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lunes, 26 de agosto de 2019

Red de extorsión habría sido operada desde la UIF de EPN y despachos ligados a Presidencia

El titular de la UIF, Santiago Nieto, revela que la red de extorsión presuntamente fue dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un caso que sumado a los procesos de Emilio Lozoya y Rosario Robles 'apuntan' al expresidente Peña Nieto, cuyas finanzas también están bajo la lupa de la UIF.

Por Marcos Martínez Chacón

El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto que podrían apuntar a posibles actos de corrupción.
Así lo reveló en entrevista Santiago Nietotitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Sí, apenas estamos trabajando en eso (revisar finanzas de Peña Nieto)”, dijo el funcionario.
Nieto señaló que, para llevar a cabo la revisión de las finanzas de Peña Nieto, la UIF colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros.
Al cuestionarle sobre cuándo estaría listo el expediente completo del caso sobre las finanzas de Peña Nieto, el titular de la UIF dijo que en “unos meses”, antes de que termine este año, sería concluido.
“Lo que estamos haciendo es la construcción de abajo hacia arriba, entonces las ligas te tienen que llevar (…), es un tema metodológico, a partir de ahí hay que armarlo, hay que avanzar,” dijo Nieto.
Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), sostuvo que los casos de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, también cercano a Peña Nieto, están siendo tomados en cuenta en la investigación sobre las finanzas del ex presidente EPN.
“Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación,” dijo Nieto.
Mientras que Robles y Collado están actualmente presos acusados de diversos delitos, Lozoya es considerado prófugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, sostuvo Nieto.
Incluso, dijo que, además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre el dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray, considerado uno de los más cercanos colaboradores del expresidente.
Al preguntarle si coincidía con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de implementar un “punto final” y no perseguir los crímenes cometidos por expresidentes, Nieto dijo que la orden de López Obrador a funcionarios federales fue de no permitir la impunidad en ningún caso.
“Lo que vimos con (Carlos) Romero (Deschamps), con Lozoya, con Rosario, no podría darse sin el conocimiento del presidente. Lo que me ha dicho (López Obrador), es si encontramos cualquier irregularidad, se denuncie, no me ha dicho que no vayamos contra nadie en particular (…) creo que tenemos que cumplir las normas del Estado de Derecho,” expresó Nieto.
Cuestionado sobre la posibilidad de investigar las finanzas personales de los expresidentes que precedieron a Peña Nieto, el titular de la UIF declaró que se investigaría cualquier caso en que se presuman actos de corrupción.
Sin embargo, dijo que, considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 años, “no tendría sentido” investigar las finanzas de expresidentes como las del priista Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994.
Agregó que, en el caso del expresidente Felipe Calderón, se podrían investigar actividades ilícitas cometidas del 2009 en adelante.
“Nosotros podemos actuar, ahorita, de 2009 a 2019, en realidad sería la parte final del gobierno de Calderón, y todo el gobierno de Peña Nieto, por eso las cosas se han enfocado en el tema de Peña Nieto, más hacia atrás no tendría sentido,” agregó.

Presunto esquema de extorsión se operó desde la UIF y Los Pinos

Nieto dijo que, al asumir la jefatura de la UIF, tres informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado dentro de la unidad bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico del Presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la gestión de Peña Nieto, Castillejos fue considerado uno de los más influyentesfuncionarios del gobierno federal.
La UIF estuvo encabezada por Alberto Bazbaz desde enero del 2013 hasta enero del 2018.Al dejar la UIF, Bazbaz fue nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por Peña Nieto.
El actual titular de la UIF señaló que el esquema de extorsión presuntamente operado desde la la unidad consistió en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la UIF entre el 2014 y 2018.
Dichas cuentas habían sido congeladas bajo sospechas de lavado de dinero.
Los sobornos presuntamente fueron cobrados a través de representantes de al menos cinco despachos jurídicos ligados a Castillejos, acusó Nieto.
“Lo que sí nos explicaron (los informantes) es que había despachos, que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que los buscaban (…), entonces, ¿qué es lo que hacían?, no es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas.
“Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es ¿cómo podían tener esa información?, y partir de ahí se generaba el caso”, explicó el funcionario.
Incluso, Nieto expresó que dos de los tres informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la UIF. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación.
“El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos (…), estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, sostuvo Nieto.
Nieto dijo que el desbloqueo injustificado de las cuentas quedó asentado en un “Acuerdo de Desbloqueo” expedido por la UIF en junio del 2018. Castillejos renunció a la consejería jurídica de la presidencia en junio del 2017, un año antes del desbloqueo.
“Hay un acuerdo (de desbloqueo), (que consiste en) tres hojitas, donde dicen que es porque ya están denunciados (los casos de cuentas bloqueadas), y porque ya están aseguradas las cuentas por el Ministerio Público, cuando hacemos el recorrido con el Ministerio Público para ver si esto era cierto, resulta que no era cierto.”, dijo Nieto.
Nieto dijo que dicho “Acuerdo de Desbloqueo” fue firmado por Mauricio Moreno, quien fungía como director de Procesos Legales de la UIF. Nieto sostuvo que la UIF presentó una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso en contra de quien resulte responsable.
Al cuestionarle si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión, Nieto dijo que difícilmente el presidente pudo haber ignorado la operación de dicho esquema.
“Este era un acto, a lo mejor, chico, si lo comparamos con la ‘Estafa Maestra’, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense, digamos hubo mayores actos de corrupción, y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, dijo Nieto.

