Costó $209.9 millones la campaña del gobierno sobre ventajas de extinguir LFC

Para radio y tv, la mayoría de fondos; Televisa y Tv Azteca se quedaron con $130 millones

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 22 de agosto de 2010, p. 15

El gobierno federal gastó 209.9 millones de pesos sólo en la campaña informativa en medios de comunicación para difundir las supuestas ventajas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). La mayor parte de los recursos se entregaron a los medios electrónicos (televisión y radio), y el resto a publicaciones escritas. Únicamente a las dos principales televisoras se pagaron poco más de 130 millones.

Esa cantidad, erogada tras el decreto presidencial del 11 de octubre de 2009, es casi igual a la que se destinará para el pago de prestaciones devengadas (aguinaldo y fondo de ahorro) para poco más de 16 mil trabajadores en resistencia.

Ese sector de electricistas debió gestionar el pago de sus prestaciones en las negociaciones con el gobierno, después de haber interpuesto una demanda ante la Procuraduría General de la República, entre diciembre y enero pasados. Fue el viernes de la semana que concluye cuando se alcanzó un acuerdo en la mesa de negociaciones que mantienen el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas para tratar de encontrar una solución al conflicto derivado de la extinción de LFC.

Más y más recursos

Los 209.9 millones de pesos en publicidad federal se suman al gasto de más de mil millones que fueron aplicados para suplir la prestación del servicio que otorgaba LFC en la zona centro del país.

Como difundió La Jornada el lunes pasado, la Comisión Federal de Electricidad celebró desde la fecha de extinción de LFC a marzo pasado, es decir, apenas en cuatro meses, al menos 505 contratos con empresas privadas para suplir las funciones de LFC.

Asamblea del SME en la delegación Azcapotzalco, en la cual se informó sobre abusos en cobrosFoto Francisco Olvera

La información difundida reveló que las contrataciones son trimestrales y que se asignan de manera directa, con el argumento de que es necesario brindar el servicio de manera inmediata a los usuarios del área central.

Dicho gasto –más de mil millones de pesos– es sólo parte de todo lo canalizado tras el cierre de LFC. De acuerdo con datos obtenidos por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información (solicitud 0681200004210), los gastos en medios están en el rubro de la campaña para comunicar a los ex trabajadores de Luz y Fuerza los procedimientos y fechas para recibir su indemnización.

También se hizo para dar a conocer a la ciudadanía los motivos que llevaron al gobierno federal a tomar esa decisión y, de igual forma, hacer saber a los usuarios la forma en que ahora recibirán y pagarán por el suministro de energía eléctrica.

Los datos fueron proporcionados en respuesta a una solicitud de información pública por la Dirección del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en particular por las direcciones Corporativa de Operación y Ejecutiva de Liquidación de Empresas.

Consultados al respecto, trabajadores y jubilados de LFC lamentaron la decisión presidencial, pues no sólo dejó sin empleo a 44 mil personas, sino que representó un millonario gasto para el gobierno federal en detrimento de otras necesidades de la nación.

El millonario gasto para hacer frente a la extinción es prueba de los argumentos falaces del gobierno con base en los cuales se impulsó una campaña de desprestigio contra el SME, advirtieron.

Es posible echar abajo la decisión, dice González Alcocer

Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Alma Muñoz

Periódico La Jornada
Miércoles 18 de agosto de 2010, p. 28

Diputados y senadores del PRI, PRD y PT criticaron ayer la decisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que otorgó a Televisa-Nextel espectro radioeléctrico para servicios de tercera generación a precio irrisorio. Consideraron que representa una subordinación del gobierno al consorcio televisivo.

Priístas y perredistas demandaron que se agilice la comparecencia ante la Comisión Permanente de los comisionados de la Cofetel, para que expliquen por qué se benefició a Televisa, mientras el panista Alejandro González Alcocer consideró que es posible echar abajo la licitación 21.

El senador panista sostuvo que el Senado puede revisar todo el procedimiento, ya que se trata de un tema muy delicado, y si hubo irregularidades no estamos para solaparlas.

Con ello coincidió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, mientras el petista Ricardo Monreal advirtió que ninguna de las resoluciones del titular de Cofetel, Mony de Swaan, es firme, mientras no se resuelva si su nombramiento es legal.

Cuando se le preguntó si la determinación de la Cofetel forma parte de alguna estrategia política de la administración federal, el priísta César Augusto Santiago respondió que el gobierno de Felipe Calderón no existiría sin Televisa. Dijo que el proceso de adjudicación está viciado por la afinidad que el Presidente no puede ocultar con la televisora que lo mantiene en el poder.

