Exdiputado del PRD denuncia amenazas y persecución de Mancera y Mauricio Toledo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al otro lado de la línea telefónica se oye la voz de un fugitivo, un “perseguido político” del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, de la corriente perredista de Los Chuchos y del diputado Mauricio Toledo, confabulados –afirma– para escarmentarlo por señalar la corrupción gubernamental y afiliarse a Morena.
“Sí, ando a salto de mata”, responde Alejandro Robles Gómez, cuya voz sonora se adelgaza cuando evoca que, en medio año de evadir una orden de aprehensión, sólo dos veces ha visto a sus hijas y a su esposa, acosadas también por Toledo, el exdelegado en Coyoacán reputado de corrupto y protegido –acusa– por Mancera. “Más que la prisión, temo que cumpla la amenaza de muerte”.
–¿Toledo?
–Sí, me dijo que me iba a desaparecer y a matar. Mauricio tiene miedo de lo que sé de su riqueza. Y yo estoy pagando las consecuencias de romper con él.
Robles Gómez se hizo amigo de Toledo desde que fueron compañeros en la Facultad de Derecho de la UNAM y juntos hicieron carrera en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la corriente de Los Chuchos, hasta que la voracidad del exdelegado por el dinero fácil los fue alejando y él renunció al PRD en marzo de 2016.
Siendo diputado local entre 2012 y 2015, afirma, condenó la corrupción de Toledo como delegado de Coyoacán, con él directamente, pero también con los líderes de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, conocidos como Los Chuchos.
“Discutí personalmente con Mauricio Toledo, por mencionar el caso más significativo, cuando el periódico Reforma publicó los actos de corrupción y extorsión en relación a las torres de departamentos de Céfiro 120, donde Mauricio pedía sumas importantes de dinero al empresario Gazi Nacif”, asegura.
“Hablé con la dirigencia de Nueva Izquierda: Jesús Ortega y Jesús Zambrano, pidiendo que se cuidara el proyecto político del partido en Coyoacán. Ellos simplemente ignoraron mi petición, argumentando el poder político y el control sobre los recursos económicos que sobre la delegación Coyoacán tenía Mauricio Toledo”.
En la entrevista, vía telefónica, Robles asegura que nada hicieron los dirigentes perredistas y lo ignoraron también cuando, en septiembre, un juez libró una orden de aprehensión en su contra por robo, “una fabricación” de la Procuraduría de Justicia capitalina.
“Cuando supe de la orden de aprehensión en mi contra, busqué de nueva cuenta a Jesús Ortega y Jesús Zambrano, para solicitarles que detuvieran el acoso de Mauricio Toledo en contra mía y de mi familia. Hasta ahora han ignorado también mi solicitud, basados en el hecho que Mauricio Toledo es actualmente presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y por lo tanto, fuente casi inagotable de recursos públicos para proyectos personales”.
Mauricio Toledo. Foto: Germán Canseco
Y es que, en septiembre, el Juzgado 33 Penal libró orden de aprehensión contra Robles Gómez, acusado de robo calificado de tres computadoras de un local del PRD en Culhuacán, pero las evidencias documentales acreditan una fabricación por parte de dirigentes perredistas y el Ministerio Público.
En efecto, según la averiguación previa FCY/COY 4/T3/00208/1603, iniciada el 27 de marzo de 2016 por el agente del ministerio público Gabriel Zermeño Rosas, en la agencia COY-4, el ciudadano Óscar Tapia Ball denunció robo a casa habitación sin violencia en contra de quien resulte responsable, hechos ocurridos en un departamento ubicado en Periférico Sur 5270, Pedregal de Carrasco, Coyoacán.
Pero en la ratificación de la denuncia, ahora a cargo la agente del Ministerio Público Maribel Peláez Cosío, se tomó declaración a terceros –dirigentes y militantes perredistas– que narran hechos que sucedieron en tiempo, lugar y modo diferentes para culpar, en la misma averiguación previa, a Robles Gómez.
La “fabricación”
Así es: Los denunciantes son Gabriela Patricia Lemoine Escalona, integrante del equipo político de Mauricio Toledo y militante del PRD; Juan Jesús Martínez Zavala, presidente de ese partido en Coyoacán; Jean Carlo Javier Bautista Guzmán, allegado a Toledo y funcionario de la ALDF, y Verónica Domínguez Sánchez, secretaria general perredista en la misma demarcación.
Y los hechos, que en la denuncia original sucedieron en Periférico Sur 5270 –casa habitación–, fueron trasladados por los nuevos denunciantes a Ejido de Santa Úrsula 25, colonia San Francisco Culhuacán en la delegación Coyoacán, donde se ubica en un módulo del PRD, de donde supuestamente Robles robó dos computadoras.
Las propias declaraciones de los denunciantes fueron contradictorias: Gabriela Lemoine indicó que los hechos delictivos se cometieron el 28 de marzo a las 18:40 horas y Juan Martínez dijo que los hechos sucedieron el 25 de marzo a las 19:40 horas.
Además de estas inconsistencias, la agente del Ministerio Público Maribel Peláez Cosío dejó sin efectos los acuerdos ingresados en el Sistema de Averiguaciones Previas y las actas en las cuales se hacía constar que el denunciante del robo a su departamento en Periférico Sur 5270, después de dos intentos de localización, no acudió al Ministerio Público para continuar con la indagatoria.