‘La UIF era utilizada para golpeteo político’

El titular de la UIF sostuvo que durante la gestión de Peña la unidad fue principalmente utilizada para atacar a opositores políticos y no para combatir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano, función para la que fue creada la dependencia.
Nieto dijo que, entre quienes fueron investigados desde la UIF con fines políticos durante la administración anterior estuvieron el ahora Presidente López Obrador y el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, así como la ex-líder magisterial Elba Esther Gordillo.
También fueron investigados desde la UIF en la época de Peña Nieto otros políticos prominentes como Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad federal, Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación, y hasta la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota.
El funcionario dijo que, incluso, información publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial del 2018 llamado “Pejeleaks”, dedicado a publicar datos relacionados con López Obrador y sus colaboradores, “vinieron de la UIF”.
También datos de de la UIF en la época de Peña Nieto fueron utilizados en el documental “Populismo en América”, señaló.
Nieto añadió que él mismo fue investigado por la UIF, algo que descubrió al revisar los archivos internos elaborados por la unidad durante el anterior gobierno al asumir la jefatura de la unidad.
Agregó que, en contraste, la UIF en la actual administración ha incrementado el número de casos investigados por presunto lavado de dinero.
Tan solo en lo que va del 2019, la UIF ha presentado 118 denuncias ante la FGR, lo que supera el récord histórico de la unidad de 113 denuncias en un periodo de un año.

Extitular de la UIF permitió vulneración de sistema interno

Al asumir las riendas de la UIF, el equipo técnico alertó a Nieto sobre una vulneración a la que fue expuesto el sistema informático interno de la agencia durante la anterior gestión.
Dicha vulneración dejó el funcionamiento de la unidad sin las protecciones necesarias para evitar robos de información, dijo el funcionario.
Nieto dijo que la UIF actualmente investiga al personal que estuvo encargado de garantizar el funcionamiento técnico e informático de la unidad.
Agregó que, una vez detectada la vulneración a la que fue expuesto el sistema interno, la UIF incrementó la seguridad informática de sus sistemas internos para garantizar la seguridad de la información.
Con estas revelaciones, el funcionario federal hace énfasis en el trabajo que realiza la UIF en relación con casos de corrupción que se presume se configuraron en el anterior gobierno, como la red de altos ex funcionarios de Los Pinos que actualmente son investigados y que podrían llevar a un caso mayor que incluiría al ex presidente Enrique Peña Nieto.

viernes, 28 de octubre de 2016

Humberto Castillejos Cervantes, il consigliere de Los Pinos

El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes. Foto: Miguel Dimayuga
El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, se ha convertido en el verdadero poder en Los Pinos.
Su influencia dentro y fuera de la Presidencia de la República ya la quisiera el propio jefe de la Oficina, Francisco Guzmán Ortiz, blanco de las críticas por los continuos fracasos presidenciales.
La designación de Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) es la demostración más reciente de la influencia de su primo, el consejero jurídico de la Presidencia.
Castillejos Cervantes ya tiene lo que buscó desde el inicio de este año: el control de la PGR. Su particular interés por la dependencia encargada de las investigaciones ministeriales federales no es nuevo.

En el gobierno de Vicente Fox fue coordinador de asesores del titular de la PGR, el general retirado Rafael Macedo de la Concha. Luego ocupó el mismo cargo con el primer procurador de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fueron los años en que Castillejos Cervantes coincidió en cargos gubernamentales con su excuñado: Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Al inicio del actual sexenio, el consejero jurídico presidencial tuvo un pie en la Procuraduría con la designación de su otro primo, Alfredo Castillo Cervantes, como subprocurador, y quien había sido procurador al final del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.
Alfredo Castillo fue una piedra en el zapato del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. No sin conflicto para el propio Peña, Murillo pudo sacarlo y Castillo Cervantes fue designado como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Poco duró ahí y a principios de 2014 pasó a ser el “virrey” de Michoacán, cuando Peña lo designó “comisionado para la Paz y Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán”.
La violencia desatada en el estado demuestra el fracaso de su encargo, como no fuera la intención gubernamental de fomentar grupos paramilitares, llamadas autodefensas, para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada, una estrategia que lo único que hace es exacerbar la violencia, como ocurrió en Colombia.
En su nuevo encargo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Castillo Cervantes ha generado el mismo rechazo que en sus otros encargos. Se sabe y actúa como integrante de un grupo de poder, y ahora, más que en otro momento, forma parte de una triada con gran fuerza en la toma de decisiones en el país.
Cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa forzó la salida de Murillo Karam, el consejero jurídico logró imponerle una pieza clave a la nueva titular de la PGR, Arely Gómez, ahora secretaria de la Función Pública.
Castillejos Cervantes le impuso al titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien con Medina Mora había sido subprocurador de Delitos Federales. Hoy Muñoz Vázquez es el procurador de Colima.
Ahora el consejero logró que el presidente Enrique Peña propusiera al exsenador del PRI como titular de la PGR, en la antesala para ser designado el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo en el que estará nueve años, según lo establece la ley que crea la FGR en reemplazo de la centenaria PGR.
Se la debía, luego de que el año pasado fracasara en hacerlo ministro de la SCJN, ante el rechazo que generó esa mera posibilidad.
La mayor oposición fue en el propio Poder Judicial de la Federación, aunque después Peña Nieto se cobró la afrenta al lograr la designación como ministro de Eduardo Medina Mora.
No sería raro que con el cambio de gobierno federal, Castillejos Cervantes regrese a lo que ha sido su manifiesto interés: la oficina donde se controlan las investigaciones federales.

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