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| Familiares de los normalistas desaparecidos se refugian en Ayotzinapa. Foto: Octavio Gómez |
GUANAJUATO, Gto., (apro).- El exjuez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, aprovechó su participación en una conferencia ante jueces del Supremo Tribunal de esta entidad para hablar de los sucesos registrados en Tlatlaya, Estado de México, y en Iguala, Guerrero, y, apoyado en su vasta experiencia, no dudo en subrayar que “estamos ante crímenes de lesa humanidad”.
En ambos casos, subrayó, ninguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha sido capaz hasta ahora de dar certeza de lo ocurrido, lo que ha generado un vacío y muchas dudas en la sociedad mexicana.
“El genocidio no está lejos de México. ¿Entonces, cómo se le puede llamar a lo que les pasó a los normalistas (en Iguala)? Estamos ante crímenes de lesa humanidad”.
Luego de versas sobre la necesidad de que los impartidores de justicia cuenten con total independencia para no contaminar los casos, Garzón volvió al tema de Guerrero y dijo en ese tipo de casos “no puede haber omisiones porque eso genera una dinámica perversa. Ese vacío de institucionalidad es inaceptable, no se puede comprender”.
Ya en entrevista, el exjuez español que intervino en la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España –crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica–, abundó al respecto.
“Un crimen con estas características, que no es la primera vez que se produce en México, es un crimen de lesa humanidad. Y no puede haber la mínima duda de omisión en la persecución de esos crímenes, porque si hay dudas, esa omisión se puede convertir en delictiva”.
Advirtió que hechos como los de Tlatlaya e Iguala dejan mal parado a México en el escenario internacional.
“En el área de la defensa de los derechos humanos creo que se tiene que hacer más…no hay justificación de ningún tipo para que 40 jóvenes que no están en ninguna dinámica de quebranto del estado sean secuestrados, sean desaparecidos. Eso amerita una investigación exhaustiva, profunda, hasta que todos y cada uno de los responsables y de los que han propiciado esa situación respondan”, puntualizó.
Por ello, insistió en que no sólo la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el asesinato y la desaparición de decenas de estudiantes normalistas sea “contundente y clara”, sino que el Poder Judicial, tanto en el estado de Guerrero como el federal, sean también claros en la sanción.
“El Poder Judicial tiene la obligación de desarrollar todos los instrumentos necesarios para que la investigación sea ágil, solvente, creíble, y de poner todos los medios necesarios.
“Es el Poder Judicial el que preserva los derechos de los ciudadanos, y debe ser transparente; claro, con todo el sigilo y el secreto requeridos para el proceso de investigación que está llevando la PGR, supongo, pero con contundencia, claridad, o de otra manera, los ciudadanos no pueden estar tranquilos”, dijo.
“Es el Poder Judicial el que preserva los derechos de los ciudadanos, y debe ser transparente; claro, con todo el sigilo y el secreto requeridos para el proceso de investigación que está llevando la PGR, supongo, pero con contundencia, claridad, o de otra manera, los ciudadanos no pueden estar tranquilos”, dijo.
Según Garzón, sólo en caso de que este proceso fallara y de que no haya la suficiente transparencia de parte de las autoridades para que la sociedad mexicana sepa lo que ocurrió y que los responsables de cometer estos crímenes y de quienes los permitieron, entonces se podría recurrir a las cortes internacionales.
“Lo importante es que deben investigarse aquí. Si eso no ocurriera, es cuando podría intervenir una jurisdicción penal internacional”, insistió.
A la transparencia en el actuar para el esclarecimiento y castigo por los crímenes y desapariciones de los normalistas, habrá de seguir “demostrándolo con hechos. Si no se hace así desde el ámbito político, judicial, siempre quedan las dudas de que algo está ocurriendo y no se quiere que se sepa”.
“Eso es lo que yo creo –agregó-; la responsabilidad política va por una parte, la judicial por otra, pero lo que tiene que ver el ciudadano es que la maquinaria del estado está funcionando”, puntualizó.
