Policías estatales emboscaron a los comunitarios en Igualapa: CRAC-PC

Querían liberar a Noé Marroquín, señalado por sus cómplices denarco, sostiene

Afirman que los agentes del estado de Guerrero prácticamente ejecutaron a sus compañeros

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de mayo de 2015, p. 6

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de Guerrero afirmaron que el supuesto enfrentamiento entre varios elementos de la policía comunitaria y agentes estatales, ocurrido el pasado 30 de abril, en el que murieron ocho personas de ambos bandos, en realidad fue unaemboscada para liberar al presunto narcotraficante Noé Marroquín Reyes.

En conferencia de prensa, policías comunitarios y sus abogados dieron una versión de los hechos distinta a la oficial, y sostuvieron que los agentes estatales prácticamente ejecutaron a seis integrantes de la CRAC-PC.

Además, señalaron que después de esos hechos, ocurridos en el tramo carretero de San Juan de los Llanos y la desviación a El Capulín, municipio de Igualapa, en la región de la Costa Chica, fue detenido ilegalmente el líder de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien fue trasladado –se supo este lunes– al penal de máxima seguridad de Perote, Veracruz, acusado de secuestro y sin que se le haya tomado declaración preparatoria tras cinco días de detención.

El 30 de abril, los policías se enfrentaron a balazos y como resultado del tiroteo fallecieron seis comunitarios y dos agentes estatales durante el supuesto rescate de unganadero, quien resultó lesionado, según versión difundida por la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Ayer, Fructuoso Sánchez Cruz, encargado de la Casa de Justicia de Juchitán, Guerrero, y testigo de los hechos, desmintió la versión del gobierno guerrerense. Relató que los guardias comunitarios habían detenido a Noé Marroquín Reyes, señalado por presuntos narcotraficantes como la persona que les vendía la droga que ellos a su vez vendían.

Señaló que de acuerdo con el acta levantada por la CRAC-PC, en el camino de regreso a la Casa de Justicia fueron sorprendidos por elementos de la policía estatal que intentaron liberar a Noé Marroquín, quien resultó herido.

Por su parte, Reynaldo Sotelo y Richard García, abogados de Eliseo Villar, explicaron que las policías comunitarias son reconocidas en la legislación del estado de Guerrero, por lo que su actuación no está al margen de la ley, y que entre sus facultades está realizar detenciones, como la de Noé Marroquín, quien había sido señalado por varios cómplices por posesión, tráfico y venta de droga.

En la conferencia, realizada en la sede de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, se informó que este miércoles arribará a la ciudad de México otra comisión de la CRAC-PC con la finalidad de participar, junto con organizaciones campesinas, en una movilización del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para exigir la liberación de su líder Eliseo Villar y Adelaida Hernández Nava, integrante de la organización comunitaria, quien está detenida en el penal de Acapulco acusada también de secuestro.

En Guerrero, marchan en respaldo a la CRAC

Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 7 de abril de 2014, p. 10

Juchitán, Gro., 6 de abril.

Poco más de mil personas participaron en la llamada Marcha de la Dignidad, en apoyo a la legitimidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) y para hacer un llamado a la unidad a las casas de Justicia de Espino Blanco y a los inconformes que tomaron el control de ésta en San Luis Acatlán.

La manifestación se efectuó en la carretera federal 200 de este municipio, en la región de la Costa Chica, en la que unos 500 policías comunitarios, comisarios, consejeros y sociedad civil respaldaron a la CRAC.

El representante de la Casa de Justicia de Cochoapa, David Bracamontes, expresó que la movilización fue una demostración de unidad.

Recalcó que la movilización tuvo el respaldo de cuatro de las cinco casas de Justicia de la CRAC ubicadas en Zitlatepec, Cochoapa, El Paraíso y San Luis Acatlán.

Durante el recorrido, que se inició a las 11:30 horas y concluyó hora y media después, Bracamontes sostuvo: Hay ideas perversas que pretenden hacernos a un lado de la CRAC. Esta es una convocatoria para permanecer juntos.

Tras la movilización comenzó la asamblea regional de la CRAC en la cancha municipal de Juchitán, donde Alberto Cirilo Luisa, coordinador de la Casa de Justicia de Paraíso, fue electo para encabezar la comisión que investigará los presuntos casos de fraude cometidos en agravio de la coordinadora con la compra de armas y el atentado sufrido por el dirigente de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo.

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La CRAC-policía comunitaria, en peligro

Gilberto López y Rivas

L

a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y su policía comunitaria, en el estado de Guerrero, constituyen uno de los procesos autonómicos más importantes en el país, particularmente en lo que refiere a sus prácticas de justicia y seguridad, basadas en las asambleas comunitarias como máximos órganos de autoridad y decisión, y en los denominados sistemas normativos, pluralismo jurídico de hecho, derecho consuetudinario o costumbre, propios de estas comunidades indígenas.

