de Pemex en Guanajuato en julio de 2007, al inicio del gobierno de Felipe Calderón.
“Si bien el gobierno de Peña Nieto respondió con presencia y acciones para la atención inmediata del problema, en el fondo lo que ha hecho es negarse a informar. Una vez que tomó el control de la información desde el momento mismo de la explosión, el cerco y la ausencia de datos ha generado incertidumbre y alimentado todo tipo de explicaciones”, dice el especialista.
Añade que después de los atentados terroristas de septiembre de 2011 en Estados Unidos, en lugares donde se han registrado ataques de ese tipo, como en Madrid en 2004, y Londres en 2005 y 2012, se ha reconocido la naturaleza de los hechos, lo que ha permitido un mejor manejo de control de daños. Lo mismo se ha hecho en Colombia. Aquí, dice Erubiel Tirado, la apuesta gubernamental se ha basado hasta ahora en la experiencia política de los operadores y en el control de la información.
