JENARO VILLAMIL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando Raúl Cervantes Andrade renunció, el lunes 16, como tercer titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en este sexenio, Enrique Peña Nieto mostró su molestia en un evento ante banqueros porque los mexicanos creen que su gobierno es uno de los más corruptos de la historia. Y tomó el peor ejemplo: el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.
“Hemos tenido los ejemplos de socavones. Pues, a ver, pasan en todas partes del mundo, uno señalado, pero ha habido varios más. Y ahora quieren encontrar un responsable, un culpable, y siempre es decir: la corrupción”, subrayó Peña Nieto, visiblemente molesto.
Dos días después, el miércoles 18, el socavón dejó de ser el Paso Exprés y se convirtió en el expediente de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que hasta ese momento vinculaba al exdirector de petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, amigo de Peña Nieto, hijo de un destacado integrante del “grupo compacto” de Carlos Salinas de Gortari (Emilio Lozoya Thalman, exsecretario de Energía) y exintegrante del Consejo de Administración de OHL, otro consorcio trasnacional en la mira de los jueces de España por sus sobornos.
Ese día, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, dio a conocer en el periódico Reforma parte de una misiva que le envió Lozoya Austin para que se le informara sobre los detalles de la investigación sobre los presuntos sobornos que Odebrecht entregó en 2012, en plena campaña electoral presidencial de Peña Nieto.
Durante ese año, Lozoya Austin fue el responsable de Vinculación Internacional del equipo de Peña Nieto, y el actual canciller Luis Videgaray fungió como coordinador general, una especie de comandante en jefe que concentraba tanto el dinero como las relaciones que llegaban a la campaña de Peña Nieto.
La información publicada hasta ese momento era que el exdirector de Pemex habría recibido 10 millones de dólares en sobornos por parte de la firma brasileña para obtener indebidamente contratos de obra pública.
Esta acusación fue realizada por tres inculpados de la justicia brasileña involucrados en esta extensa y compleja red de corrupción: Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva.
La acusación era muy detallada: primero, Lozoya habría recibido sobornos de 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012, antes de que iniciara el actual gobierno de Enrique Peña Nieto y él fuera nombrado director de Pemex, y en marzo les proporcionó el nombre de una empresa off shore, en las Islas Vírgenes Británicas, para que se le hicieran los depósitos. A partir de abril de 2012 esos recursos llegarían “en cascada”.
Una de las partes más delicadas de las revelaciones de la trama Odebrecht apuntaron a presuntas donaciones ilegales a la campaña presidencial del PRI en 2012. Por esta razón, la FEPADE abrió una carpeta de investigación desde agosto de este año. Ni el procurador Cervantes Andrade ni el titular de la fiscalía, Santiago Nieto, se frenaron en esta investigación. Los abogados de Lozoya contraatacaron mediáticamente para saber qué era exactamente lo que tenían las autoridades ministeriales en contra de su cliente.
La ecuación cambió cuando el viernes 20 el “encargado de despacho” de la PGR, Alberto Elías Beltrán, cesó de manera fulminante al titular de la FEPADE, Santiago Nieto. Sin darle garantía de audiencia, sin informar al Senado de la República y menos sin ser titular de la procuraduría con las facultades constitucionales para tomar esta decisión, Elías Beltrán argumentó presuntas violaciones de Nieto Castillo al Código de Conducta de la PGR. Un código que no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que nadie conoce de manera detallada y que es la primera vez que se menciona para cesar a un fiscal incómodo.
Ahí comenzó el “socavón” de Peña Nieto. Una decisión tan delicada no se toma sin el consentimiento del Ejecutivo federal. Menos si pasa por alto al Senado de la República. El hombre fuerte del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, guardó un hermético silencio. Quizá fue el acuerdo en los campos de golf donde Peña Nieto acostumbra tomar estas decisiones.
Este lunes 23 de octubre, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que al menos tres depósitos de 500 mil, 490 mil y 510 mil dólares se realizaron el 23 de mayo, 30 de mayo y 8 de junio de 2012, respectivamente, en una cuenta off shore a una empresa llamada Latin America Asia Capital. Los testigos de Odebrecht han señalado a esta cuenta como el vínculo con Lozoya y con la campaña presidencial del 2012.
Legisladores del Senado de la República habían pedido antes que se congelaran todas las cuentas de Lozoya, incluida ésta que había sido señalada, pero no ocurrió nada. La FEPADE de Santiago Nieto había avanzado en la información de estas cuentas cuando fue cesado.
La información señaló directamente a la filial de Odebrecht, la empresa Braskem, como el vehículo para hacer los depósitos a la campaña presidencial del PRI. En ese momento, el dirigente nacional del tricolor era Pedro Joaquín Coldwell, actual titular de Energía (vaya coincidencia con el padre de Lozoya Austin), quien no ha sido llamado a declarar ante la fiscalía, hasta donde se sabe.
Entrampado en la mala operación para cesar a Santiago Nieto y en la reacción unificada de la oposición en el Senado (PAN, PRD, Morena-PT, que tendrían la mayoría de 65 votos necesarios para revertir la decisión del encargado de la PGR), Peña Nieto le ordenó a su vocero Eduardo Sánchez “aclarar” el escándalo de Odebrecht.
En un comunicado enviado el lunes 23 al periódico Reforma, la presidencia de la República admitió que Peña Nieto sostuvo reuniones con directivos de Odebrecht entre 2010 y 2013, pero no recibió recursos de ninguna de estas empresas.
“Ningún funcionario de Odebrecht o sus filiales tuvo participación alguna en la campaña a la presidencia del licenciado Peña Nieto… Ni como aspirante ni como candidato recibió recurso alguno de las empresas mencionadas”, afirmó el comunicado.
La dirigencia nacional priista, a cargo de Enrique Ochoa, personaje cercano a Luis Videgaray, destacó que “las autoridades auditaron el financiamiento que utilizó el PRI en 2012, el cual se ajustó a lo que señala la ley”.
¿Entonces para qué se reunió Peña Nieto con directivos de Odebrecht? ¿Sólo para tomarse la foto? ¿Hablaron sólo del clima, de la situación en Brasil, de los futuros negocios petroleros? ¿Qué supo el gobierno de Felipe Calderón sobre esta trama? ¿También recibió parte de los “sobornos” de Odebrecht? ¿Si nadie es responsable, dónde quedaron los 10 millones de dólares que funcionarios de la compañía brasileña admiten haber donado en México?
Si todo es una mentira, ¿por qué en menos de una semana la PGR se quedó sin titular, sin fiscal de delitos electorales y sin fiscal anticorrupción para investigar el “socavón” de Odebrecht?
Esta es la respuesta que Peña Nieto no ha podido dar en el momento más delicado del inicio de su sucesión presidencial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario