junio 10, 2012
Generales y coroneles en activo acusan al gobierno de Felipe Calderón de desarticular al Ejército Mexicano. Los arraigos ordenados contra exmandos superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los amagos contra decenas de militares más, no buscarían limpiar una institución penetrada por el narcotráfico, sino apuntalar al actual subsecretario Gaytán Ochoa como el próximo secretario de la Defensa. El general de división ya cuenta con el aval de Estados Unidos y buscaría imponerse al candidato triunfador de las elecciones del 1 de julio. Generales en retiro y especialistas en Fuerzas Armadas y seguridad nacional aseguran que Calderón dejará un Ejército dividido, desprestigiado y débil frente a las presiones de los poderes civiles y militares estadunidenses
El operativo con el que se detuvo y arraigó a tres generales y un teniente coronel en mayo pasado habría sido supervisado por otro militar: el poderoso subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. De acuerdo con generales y coroneles en activo consultados por Contralínea, el general de división diplomado de estado mayor habría coordinado, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, el golpe de tres bandas con resultados exitosos para su causa: sortear los obstáculos que pudieran impedirle asumir la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el próximo sexenio.
“El grupo del general Gaytán Ochoa festeja porque todo le salió bien”, aseguran militares en activo que accedieron a hablar con Contralínea a condición de que, sus nombres se mantuvieran bajo reserva.
Según las fuentes castrenses, el golpe contra los exmandos superiores Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas –además de Roberto Dawe e Isidro de Jesús Hernández– habría sido objetado por el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y por el propio presidente de la República, Felipe Calderón. La causa, los costos que pagaría la institución: desprestigio social e inestabilidad interna.
Gaytán Ochoa se habría encargado de convencer al titular de la Sedena; y García Luna, al Ejecutivo federal.
Y es que el general de división diplomado de estado mayor en retiro Tomás Ángeles Dauahare –quien contaba con prestigio y liderazgo entre la comunidad castrense– había cometido cuatro “faltas” desde que él mismo se desempeñaba como subsecretario de la Defensa durante los dos primeros años del calderonismo: se opuso a la creación de una fuerza militar continental, como lo había propuesto Estados Unidos y, en términos generales, se oponía a lo que consideraba la “injerencia” de ese país en los asuntos internos de México; criticaba severamente la “guerra” contra el narcotráfico y aseguraba que el gobierno de Felipe Calderón no contaba con estrategia alguna; se había acercado al priísmo, con el que incluso se mostraba obsequioso; y, finalmente, había iniciado una investigación –con medios propios y al parecer por encargo del equipo de Enrique Peña Nieto– de los grupos y los intereses al interior del Ejército Mexicano.
Esa investigación lo habría llevado a reunirse con el general Mario Arturo Acosta Chaparro precisamente un día antes de que este último fuera asesinado el 20 de abril, y un día antes de que se concretara una nueva cita.
La operación en la Procuraduría General de la República (PGR) se habría realizado a través de un teniente coronel, comisionado de la Sedena en esa dependencia.
El golpe es “contra la institución”
“La peor derrota al Ejército Mexicano se la impuso Felipe Calderón”, sentencia Guillermo Garduño. El sociólogo especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas se refiere al arraigo dictado contra los generales y el teniente coronel en la tercera semana de mayo pasado.
Los especialistas y militares consultados por Contralínea señalan que las detenciones constituyen un embate contra el Ejército Mexicano como institución. Aseguran que más allá de la inocencia o culpabilidad de los militares procesados, los tiempos y las formas de las detenciones revelan que las acciones persiguen fines políticos del grupo que encabezan el propio presidente de la República, Felipe Calderón, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Jorge Luis Sierra –especialista en Fuerzas Armadas egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington– considera que las disputas al interior del gabinete de Felipe Calderón podrían ser el origen de los golpes propinados al Ejército.
Agrega que en esas disputas, el propio presidente de la República habría tomado una posición para favorecer a un grupo, pues en temas de tal trascendencia el titular del Ejecutivo “tendría que ser avisado y él mismo debería autorizar si se procede contra militares de alto rango, como este caso”.
