Tradicionalmente el cuarto año de gobierno de los presidentes de México era el mejor, pues ya se había sacudido los lastres de administraciones anteriores y aún no se disparaban las carreras por la sucesión. Para Enrique Peña Nieto no fue así: su cuarto año muestra fehacientemente su fracaso en todos los ámbitos. Las reformas estructurales con las que pretendió “Mover a México” caen estrepitosamente, al tiempo que los problemas de corrupción e inseguridad nacionales se ventilan en todo el mundo. Pese a los enormes gastos en publicidad oficial, sus niveles de rechazo aumentan y según las encuestas, ni en su partido, el PRI, es bien visto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Enrique Peña Nieto no tiene muchos motivos para festejar. Al cumplirse cuatro años de que asumió el cargo ofreciendo “Mover a México”, hoy enfrenta la desaprobación ciudadana y múltiples señalamientos internos y externos a los resultados de su gobierno.
En el antiguo régimen priista solía decirse que el cuarto año de gobierno era el de mayor fuerza de un presidente, pues había desterrado a la clase política de su antecesor, consiguiendo apoyo en el Congreso y las gubernaturas, sin campañas sucesorias anticipadas, ya consolidado en su ejercicio personal de gobernar.
En el caso de Peña Nieto, el cuarto año es la materialización de su fracaso en todos los frentes, desde hace meses hay campañas inclusive dentro de su partido de cara a las elecciones de 2018, y no hay perspectiva de que algo pueda mejorar.
Se trata del presidente que más ha erogado en publicidad desde que ese gasto es transparente, pero el que más desaprobación tiene entre la población.
La organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, integrante de la iniciativa Publicidad Oficial, que integra a otras instancias, ha concluido que cuando menos, en los primeros tres años de gobierno, ese gasto asciende a 24 mil millones de pesos.
Paulina Castaño Acosta, investigadora de Fundar, considera que la cifra de gasto publicitario en realidad supera en mucho lo que se ha transparentado.
El domingo 20, El Universal publicó la encuesta que realiza con la agencia Buendía y Laredo. Los resultados muestran que Peña Nieto sigue con aprobación baja, la más baja del sexenio y también la más baja respecto a los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
De acuerdo con dicho estudio, sólo 25% de la población aprueba el trabajo presidencial y 66% lo desaprueba. Inclusive entre priistas el desacuerdo con su gobierno es de 52%; esto significa que, por primera vez en su administración, en las filas de su partido no tiene respaldo mayoritario.
Cabe destacar que, conforme a dicho estudio, los principales motivos de desaprobación son, en primer lugar, las reformas estructurales; le sigue la inseguridad y, finalmente, la reunión con Donald Trump.
Los ejes del rezago
El 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, comprometió numerosas acciones, a partir de lo que denominó cinco grandes ejes de gobierno. Se trataba de las políticas de seguridad, desarrollo social, gobernabilidad, economía y desempeño en el exterior. El cumplimiento de ese plan se supeditó en buena medida al arreglo entre las tres fuerzas políticas de mayor representación electoral que adoptó por nombre Pacto por México.
Por ejemplo, el primer eje de gobierno, lograr un México en Paz, es catastrófico. Hasta ahora prácticamente no hay organismo internacional que apruebe la situación de los derechos humanos en México y, el jueves 24, hasta el representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, consideró que debe plantearse el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
A la insuperada desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se suma, entre otras, la matanza de civiles en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio. Esos episodios de violencia, notorios por la participación de agentes del Estado que permanecen impunes, son evidencia de la precariedad de la política de seguridad que en el entorno internacional se está señalando.
Hasta julio pasado la información oficial arrojaba 78 mil 100 asesinatos violentos (Proceso 2079). La cifra es notable dentro y fuera del país.
El Índice de Paz Global es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Lo elaboran y publican el Institute for Economics and Peace junto a varios expertos de institutos para la paz y think tanks y el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sídney, con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist. El estudio incluye variables internas, como violencia y criminalidad; y externas, como gasto militar y las guerras en las que participa el país. México se ubica en el lugar 140 de 162 países.
Un segundo eje de gobierno fue el denominado “México Incluyente”, mediante el cual Peña Nieto propuso erradicar la pobreza. El resultado: México es uno de los tres países, junto con Guatemala y Venezuela, donde más ha crecido la pobreza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en marzo pasado detalló que la pobreza en México avanzó de 51.6% de la población del país en 2012 a 53.2% en 2014.
El mismo informe de la Cepal indicó que había erosión de los salarios mínimos como factor de empobrecimiento. De hecho, la medición de la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer en julio que México ocupa el tercer lugar con salario mínimo más bajo de América Latina y el Caribe.
