CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 2018 el PRD perdió todo: votos, militantes y representación política. Hoy sólo arrastra una deuda superior a 390 millones de pesos.
Ángel Ávila, secretario general perredista, comenta que el partido atraviesa por su segunda crisis más importante en 30 años de existencia, que se cumplieron el domingo 5. La primera, dice, fue la de 1991. Y confía que ésta sea una oportunidad única para “transformar por completo la institución o para enterrar las siglas del PRD para siempre” y, con suerte, también su crisis financiera.
La debacle electoral dejó al partido sin registro en 10 entidades: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Colima y Tamaulipas, y su representatividad legislativa menguó drásticamente, pues sólo tiene 10 diputados en San Lázaro y cinco escaños en el Senado.
El 29 de agosto de 2018, semanas antes de los comicios federales, el PRD se declaró en “quiebra técnica”. Y, en un oficio enviado a la Junta de Conciliación y Arbitraje, justificó el despido de su personal sindicalizado y de confianza:
“El partido político se ubica actualmente en una situación de insolvencia financiera, que pone en riesgo incluso su permanencia política por la disminución del flujo de recursos proveniente del erario, lo que lo imposibilita para hacer frente a sus compromisos de carácter económico.”
El documento menciona un importe por concepto de pasivos de 998 millones 182 mil 133 pesos, de los cuales 520 millones se destinarían al pago a Carlos Ahumada si éste gana el juicio al partido. No obstante, Manuel Cifuentes, secretario de Finanzas del PRD, confía en que eso no suceda pues, dice, “ya ganamos en casi todo”.
El resto está desglosado de la siguiente manera: de los 237 millones 132 mil pesos que en ese periodo adeudaba el partido en contabilidad ya se pagaron 14 millones; y de los 85 millones 160 mil 613 pesos por multas firmes, ya sólo se deben 19 millones 393 mil 417.
Asimismo, de los 136 millones que se adeudan por recargos y actualizaciones de impuestos, es factible que prescriban o le sean dispensados al PRD; también están los 19 millones 275 mil 496 derivados de juicios y laudos laborales que no han concluido.
En suma, 478 millones 182 mil 133 pesos en deudas que justificaban la insuficiencia económica para preservar a los trabajadores en sus funciones y de los cuales restan 398 millones 414 mil 935 pesos en pasivos.
Según Cifuentes, buena parte de esos adeudos no son firmes e incluso podrían prescribir, entre ellos los 125 millones que el partido debe al Instituto Nacional Electoral por sanciones de 2014 hacia atrás.
“Nuestros ingresos se redujeron drásticamente, por eso elaboramos un escrito, porque tenemos mucho menos dinero que antes”, sostiene.
La prerrogativa del partido para 2019 es de 396 millones 987 mil 946 pesos, poco más de la mitad de lo que recibieron en 2013 –634 millones 867 mil 509 pesos– cuando las finanzas perredistas “estaban bien”, lo mismo que los votos, explica Cifuentes.
Además, las prerrogativas del siguiente año podrían reducirse 50% si los diputados de Morena promueven y aprueban por mayoría la reducción a la mitad de los recursos que el INE destina a los partidos.
Cómo allegarse fondos
“Limpiar la casa, nuestros raspones y proponer rutas de salida” fue algo que no sólo hicimos en lo político, explica Fernando Belaunzarán, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
“Lo primero que hicimos en materia de finanzas –cuenta Cifuentes– fue recortar la nómina, que absorbía casi 50% de nuestras finanzas”. De 600 empleados que el partido mantuvo en promedio desde 2014, hoy sólo tiene 250 y perciben un menor salario al anterior.
“Pagábamos 16.5 millones de pesos mensuales de nómina. Con el reajuste estamos gastando 6 millones de pesos al mes en salarios al personal de base o confianza; el personal sindicalizado quedó fuera”, comenta.
La reducción de los gastos también impactó en las actividades diarias del partido. Hoy, sus seis oficinas de la Ciudad de México operan a 15% o 20% de su capacidad. La razón: casi 70% de los empleados fueron despedidos.
En las oficinas de la calle de Monterrey, en la Ciudad de México, sólo cuenta con un vigilante nocturno y es factible que los autos se pongan en venta; y la flotilla de servicios de traslados y viáticos no funciona.
Los directivos del partido no descartan la venta de inmuebles, para lo cual hay dos caminos”, comenta.
El primero prevé la venta del inmueble de Monterrey 50 –el más antiguo y donde se inició el partido–, así como los de las calles Bajío, Refinería, Durango y Odontología, además de un baldío.
Con la venta de esos inmuebles el partido obtendría 130 millones de pesos, con los cuales, según Cifuentes, se compraría el inmueble de siete pisos de Benjamín Franklin. La renta actual mensual de ese edificio es de 1.5 millones de pesos y se calcula que está valuado en 160 millones.
“Los inmuebles que tenemos son pequeños en comparación con éste; además están casi desocupados. Personalmente no veo mucho caso en seguir pagando los servicios por algo que nos cuesta mucho dinero”. El plan B, según Cifuentes, “es quedarnos con Monterrey 50, por su carga histórica para muchos miembros del partido, y buscar otro edificio más económico.
Nicolás Cortés trabajó 20 años en el PRD. Es abogado y fungió como secretario y asesor en el Instituto de Formación Política. Estaba contratado por el Sindicato Unión de Trabajadores del PRD, el único de un partido político y que se fundó cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente perredista.
En agosto del año pasado, relata, representantes del partido les notificaron que les rescindirían muchos contratos. Les dijeron que aceptaran la liquidación bajo promesa de ser recontratados fuera del sindicato.
Para principios de 2019 todos los trabajadores sindicalizados estaban despedidos. De ellos, 80 aceptaron una recontratación fuera de ese órgano “bajo presiones y amenazas, sometidos a aceptar la mitad de sueldo sin prestaciones y con horarios extendidos de trabajo”, cuenta Cortés.
Sólo 30 sindicalizados rechazaron ser liquidados y en febrero pasado interpusieron una denuncia al partido para ser reinstalados. Entre ellos está Nicolás, quien fungía como integrante del comité sindical.
“El propósito primordial del partido, cuando iniciaron los recortes, era desaparecer nuestra organización gremial, porque con ella sería más complicado rehacer una institución política como ahora proponen”, explica Édgar Avilés, secretario general del Sindicato Unión, quien fue despedido luego de trabajar 30 años para el PRD.
Según datos de la Secretaría de Finanzas, el PRD gastó cerca de 60 millones de pesos en liquidación del personal. Y, según los cálculos del partido, la liquidación de los trabajadores que se rehusan a aceptar el pago es de 9 millones de pesos.
La dirigencia nacional del PRD absorbió y administrará las finanzas de los comités estatales de Puebla y la Ciudad de México, donde la deuda es cercana a 25 millones de pesos en servicios, predial y salarios.
“En la Ciudad de México nos encontramos con problemas similares a lo que había en el ámbito nacional: deudas a empleados, cuentas sin pagar y sanciones que hemos subsanado en el último mes y medio en 60%”, señala Cifuentes.
Por lo que atañe a los estados donde el PRD perdió el registro, en los próximos meses se definirá qué hacer con las oficinas y el personal.
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