MÉXICO, D.F. (apro).- Las 13 personas sujetas a proceso por los disturbios del 1 de diciembre pasado presentarán denuncias penales contra sus acusadores, entre ellos, el exprocurador capitalino y actual secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, y el extitular de Seguridad Pública y actual subsecretario de Operación Policial, Luis Rosales Gamboa.
En rueda de prensa, David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), comentó que también se presentará en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra Rodríguez Almeida, con el fin de “que sea inhabilitado en el ejercicio de cualquier cargo público, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas cuando fue procurador”.
El anuncio se da un día después de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación al gobierno local por la violación a los derechos a la seguridad, libertad e integridad personales, a la libre manifestación y a la protesta, en agravio de 102 personas.
De acuerdo con la recomendación 7/2013, en la que el ombudsman local Luis González Plascencia calificó el operativo en el que participaron 5 mil 172 policías como “desorganizado y desproporcionado”, 99 personas puestas a disposición del Ministerio Público por parte de los agentes fueron detenidas de manera arbitraria, entre ellas los 13 que continúan bajo proceso.
Acompañado por los agraviados y familiares de éstos, otro de los abogados, Armando Barrera, indicó que también exigieron que el Ministerio Público se desista de los señalamientos en su contra por el delito de ataques a la paz pública y, en su caso, que la juez 47 penal, María del Carmen Mora Brito, sea retirada del caso.
“Con la información documentada por la CDHDF estaremos presentando las denuncias penales en contra del ahora secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, por su actuación como procurador el día de los hechos; al actual subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales; al exsubsecretario de Operación Policial Darío Cachón, y al titular de la Agencia 50 de la PGJDF en ese momento, entre otras denuncias más”, abundó el abogado.
Por su parte, los procesados hicieron un llamado a las distintas instancias del gobierno capitalino para que acepten en su totalidad los puntos de la recomendación de la CDHDF por los hechos del 1 de diciembre durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de México.
“Desde el mismo 1 de diciembre dijimos que éramos inocentes, que no tuvimos nada que ver con los hechos de violencia y que nuestra detención era arbitraria, que nos habían golpeado y vejado, y el gobierno no nos creyó”, acusó Alejandro Lugo.
Enrique Rosales, otro de los afectados, consideró que al aceptar la recomendación las autoridades “mandarían un mensaje de un gobierno responsable y no sólo de un gobierno que conduce esta ciudad por valoraciones de imagen y de presión mediática, que fabrica culpables y que viola los derechos humanos sin consecuencia alguna”.