Peña Nieto promovió un mejoramiento de la educación con su eje “México con Educación de Calidad” y, para cumplir ese planteamiento, apuntaló la reforma educativa: Sin embargo, la educación no mejora y, por el contrario, está en retroceso.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Global, que emite el Foro Económico Mundial, publicado a finales de septiembre pasado, México se mantuvo en el puesto número 57 respecto al periodo anterior. Sin embargo, de los cuatro indicadores medidos como requerimientos básicos, retrocedió dos puntos en Educación (ya con reforma educativa) y cuatro en Instituciones, que incluye aquellas relacionadas con seguridad y justicia.
Otro eje de gobierno fue “México Próspero”, que se basaba en la política económica. Si bien en ese caso hay factores externos, lo cierto es que su objetivo tiene también causas internas que ni siquiera con las reformas energética, hacendaria, financiera y de telecomunicaciones se pudo alcanzar; el compromiso de Peña Nieto era un crecimiento de 5% y hasta 6% anual.
Peña fue quien prometió “Mover a México” con las reformas estructurales en materia económica que promovieron infructuosamente sus antecesores, pero al conseguirlas, la economía mexicana decayó.
Los hechos son que el mejor indicador de crecimiento fue el de 2015, cuando se registró 2.5%. Para 2016 la perspectiva del Banco de México es que se alcance entre 1.7% y 2.3%. Por lo pronto, las calificadoras internacionales Standard & Poors y Fitch Ratings actualizaron en días pasados su pronóstico de crecimiento para el país a 1.9% para 2017.
Esos dos años han sido también de recortes presupuestales, y para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, numerosos programas, indispensables para el cumplimiento de los otros ejes de gobierno, padecerán recortes o de plano desaparecerán.
El quinto eje fue “México, Actor con Responsabilidad Global”, que implicaba un relanzamiento de la política exterior. Los resultados en esta materia han sido también de dudosa efectividad.
Peña Nieto es el presidente que más ha viajado al extranjero durante su período. Lleva 57 giras internacionales y una cantidad superior de países visitados.
Sin embargo, la proyección internacional ha sido desastrosa, como ocurrió con su gira por Alemania y Dinamarca a principios de este año, pues en ambos países, con el lenguaje de la diplomacia internacional, se le restregó la precariedad de los derechos humanos en el país.
Esa misma semana de la gira por Europa, la segunda de marzo, fue cuando se emitió el informe de la Cepal que el entonces secretario de Desarrollo Social refutó; un informe de derechos humanos en Estados Unidos, que refutó la cancillería, y el diferendo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que llegó a México para coadyuvar en el Caso Ayotzinapa.
Corrupción e impunidad
Los escándalos de corrupción son frecuentes en la historia política de México, pero en este sexenio deterioraron la imagen presidencial con las revelaciones periodísticas que se iniciaron con el reportaje del equipo de Carmen Aristegui, La Casa Blanca de Peña Nieto, seguido por distintas publicaciones sobre las residencias de su círculo cercano, que implican al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú.
La presión ciudadana por ese asunto, así como otros escándalos de contratismo de la élite mexiquense, motivaron una intensa presión de organizaciones ciudadanas, grupos de investigadores, e inclusive, las altas esferas del empresariado mexicano propiciaron una reforma constitucional y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La oportunidad estaba dada para que Peña Nieto superara los episodios de corrupción que marcan su sexenio; todos los actores celebraron, pues el nuevo marco legal fue reconocido en el ámbito internacional como uno de los más vanguardistas. Pero pronto las acciones presidenciales motivaron la desconfianza y hasta una nueva estrategia de presión.
“Peña Nieto empujó la reforma, pero esa conducta contrasta con los hechos porque los actos de corrupción no fueron atendidos y, en cuanto a la implementación del SNA, lo que vemos es que las designaciones no se están dando con la calidad, transparencia y objetividad necesarias”, observa Justine Dupuy.
Al designar secretaria de la Función Pública a Arely Gómez, quien era titular de la PGR, y nombrar en su lugar a Raúl Cervantes, ambos incondicionales del mandatario, surgió la desconfianza por la forma en que podría integrarse el SNA y a quién se podría impulsar en la nueva Fiscalía Anticorrupción.
Un ejemplo es la iniciativa de Ley de Archivos que empieza a discutirse y que, por lo pronto, ya generó el reclamo de la academia por considerarla regresiva.
Lourdes Morales considera, además, que uno de los aspectos más relevantes de estos años tiene que ver con el estado de deterioro de la libertad de expresión, dada la cantidad de periodistas muertos, pero también por el cierre de espacios plurales, pues uno de los riesgos en cualquier democracia es que no se cuente con una prensa libre. En particular, se refiere a los asesinatos y agresiones contra periodistas; Artículo 19 remarca el asesinato de un periodistas en México cada 16 días y una agresión cada 22 horas, la mayoría perpetrada por algún servidor público.
En general, concluye:
“Hay una situación de hartazgo que va más allá del mal humor, por las experiencias personales cotidianas y una clase política indiferente, insensible a lo que estamos viviendo los mexicanos.”
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