La concepción indígena de la impartición de la justicia se distingue notablemente de los principios del derecho occidental, impuesto en todas las naciones de nuestra América. Mientras el derecho positivo da prioridad a la defensa de los derechos individuales, el derecho indígena prioriza la defensa del equilibrio social y de los valores comunitarios. La función de la justicia indígena, más allá de emitir un juicio y antes que imponer una decisión externa, es mediar entre las partes para facilitar la conciliación. A la instrucción escrita del caso, la costumbre prefiere procedimientos que privilegian el diálogo. A la aplicación universal de la ley escrita, opta por la aplicación flexible de normas adaptables. A las sanciones financieras y coercitivas (encarcelamiento y multas), antepone el criterio de reparación, las manifestaciones de arrepentimiento y las sanciones morales, esto es, la re-educación social de los infractores. En algunos países europeos, evoluciones judiciales recientes, como la institucionalización de la mediación como alternativa para apelar a la justicia, o las penas de sustitución en forma de servicio social, recuperan formas de impartición de justicia que no han dejado de predominar en las sociedades indígenas de América Latina.

Asimismo, las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y de la zona de la Sierra han optado por crear sus propios mecanismos de seguridad y protec­ción ante la incapacidad de las instancias gubernamentales por proveérselas. En el inicio, 56 comunidades agrupadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Co­munitarias pusieron en marcha un programa de seguridad interna llamado Policía Comunitaria, dedicado a vigilar los poblados que forman parte de la coordinación. Más aún, prestan auxilio a otras comunidades que no están en su zona de influencia. De esta manera, las comunidades han emprendido la práctica autonómica para brindarse la seguridad que las au­toridades estatales y federales no han querido ni podido establecer. La policía comunitaria ha traído tranquilidad porque sencillamente sus miembros habitan en los territorios bajo control y prestan un servicio organizado por ellos. Su funcionamiento se basa en la visión de prestación de ser­vicios comunitarios que los indígenas tienen en su organización social y política. Esta característica cultural ha permitido construir espacios reales de autonomía que respondan a sus necesidades y, sobre todo, que las respuestas sean satisfactorias. En gran medida, los resultados positivos de la policía comu­nitaria se deben a la concepción que tienen de la justicia y el servicio público. Esta policía no recibe pago alguno, y la única gratificación que se le brinda es el reconocimiento social. Está de por medio un sentido más profundo que el de la remuneración en sí: el de la dignidad. Los comentarios de sus integrantes son categóricos, puesimparten justicia, no venden justicia, dado que la comunitaria no combate al gobierno ni a los otros poderes, la comunitaria combate a la delincuencia.

La policía comunitaria ha trastocado intereses encubiertos tras los con­tubernios establecidos entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Hoy en día no es una novedad entender el negocio redondo que representa la seguridad pública para quienes la controlan y para aquellos que, como po­licías o militares, cobran un sueldo a cargo del erario y se dedican a organizar bandas criminales. Por eso mismo, la policía comunitaria ha sido atacada virulentamente por los gobiernos federal y estatal, y por el Ejército, a tal grado que varios de sus miembros se encuentran actualmente encarcelados por prestar un servicio a sus pueblos. Los policías comunitarios han señalado que la impartición de justicia basada en sus usos y costumbres no es cosa del otro mundo: lo que sucede es que el gobierno no quiere reconocer la capacidad autonómica que los pueblos indios tienen para dar solución a sus problemáticas. Una vez más, los pueblos indígenas de Guerrero, como en otras partes de la República, han demostrado que pueden solucionar sus problemas si se les deja de perseguir y hostigar. La autonomía en esta región, como en muchas otras, pasa por demostrar con hechos que son capaces de regirse bajo sus propias reglas y dar resultados alentadores. Los indígenas guerrerenses han aprendido que el Ejército y las policías federal y estatales no están en sus comunidades para erradicar de raíz el narcotráfico y la delincuencia sino para evitar, desalentar y combatir el enorme potencial que tienen como sujetos autónomos. Esto es, la fuerza pública federal y estatal está en su territorio no para combatir el crimen, sino esencialmente para atacar a las comunidades y a sus formas de autonomía.

Hay además otro elemento de no menor importancia que nutre la campaña gubernamental contra la CRAC, y es el interés de las empresas de minería a tajo abierto por extender su práctica depredadora radical en Guerrero, facilitada por las concesiones otorgadas servilmente por la Secretaría de Economía en todo el país, pues a ello se ha opuesto de manera categórica dicha organización.

La CRAC-policía comunitaria ha sido objeto de todo tipo de ataques, incluyendo los renovados intentos por oficializarla, la cooptación de algunos de sus fundadores y la corrupción de quienes, desde adentro, pueden causar una implosión que dé al traste con esta extraordinaria experiencia autónomica. Por ello, son los propios pueblos que la conforman quienes, en estos momentos de grave crisis impulsada por el Estado, deben hacer un supremo esfuerzo para que la CRAC-policía comunitaria prevalezca, a pesar de sus poderosos enemigos.

La Policía Comunitaria, en defensa de sus Maestros