En tan sólo tres días y en pleno proceso electoral para definir al próximo gobierno de la República, los militares –quienes ocuparon mandos superiores en la Secretaría de la Defensa Nacional– fueron detenidos y arraigados por supuestos nexos con la delincuencia organizada, en particular con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En esos días la PGR advirtió de manera inmediata que las investigaciones que involucran a efectivos militares continuaban.
La mañana del 16 de mayo, en plena campaña electoral, la mayoría de los medios de circulación nacional destacaron las detenciones, la noche anterior, del general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare y del general brigadier de estado mayor, en activo, Roberto Dawe González. Un día después, el 17, serían detenidos el general de división retirado Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Exmandos superiores, arraigados
La tarde del 15 de mayo pasado, el general de división diplomado de estado mayor en retiro Ángeles Dauahare se convirtió en el militar de mayor rango detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico. Aunque otros generales de división han sido procesados por los delitos de delincuencia organizada, ninguno de ellos había llegado a ser subsecretario de la Defensa.
Además, Ángeles Dauahare, de 69 años, fue comandante de dos batallones de infantería (el 27 y el quinto); jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de los planes estratégicos; jefe de Estado Mayor de la 23 zona militar; secretario particular del secretario de la Defensa Nacional (Enrique Cervantes Aguirre, durante el sexenio de Ernesto Zedillo); director del Heroico Colegio Militar y director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. También se desempeñó como agregado de Defensa Militar y Aérea en la embajada de México en Estados Unidos.
En una reunión privada, ocurrida a inicios de junio, Cervantes Aguirre se refirió al general Ángeles Dauahare como “un hombre honesto y limpio”. También manifestó su “profundo pesar” por lo que le ocurría a su antiguo secretario particular”.
Desde que fue secretario del general Enrique Cervantes, se vinculó a los asuntos de inteligencia, particularmente a los de la lucha contra el narcotráfico. Egresó del Heroico Colegio Militar el 1 de enero de 1964. También cursó en la Escuela Superior de Guerra la licenciatura en Administración Militar. Al interior del Ejército se considera que ha llevado una vida austera.
La misma noche del 15 de mayo fue detenido un militar de alto rango en activo: el general brigadier diplomado de estado mayor Roberto Dawe González, quien fungía, hasta el momento de su detención, como jefe de Estado Mayor de la 20 zona militar en Colima. Se había desempeñado hasta 2010 como jefe de Estado Mayor de Guardias Presidenciales. En 2007 había sido acusado por subordinados de supuestos hechos de corrupción que incluían la venta de vehículos propiedad de las Fuerzas Armadas.
El 17 sería detenido por policías militares el general de división diplomado de estado mayor retirado Ricardo Escorcia Vargas. En su carrera castrense, llegó a ser comandante de la tercera región militar, con sede en Sinaloa, y de la 24 zona militar, con sede en Morelos. En su momento, fue señalado de inoperancia ante el aviso, por parte de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), del aterrizaje de una avioneta con cocaína en Xochitepec el 28 de diciembre de 2007. Egresó del Heroico Colegio Militar en 1967.
También el 17 de mayo sería detenido el teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. Llegó a ser subjefe de escoltas en la Residencia Oficial de Los Pinos. Durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como inspector general en la Policía Federal. Fue director de la Policía Ministerial de Sinaloa y recientemente director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. En 2006 formó parte del equipo de seguridad que se encargó de la custodia del candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, bajo las órdenes del general de brigada Audomaro Martínez Zapata.
Los cuatro exmandos superiores del Ejército Mexicano han sido presentados ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al ser vinculados por el testigo protegido Jennifer con los hermanos Beltrán Leyva. De la averiguación previa PGR/ SIEDO/EUIDCS/0241/2008 se desprenden las órdenes de localización y presentación y las órdenes de arraigo. Jennifer ha señalado a los generales y al teniente coronel como colaboradores de los Beltrán cuando éstos integraban una facción del cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ahora los Beltrán, aliados a Los Zetas, mantienen una lucha sangrienta contra el cártel de Sinaloa por el control de las “plazas”, como llaman los narcotraficantes a los territorios donde trasiegan y comercializan drogas.