Una vez que dejó sin efectos esos acuerdos, ordenó la comparecencia del denunciante, el cual ya no es Óscar Tapia Ball ni Gabriela Patricia Lemoine Escalona, sino Jesús Martínez Zavala.
Y, además de todas estas irregularidades, el día de los supuestos hechos, el 25 de marzo de 2016 a las 19:40 horas, Robles Gómez se encontraba en una convivencia en el pueblo de la Candelaria, en Coyoacán, a donde acudió, acompañado de su hija de seis años de edad, a la representación de la “Pasión de Cristo”. Ahí comió y con al menos 30 personas, que no fueron llamadas a testificar.
Aun así, la Procuraduría General de Justicia, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, solicitó la orden de aprehensión, el 25 de julio, y el 15 de agosto el juez 33 Penal, Alberto Rubalcava Ramírez, libró la orden.
Al mismo tiempo, la Procuraduría de Justicia de Mancera ha sido omisa para investigar la denuncia de amenazas de Toledo contra Robles, su esposa, Saraí Azucena Zúñiga, así como sus dos hijos, presentada el 20 de septiembre. Las amenazas las envió el perredista desde su teléfono celular.
El propio Toledo amenazó a Robles que pronto un juez dictaría una orden de aprehensión, lo que sucedió y, desde el 15 de agosto, está prófugo por una acusación, afirma, fabricada. Su única esperanza era obtener el amparo de la justicia federal. “Si no me lo dan, estoy en aprietos. Ya no tendría recurso alguno. Es ridícula acusación, pero no me dan oportunidad de defenderme en libertad”.
Las transas de los Toledo
El amparo finalmente no lo obtuvo y por ello Robles es un fugitivo. “Sigo en el exilio político, pero lo lamentable también es que las amenazas en contra de mi familia se han profundizado. Y la Procuraduría de Justicia no sólo ha sido omisa, sino complaciente en su actuar”.
–¿Qué motiva la persecución de Toledo y del gobierno de Mancera en tu contra?
–Sin temor a equivocarme, los hechos que motivan la persecución política en mi contra fue la decisión que tomé de sumarme al Movimiento de Regeneración Nacional, haciendo campaña de manera directa en favor de López Obrador en el Constituyente de la Ciudad de México. En el interior del PRD hicieron oídos sordos a mis críticas de la desviación ideológica del partido, pero sobre todo, de la corrupción que impera en sus gobiernos.
–¿Tú discutiste con Mauricio Toledo los casos de corrupción?
–Sí, pero esto viene desde antes. Mis críticas públicas agraviaron al jefe de gobierno, quien se sintió desobedecido entre comillas, porque nunca voté a favor de cambios de uso de suelo en la ciudad, o bien cuando critiqué fuertemente la ley anticircos.
“Otro ejemplo de las molestias que tuvo el jefe de gobierno conmigo fue el haber pedido indulto a los trabajadores detenidos de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro.
“Aunado a ello, denuncié de manera pública los actos de corrupción del gobierno de Mauricio Toledo. Puedo concluir que el jefe de gobierno se sintió desobedecido, Mauricio Toledo agraviado, y la debilidad del gobierno de Mancera ha provocado que se someta a los caprichos de los caciques locales”.
“Y sí, discutí personalmente con Mauricio Toledo los casos de corrupción”, dice Robles, quien recuerda el escándalo de la extorsión contra el empresario Gazi Nacif, denunciado por su abogado, Rodolfo Reus.
Pero también de las pillerías de Nelson Francisco Toledo Gutiérrez, hermano del exdelegado perredista, quien “obligaba a los trabajadores a entregar parte de su salario y lo único que conseguí fue la aversión y odio de parte del hermano”.
También defendió a comerciantes y locatarios que estaban siendo obligados a hacer pagos ilegales: “Volví a exigir a Mauricio Toledo que dejara de practicar estos actos nefastos, y su respuesta fue de indolencia y repudio hacia mi persona”.
Relata el caso de un locatario del mercado Centenario de Coyacán, de apellido Ogarrio, quien fue presionado para entregarle a la madre de Toledo, Clementina Rosa Gutiérrez Durán, uno de los tres locales de su propiedad. Al negarse, le fueron clausurados por la delegación.
“Logramos, mediante un juicio de nulidad interpuesto ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad, revertir esta injusticia. Mauricio Toledo sabía que parte de mis colaboradores llevaban la defensa de este locatario”.
Justamente por eso es que Toledo sigue el embate contra él, afirma, en complicidad con Mancera y la corriente de Los Chuchos.
Esto pese a que Morena ha desplegado una serie de acciones para que cese la “persecución” contra Robles Gómez, cuyo caso fue expuesto en la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre, por el legislador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez.
El excandidato de Morena a gobernador propuso un punto de acuerdo para exhortar al procurador Rodolfo Ríos Garza para investigar las amenazas contra Robles y su familia, para que investigue también la actuación de los funcionarios que manipularon la averiguación previa, en particular la agente ministerial Maribel Peláez Cosío, y también que el Tribunal Superior de Justicia para supervisar la actuación del juez que obsequió la orden de aprehensión.
En dos meses, nada ha pasado…
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