CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gabriel Corona, consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), señaló que ese órgano debió haber tenido “una acción más enérgica” para garantizar condiciones de mayor equidad y, sobre todo, ofrecer garantías a la ciudadanía de que el árbitro electoral estaba actuando de manera imparcial.
En el Estado de México “fueron recurrentes las prácticas de compra y coacción del voto… Desde mi punto de vista no se estaba votando en libertad”, admitió.
Tras detectar “errores de captura” en 114 actas de casillas, Corona lamentó que no se hubieran abierto más paquetes electorales para dar mayor certeza a los comicios realizados el pasado domingo 4.
“Frente al universo total pudiera parecer nada, porque son 18 mil 605 casillas. Sin embargo, me parece que esto tendrá que corregirse y ofrecer a la ciudadanía resultados fuera de toda duda”, señaló en entrevista para Aristegui en vivo.
Agregó: “Se cargan datos de un partido y eso provoca que los resultados pudieran ser diferentes”.
Luego de reconocer que hay “denuncias que no fueron atendidas debidamente” por el órgano electoral, Corona señaló que el IEEM no tiene propiamente una comisión de quejas y denuncias, y por ello se acude a la secretaría ejecutiva, que mostraba “una especie de cuadro resumen” del asunto, pero no se le daba seguimiento.
“El consejo general no interviene en el tratamiento que se le da a esas quejas, porque así lo diseñaron los legisladores del Estado de México y esa es una gran responsabilidad compartida… No dotaron al consejo general de instrumentos para corregir posibles desviaciones a la norma electoral en este sentido. Únicamente somos testigos mudos de lo que acontece en ese nivel porque no tenemos ninguna injerencia sobre esas quejas y denuncias que tienen que ver con la falta de equidad o el uso indebido de recursos públicos o privados”, expuso.
Y lamentó: “Nunca hubo eco de que se hiciera algo… proponer alguna responsabilidad”.
De acuerdo con el consejero electoral, entre otras denuncias de los partidos en el Estado de México destacan: el uso de los programas sociales federales y estatales, gran cantidad de espectaculares en la vía pública, y el uso de diversos mecanismos para difundir la propaganda negativa.
Añadió: “Cualquier acción que tenga como propósito cambiar la voluntad popular, me parece que esto es potencialmente una falta, una violación a la ley. Pero nuestro sistema electoral señala la obligación de que deben aportarse pruebas en ese sentido. No sé si los partidos políticos tengan las pruebas para acreditar esto que desde el órgano central se percibió como una práctica recurrente”.
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