Desestabilización del sistema de Defensa
De acuerdo con generales y coroneles en activo consultados por Contralínea, las pesquisas llevadas a cabo en México por la Procuraduría General de la República, a través de la SIEDO, generaron un escándalo en el primer círculo del secretario Guillermo Galván Galván y profundizaron la división entre los altos mandos. “Todos desconfían de todos, y todos se acusan entre ellos; ni el general secretario está a salvo”, señala un general de división.
A decir de Guillermo Garduño, catedrático universitario y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, el presidente de la República, Felipe Calderón, buscó alterar todo el sistema de la Defensa. Al parecer, lo logró.
Asegura que con las detenciones excluyó de la sucesión a la generación de militares anteriores a 1968. El general mejor posicionado al interior de las Fuerzas Armadas, egresado del Heroico Colegio Militar antes de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco es, en efecto, Gaytán Ochoa: la Sedena informa que su año de graduación es 1967.
Guillermo Garduño descarta que las indagaciones busquen erradicar la corrupción entre las Fuerzas Armadas de México. “Las investigaciones tienen dedicatorias muy concretas”, asegura. También explica que aun y cuando los militares detenidos estuvieran involucrados con el narcotráfico, “la información la habría tenido el propio presidente de la República desde hace mucho; desde que uno (Ángeles Dauahare) era subsecretario de la Defensa y otro (Roberto Dawe), jefe de Guardias Presidenciales”.
Según Guillermo Garduño, desde la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República se inició el desmantelamiento de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Estado mexicano.
Hoy México “no dispone de una estrategia real de seguridad nacional. No sólo no se ha desarrollado, sino que fue despedazada. Ni siquiera se cuenta con la claridad para definir qué es la seguridad nacional. La propia ley que existe en la materia es en realidad un nuevo Código Penal Federal. Es decir, el marco jurídico es insuficiente”, asegura.
Para Jorge Luis Sierra, resultaría preocupante que se utilizaran recursos públicos y se desprestigiara a una institución con tal de alcanzar objetivos particulares. “Aparentemente, la decisión de arraigar a los generales fue tomada con fines de corto plazo. Se acusa a generales, pero sin que se lleven a cabo mejoras en la rendición de cuentas, sin fortalecer la justicia militar ni la transparencia en toda la administración pública”.
Y es que, a decir del investigador, se decidió minar el prestigio del Ejército “posiblemente sin contar con las evidencias suficientes de la participación de los generales en la comisión de delitos; en los dos últimos años quienes han sido mencionados por testigos protegidos no han podido ser procesados. Es probable que en los próximos meses se caigan esas acusaciones”.
Mientras, el daño ya está hecho. “Y quienes tomaron la decisión, consideraron que la lesión causada al Ejército era menor que el beneficio que podrían obtener. Si consideraron que este beneficio era de carácter político, de grupos, podríamos estar ante el uso de recursos públicos con fines particulares”.
El general brigadier retirado Samuel Lara Villa advierte que no se puede meter las manos al fuego por nadie; pero sí señalar que a quien se agrede es a la institución. “No conocí a los compañeros detenidos. Sí vi alguna vez al general Ángeles. Parecía una persona muy respetuosa y decente. Pero en estos momentos, y dado el poder corruptor del narcotráfico, no se puede meter las manos al fuego por nadie”.
García Luna, “beneficiado”
De acuerdo con el general retirado Roberto Badillo, uno de los actores favorecidos por el arraigo dictado contra Tomás Ángeles Dauahare es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Señala que al general se le veía como un candidato “sólido” a encabezar la SSP. “Se debe recordar que el general Ángeles Dauahare no podía ser ya secretario de la Defensa, porque es un general en retiro, pero sí secretario de Seguridad”.
El artículo 16 del la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone que el secretario de la Defensa Nacional debe ser un general de división, hijo de padres mexicanos. Un requisito más, metalegal, debe cumplirse: que el general, al momento del nombramiento, se encuentre en activo.