Criticó que el presidente de la Cofetel prefiera comunicarse mediante las redes sociales y no por los vehículos institucionales, al referirse a que Mony de Swaan filtró primero por Twitter el acuerdo de la comisión y luego se informó de manera oficial.

El coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, manifestó que era de esperarse la decisión de la Cofetel, pues el nombramiento de De Swaan obedece justamente a ese propósito. Nosotros lo denunciamos con tiempo. Estaba anunciada esta rendición del Estado mexicano a los poderes fácticos fuertes, como los que representan algunos medios de comunicación, destacó. Es una vergüenza que sucedan este tipo de acontecimientos, cuando la misma banda en Estados Unidos se vendió hasta 100 veces más cara, dijo el perredista. Recordó la controversia que existe contra De Swaan, y destacó que de no proceder su nombramiento esta resolución no debe aplicarse.

El dirigente del PRD, Jesús Ortega, dijo que los legisladores deben revisar si se cumplieron los requisitos fijados por el Estado y si la contraprestación que los concesionarios están obligados a pagar es justa, porque me parece que los comisionados se excedieron al otorgarla muy por debajo de su costo real.

Fibra óptica, millonario negocio reservado para los "amigos del régimen": SME

Falta por conocer quiénes tienen los servicios indirectos: Amezcua

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 17 de agosto de 2010, p. 14

Al darse a conocer el monto del negocio de los contratos otorgados a empresas privadas del sector eléctrico por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), queda claro que la resolución gubernamental de extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) corresponde a la intención de privatizar la prestación de un servicio que está reservado para el Estado, favoreciendo con ello al capital privado y reservando el millonario negocio que significa la fibra óptica para los amigos del régimen, señaló el Sindicato Mexicano de Electricidad (SME).

Detalló que ahora resulta que el gobierno está pagando más cara la prestación del servicio con los más de 500 contratistas con los que quiere suplir a los trabajadores de LFC; que no hay ninguna transparencia en el otorgamiento de dichos contratos, pues este proceso se lleva a cabo de manera discrecional a la voluntad de los directivos de la CFE y, sobre todo, que ha empeorado el servicio a los usuarios.

Además, las trasnacionales ya detentan 30 por ciento de toda la generación de electricidad en el país. Ahora la CFE está operando para dejar la prestación del servicio a empresas privadas que no están calificadas para ello y que incluso ahora están supliendo el cobre por el aluminio en las conexiones lo que a la larga generará mayores fallas y tendrá mayor costo.

Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME indicó que poco a poco están saliendo a la luz las mentiras del gobierno federal para acabar con esta empresa, pues en su justificación señaló que si se tomaba esta decisión valiente era para reducir los costos, para que los usuarios pagaran más barata la energía y tuvieran mejor servicio, nada de lo cual ha sucedido.

Queda claro, dijo, que lo que está detrás de esta resolución es la privatización del sector eléctrico. Salen a relucir las cantidades y el tipo de empresas beneficiadas con contratos, pero lo que todavía no se sabe es quiénes tienen los negocios indirectos, como son: cuantos vehículos se han prestado a las empresas contratistas; qué empresas reparan y dan mantenimiento a dichos vehículos y quién paga ello; a quién le compran los postes y los medidores que están cambiando, etcétera. “El tamaño de este negocio es muy grande.

Ojalá no resulte que parte de los dueños de las empresas contratistas beneficiadas sean los mismos funcionarios de la CFE o de otras dependencias públicas, planteó, y dijo que el costo que se está pagando por el mal servicio es altísimo,

Pero el problema más grave es que se está violentando la Constitución, pues este servicio es estratégico y está reservado al Estado y no lo pueden atender los privados. Además, no hay ningún fundamento legal que haya determinado qué entidad será la encargada de suministrar el servicio de energía eléctrica en la zona centro del país. Aparte, ni siquiera está contemplada la posibilidad de adjudicación de contratos a empresarios privados; eso no existe en la ley.

Por último, Amezcua comentó que el SME continuará realizando asambleas de usuarios en varias delegaciones del Distrito Federal, para informar sobre el mal servicio que están recibiendo, la posibilidad legal que tienen de defenderse contra el excesivo cobro del servicio y alertar sobre el cambio de medidores y si aceptan el sistema de prepago. Los próximos días se llevarán a cabo estas reuniones en las explanadas de las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.