Padres, madres e hijos del Estado de México han pasado, por las peores razones y por las mejores causas, de dolientes y agraviados a convertirse en activistas en contra de la corrrupción e ineficiencia de las autoridades, principalmente de los encargados de aplicar la justicia en esa entidad del centro del país.
Asesinatos, feminicidios, robos, agresiones a defensores de derechos humanos, violaciones y abandono es el día a día de quienes viven en la entidad gobernada por el PRI desde hace más de 80 años.
Pero los familiares y víctimas, al parecer, no están dispuestos a quedarse callados ni con los brazos cruzados: ahora han decidido hacer el trabajo que las instituciones no realizan y, además, visibilizar a nivel nacional e internacional la tragedia que se vive día a día en el estado gobernado por el priista Alfredo del Mazo Maza.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– La madrugada del 2 de julio pasado, Diana Velázquez fue secuestrada en Chimalhuacán, Estado de México. Su cuerpo, al que la Fiscalía General de Justicia del Edomex confundió en un primer momento con el de un hombre, sería identificado más tarde por los familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Nezahualcóyotl. Desde entonces, las tareas de justicia han sido empujadas por la propia madre de la víctima, y no por las autoridades correspondientes.
La historia de Lidia Florencia Guerrero, quien lucha por alcanzar la verdad –con la razón y la Ley por delante–, es una de cientos que se repiten en la entidad, antes carente de toda participación social, y hoy, ante la apatía y omisión de las autoridades, convertida en un semillero de activistas.
La sociedad civil se ha organizado en respuesta a los problemas que se extienden en todo el Estado de México.
Datos oficiales muestran que hasta julio del 2017 había 3 mil 854 personas no localizadas en la entidad, una cifra que sólo supera Tamaulipas, entidad que reportó, hasta septiembre pasado, 6 mil 079 desaparecidos.
Los datos oficiales también plantean que en 2016 se registraron 65 carpetas de investigación por feminicidio, una cifra superior a las 61 del 2015. En ambos años hubo siete sentencias condenatorias. Entre 2011 y 2016 los registros sumaron 306 carpetas de investigación por este delito y 84 sentencias.
Lidia Florencia Guerrero, madre de Diana, acusa que desde un las primeras horas en las que se denunció la desaparición de su hija la agencia del Ministerio Público de Chimalhuacán tardó 72 horas en movilizarse para rastrear el paradero de su hija de 24 años.
La joven terminó por ser identificada en el Semefo cuatro días después gracias a la ropa. Ese sería el inicio de una continúa exigencia de justicia.
Tanto en el lugar de su desaparición como en el donde fue hallada Diana, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, se encuentran bajo la Alerta de Género que opera en un total de 11 municipios mexiquenses.
Florencia Guerrero y su familia, detalla, fueron quienes tuvieron que recolectar los videos en el área donde fue hallado el cuerpo para abonarlos a la carpeta de investigación. Hasta hoy, no hay responsables por la desaparición ni el asesinato.
El recorrido para indagar más datos sobre el caso de su hija, recuerda, se hizo 68 días después de que Diana fuera vista por última vez, el 9 de septiembre.
La madre convertida en activista lamenta que “los gobiernos y autoridades que según están para servirnos son corruptos, a ellos no les interesa el dolor. Ellos simplemente vieron un cuerpo pero no se pusieron a pensar que esa persona era una mujer, con familia, sueños”.“Nos quedamos de ver en la Procuraduría y ya de ahí se hizo el recorrido de la cada de dónde salió Diana hasta donde fue encontrada en Francisco I. Madero”, narra.
El Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero (CDHZL), uno de los contados grupos civiles que trabajan en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza, expone que la violencia en el Estado de México ha orillado a las víctimas a organizarse.
“Ya las autoridades tienen medido en qué espacios podemos actuar, y cuando transgredimos esos espacios, pues vienen represalias, criminalizaciones […]. No permiten que cuando una persona se asume defensoras de derechos humanos encuentran un autoritarismo muy fuerte“, sostiene la vocera del grupo civil, Karina Bolaños.
El 25 de noviembre, Florencio, junto a diversas organizaciones civiles, participará en una marcha nacional contra los feminicidios tendrá lugar en Chimalhuacán.
Dulce María Andrea Ortega, de la organización Nos queremos Vivas Neza, una organización feminista que surge a raíz del caso de la menor de 11 años llamada Valeria, quien fue raptada por un piloto de una combi y luego asesinada, señala que la violencia en contra las mujeres ha volcado a la ciudadanía a las calles.
“Ella aparece en el transporte público, y las mujeres de Nezahualcóyotl nos preguntamos qué hacemos. Hubo una marcha multitudinaria de niños y niñas vestidos de blanco y entonces se organiza esta asamblea. ¿De quién es la responsabilidad de los feminicidios? Pensamos que es de todos y de todas”, dice la activista.
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