Guillermo Garduño coincide en que entre los “beneficiarios” del operativo contra los generales se encuentra García Luna. Según el especialista e investigador universitario, el actual secretario de Seguridad Pública es el “ejecutor” de este tipo de investigaciones.
“Se debe recordar su participación en operativos anteriores que guardan características similares: el michoacanazo (la detención de 38 funcionarios, entre ellos 12 presidentes municipales y un juez del estado de Michoacán, que luego de más de un año de detención quedaron libres por falta de pruebas que los inculparan); el caso Hank (la detención y posterior libertad por falta de pruebas del expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rohn) y el caso Florence Cassez (ciudadana francesa utilizada en un montaje televisivo que diera cuenta de la detención in fraganti de secuestradores).”
Agrega: “Se detiene a personas sin que se les pueda garantizar su consignación y un proceso jurídico apegado a derecho. El arraigo es una figura antijurídica. El caso de los generales es preocupante porque incluso se les ha impedido que ejerzan plenamente su derecho a una defensa adecuada”.
De acuerdo con denuncias de familiares y abogados de los cuatro militares detenidos ante los medios de comunicación, las autoridades estarían obstaculizando la defensa jurídica.
“Lo que está ocurriendo es que Calderón está actuando irresponsablemente y como si fuera a continuar”, señala Guillermo Garduño. “Que alguien le diga a él que ya se va; que su sexenio está a punto de terminar. García Luna tampoco está en condiciones de continuar en la Secretaría [de Seguridad Pública] al inicio de un nuevo gobierno”.
Estados Unidos, al acecho
El otro “gran beneficiario” del “embate” contra el Ejército Mexicano es, a decir de Guillermo Garduño, el poder civil y militar estadunidense: “Hay un interés de Estados Unidos de desarticular a las Fuerzas Armadas Mexicanas y someterlas. Buscan que el Ejército Mexicano no esté en condiciones de oponerse a una alianza inconveniente”.
Según el catedrático universitario, la PGR no tiene expediente sólido alguno. “Se trata de información, en su totalidad, acumulada por la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos). Son los estadunidenses los que están realizando las investigaciones. Y se utilizan según también convengan a sus intereses”.
Para el general de división retirado Roberto Badillo Martínez, la detención de los militares en mayo pasado se inscribe como parte de una estrategia de desestabilización del país en la que participa el gobierno de Barack Obama.
Quien fuera jefe de la sección segunda del Ejército Mexicano (encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia) y diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional en la Legislatura pasada, asegura que la “guerra” fue para Calderón una “artimaña” para legitimarse pero que le ha infligido un alto costo al país.
El mayor de ellos: la injerencia de Estados Unidos en asuntos que competen sólo a los mexicanos. “Calderón debía estar enterado que Estados Unidos no ayuda a países, sino desestabiliza países. Los gringos ya entraron al país… Y ahora cómo chingados los sacamos”.
Según Badillo Martínez, los intereses de Estados Unidos en México pasan por tutelar un Ejército débil y desprestigiado que negocie en condiciones de desventaja más alianzas militares. “La detención de militares es parte de una estrategia de debilitamiento de la instituciones de México garantes de la soberanía nacional. Desean Fuerzas Armadas débiles y gobiernos débiles, como el que encabezó Felipe Calderón luego de las elecciones de 2006. En los próximos meses van a salir más acusaciones y más desestabilización. Serán los peores meses de fin de sexenio que ha tenido México”.
Apenas concluyeron las detenciones, un grupo de militares mexicanos salió rumbo a Washington a entrevistarse con comandantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La comitiva estuvo encabezada por cinco generales de división diplomados de estado mayor, con cargos directivos en la Sedena: el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, Mario Marco Antonio González Barreda; el director general de Administración, Augusto Moisés García Ochoa; el director general de Industria Militar, Gerardo Rubén Serrano Herrera; el director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Roberto Gustavo García Vergara; y el comandante de la IV Región Militar, con sede en Monterrey, Nuevo León, Noé Sandoval Alcázar.
