La autosuficiencia energética en las tierras de Zapata

Ana de Ita*

E

stos eran unos campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución. Así inicia el Zapata de Womack y pinta en una frase la identidad campesina.

Uno de los principales problemas para los campesinos y pueblos indígenas, dueños de la mitad del territorio del país, ha sido la invasión de sus tierras y el despojo de sus bienes naturales por los proyectos extractivos y energéticos, apoyados e impulsados por los sucesivos gobiernos neoliberales y sus leyes.

El 8 de diciembre de 2018 en la presa de Malpaso en Chiapas, López Obrador presentó su programa eléctrico y declaró que cada vez es más difícil construir nuevas hidroeléctricas porque hay mucha oposición, en la mayoría de los casos con justicia, de ambientalistas, pero también de quienes no quieren que se fortalezca la empresa pública.

Para algunos movimientos esta declaración significó el triunfo de muchos años de lucha por detener distintos proyectos de construcción de presas. Pero en el programa se define como prioridad avanzar hacia la autosuficiencia eléctrica. Se explica que actualmente la Comisión Federal de Electricidad sólo produce la mitad de la energía eléctrica que consume el país y el resto la compra a empresas privadas y la importa de Estados Unidos.

El 12 de enero AMLO visitó Ayala, Morelos, para declarar 2019 año del Caudillo del Sur, los herederos de Zapata apoyados por el pueblo le demandaron cancelar definitivamente la termoeléctrica de La Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM). Los campesinos dueños de las tierras se oponen a que el agua del río Cuautla que ellos utilizan para regar sus cultivos, se desvíe para emplearla en la termoeléctrica y después se regrese al caudal. Con base en distintos estudios consideran que pone en riesgo el volumen y la calidad del agua. Otros problemas son el ruido de las turbinas de la termoeléctrica, y la zona sísmica del Popocatépetl que recorrerá el gasoducto. El PIM incluye la construcción de una segunda termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto.

Desde 2011 los campesinos, muchos de ellos integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Frente en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala se movilizaron y actualmente mantienen parada la obra. Algunos fueron encarcelados y torturados, pero han ganado distintos amparos y existen procesos judiciales en marcha.

En 2014, AMLO les aseguró que detendría la termoeléctrica cuando llegara al poder. Pero ahora pesa más su propósito de autosuficiencia energética que respetar la autodeterminación de los pueblos.

El 10 de febrero pasado, el presidente López Obrador regresó a Cuautla, Morelos, con el fin de proponer una alternativa para la termoeléctrica y enfrentó a los campesinos opositores llamándolos radicales de izquierda y conservadores. Visiblemente irritado, emplazó a una consulta ciudadana para el 23 y 24 de febrero en la que supuestamente el pueblo decidirá el destino del proyecto. En esta consulta no sólo votarán los afectados directos de la termoeléctrica y su infraestructura, sino también los pobladores del resto del estado, que en caso de aprobar su operación serán compensados con reducciones a la tarifa de luz. Los resultados de esta consulta son obvios.

En caso de que la termoeléctrica funcione, utilizará gas natural importado de Estados Unidos, obtenido mediante la técnica de fracking y transportado por medio del gasoducto.

Otro problema del sector eléctrico es que actualmente entre 60 y 80 por ciento del gas que se utiliza para generar electricidad es importado. La construcción de gasoductos fue adjudicada a empresas privadas, como TransCanada, Fermaca, Ienova, Carso, y siete gasoductos se encuentran detenidos por problemas sociales, o debido a que la Secretaría de Energía está realizando las consultas a las comunidades. La CFE debe pagar a las empresas aunque el gas no exista, por lo que AMLO solicitó su colaboración para revisar los contratos, aunque les garantizó que serían respetados.

Contrasta la actitud presidencial beligerante hacia los campesinos y movimientos opositores, con la asumida frente a las empresas. Al respecto Slim, dueño de Carso, urgió que la CFE y Carso arreglen la problemática social que impide continuar la construcción del gasoducto.

La posición del gobierno ante la termoeléctrica es una señal de cómo serán tratados los movimientos en defensa del territorio y es posible suponer que las presiones hacia las comunidades y movimientos opositores a los gasoductos se recrudecerán próximamente.

Antes de enviar estas opiniones se hizo público que Samir Flores Soberanes, uno de los opositores al PIM, fue asesinado la mañana del 20 de febrero, afuera de su casa, ubicada en el poblado de Amilcingo, municipio de Temoac. Él era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)