Militares: legalizar lo ilegal Julio Hernández López

Astillero

 El Cuau: fama y elecciones

 Uso mañoso de figuras

 Morelos, deshecho por Graco

 Militares: legalizar lo ilegal

Julio Hernández López

RIVERA CARRERA HACE EXHORTO A MIGRANTES. El cardenal Norberto Rivera Carrera se reunió ayer con los periodistas que cubren sus actividades en un desayuno realizado en el Club de Banqueros, en el cual exhortó a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos a que se porten mejor para evitar una posible deportaciónFoto María Luisa Severiano

C

omo ha sucedido en otros lugares y en otros momentos, un partido político con poca presencia natural entre los electores contrató extraoficialmente los servicios de una figura famosa para tratar de inflar su cosecha de votos y tener, en forma proporcional, más dinero, privilegios y presencia. En Cuernavaca, con el ex futbolista profesional Cuauhtémoc Blanco Bravo como anzuelo mercantilmente adquirido, el Partido Socialdemócrata (PSD) de Morelos fue más allá de lo previsto: ganó la presidencia de esa capital del estado y, de pronto, los contratantes del deportista, y el propio contratado, se adentraron en las inesperadas aguas del gobierno verdadero, para lo cual no estaban realmente preparados ni unos ni otro.

Manejado por la misma persona que ejerció tal tutela durante una parte de su carrera como profesional del balompié (Juan Manuel Sanz, de origen hispano), el Cuau chocó con sus cómplices originales, los hermanos Yáñez y la camarilla del PSD, y con el profesional de las trampas Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, nacido en Tabasco, pero avecindado en Morelos, gobernador de esa entidad federativa, a quien se acusa abierta y activamente de encabezar una administración caracterizada por la corrupción, el nepotismo, el engaño y una terrible inseguridad pública.

La mezcla de farándula y política, de frivolidad e irresponsabilidad, ha colocado al ídolo de la afición del equipo América a un paso de ser destituido de la presidencia municipal de Cuernavaca, con el empuje del grupo de Graco Ramírez (su hijastro, Rodrigo Gayosso Cepeda, dirigente estatal del PRD, es un operador estelar) y la complicidad del Congreso y del supremo tribunal de justicia del estado. Así como, originalmente, muchos ciudadanos, hartos de la descomposición propiciada por el gobernador Ramírez, optaron por una carta en otro momento impensable, la de un ex futbolista profesional caracterizado por sus exabruptos personales y su poca preparación política, ahora también se nuclean, en defensa del mencionado Cuau, algunos segmentos de oposición que actúan no necesariamente en defensa del creador de la Cuauhtemiña, pero sí en rechazo a los caprichos e imposiciones del mencionado gobernador.

Frente a esa maniobra que busca botarlo de su silla política actual, el Cuau instaló una fugaz huelga de hambre en la catedral de la capital del estado, la cual recordó, por tiempo de duración y forzada apariencia contestataria, la realizada en marzo de 1995 por Carlos Salinas de Gortari, luego de que el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León había ordenado la detención de Raúl Salinas de Gortari, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu (padre de la actual canciller, Claudia) y de tráfico de influencias, evasión fiscal y otras formas de corrupción.

En el caso del Cuau puede verse la precariedad organizativa y programática de cierta oposición cívica y electoral que, al no encontrar figuras de arrastre, las toma del escaparate de los famosos. Y también pueden advertirse los signos negativos de esa recurrencia a los independientes (el caso más catastrófico es el del antes llamado Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, ahora ahorcado políticamente con su propia lengua larga de candidato prometedor que fue), a los no políticos y a los famosos (la propia Ana Gabriela Guevara, actualmente muy mencionada por razones lamentables, fue llevada al Senado, a nombre del PRD, a instancias de Andrés Manuel López Obrador, haciendo a un lado a cuadros con experiencia como Alfonso Durazo, dirigente ahora de Morena en Sonora).

En especial, habrá de verse en la próxima elección federal cuántos candidatos del tipo Cuau son habilitados por los partidos para inflar sus cifras electorales. Ah, en el caso de Blanco, ayer mismo levantó su ayuno (ya no fue mencionado como huelga de hambre) luego de que, según se dijo, le notificaron extraoficialmente del triunfo de una segunda suspensión provisional, ordenada por el Poder Judicial Federal, de acciones para quitarlo de la mencionada presidencia. Suspensión provisional, ha de insistirse, y no definitiva. Sólo en tanto se entra al fondo del asunto.

Un lector, cuyo nombre será mantenido en reserva, escribe a esta columna para comentar que la cúpula castrense, en su conjunto, quisiera una ley a modo, que les faculte a realizar lo que venían haciendo de manera extra legal: espionaje telefónico, interrumpir temporalmente las comunicaciones inalámbricas y el servicio de Internet en una región determinada, investigar y perseguir los delitos, detener ciudadanos de manera aleatoria bajo el ambiguo rubro de sospechosos, impedir el libre tránsito y las reuniones de los ciudadanos cuando lo consideren pertinente.

Además, considera el lector, “hacer más elástico para ellos el término de ‘flagrancia’, retener ‘sospechosos’ por más de 48 horas antes de hacer la consignación frente a los tribunales –es decir, realizar funciones de Ministerio Público y policía ministerial–, aplicar a los detenidos medios de ‘apremio’ para que confiesen presuntos delitos, admitir como legítimo el uso excesivo de la fuerza en cualquier circunstancia y que se justifique la magnitud de letalidad en sus operaciones”. También conseguirían “ampliar sus facultades en los cateos, que los delitos cometidos por la tropa y oficiales sólo constituyan ilícitos castrenses o incluso faltas a la disciplina militar, que no se les pidan cuentas de personas desaparecidas con posterioridad a su aprehensión por elementos militares, imponer sus determinaciones a gobernadores y presidentes municipales, pasando por alto los acuerdos de los cabildos o de los congresos locales. Y querrían se promulgara una ley de ‘Obediencia Debida’ y ‘Punto Final’, como la que exoneró a los golpistas argentinos; o el decreto ley 2.191 de amnistía, promulgado por la dictadura pinochetista (1978). Los mandos castrenses temen que eventualmente puedan ser llevarlos a juicio ante la Corte Penal Internacional, como ocurrió con el presidente de Serbia, Slobodan Milosevic”. ¡Hasta mañana!

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