El general brigadier retirado Samuel Lara Villa también observa participación de Estados Unidos en el embate contra el Ejército. “No se puede soslayar que estas detenciones tienen fines políticos. La degradación del Ejército es real; pero es provocada. Y no sólo por actores internos”.
El presidente de la Federación de Militares Retirados Francisco J Múgica, AC, considera que “Estados Unidos busca imponer la idea de que nuestro Ejército no sirve para nada, que es corrupto e ineficiente. Y que la solución a lo que sucede sólo puede venir del Norte”.
Para el general Lara Villa, aquí es donde se engancha el gobierno de Calderón: “no se quiere ir; nunca ha sido fácil ni ha salido gratis quitarle el poder a un grupo como el que ahora gobierna México; siempre ha costado sangre”.
Golpe a las fuerzas morales
La desconfianza y la divergencia entre los mandos superiores inmediatamente se propagaron por toda la estructura castrense y llegaron a la tropa, a quienes se encuentran en los “operativos de alto impacto”, como llama el Ejército a los cateos y a las escaramuzas y enfrentamientos que sus efectivos sostienen con los sicarios del narcotráfico y con los movimientos político-militares.
“Dentro de un ejército, las fuerzas morales constituyen un elemento fundamental” explica Guillermo Garduño. “Sin fuerzas morales, un ejército pierde la guerra. Y si a cualquier soldado le dicen que los altos mandos están involucrados en el narcotráfico, entenderá que no hay nada que defender.”
Jorge Luis Sierra señala que por muchos años el Ejército Mexicano había venido cultivando su prestigio, luego de que se pulverizara en 1994 cuando enfrentó al insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional e incurriera en violaciones a los derechos humanos.
Aunque frente a los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales no habían logrado resarcirse, la mayoría de la población calificaba, hasta antes de la “guerra” de Felipe Calderón, a las Fuerzas Armadas como las instituciones más confiables y menos corruptas de la administración pública federal.
Con la “guerra” de la segunda administración panista habría iniciado el declive del prestigio de las Fuerzas Armadas. “La política desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón –explica Jorge Luis Sierra– perjudicó al Ejército desde que éste fue colocado como el actor central de la lucha contra el narcotráfico; fue puesto con armas de guerra en contacto directo con la población, sin protocolos de uso de la fuerza y sin un marco jurídico de actuación”.
El especialista agrega que las Fuerzas Armadas Mexicanas fueron dejadas solas en el conflicto y fueron expuestas no sólo a que cometieran abusos sino a que se corrompieran: “el narco apuntó la dirección de su fuerza de cooptación a la entidad que estaba a cargo de la lucha: el Ejército. Eso mismo pasó en Colombia y todas las naciones que hicieron lo mismo”.
Sierra advierte que el Ejército es un actor que ha padecido una estrategia errónea y una exposición imprudente.
El general brigadier retirado, Samuel Lara Villa, señala que el proceso de degradación del Ejército Mexicano ha sido paulatino: “No es nuevo. Inició desde la época del priísmo; pero ahora con el PAN se ha alcanzado el corolario. Con el PRI, dejó de ser un ejército del pueblo. Recuérdese que se utilizó en 1968 para masacrar estudiantes y luego en la Guerra Sucia que siguió. Después se utilizó para, según, combatir al narcotráfico. Se puso a convivir a militares con narcotraficantes y con políticos corruptos. Es todo un proceso que no se puede disimular”.
El diputado federal Gustavo González Hernández, secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional señala que el proceso de investigación está aún muy lejos de concluir. Agrega que se debe esperar a “que la autoridad se pronuncie oficialmente acerca de las investigaciones que se están realizando”.
—¿Se trata de una pugna entre integrantes del Ejército? –se le inquiere.
—No; son procesos que tienen sus propios tiempos.
—¿Y ahora avanzan estas investigaciones en vísperas de las elecciones y cuando el sexenio está a punto de concluir?
—Los tiempos judiciales no pueden esperar a que pasen los tiempos electorales –agrega el legislador por el Partido Acción Nacional.
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