Si las transiciones de los gobiernos priistas de Veracruz y Chihuahua a manos de los gobernadores electos del PAN están siendo turbulentas, la del Quintana Roo que aún comanda el también priista Roberto Borge Angulo no se queda atrás. Sumido en una crisis financiera y, además, de credibilidad, al mandatario se le acusa, entre otras cosas, de querer blindarse contra la justicia, de armar una red para despojar a decenas de ciudadanos de sus terrenos y propiedades y de encabezar acciones de crimen organizado. El asesinato de uno de sus operadores, Isaías Capeline Lizárraga, muestra que el Gobierno de Borge Angulo se condujo fuera de la Ley apoyado por personajes oscuros, afirma el equipo de Carlos Joaquín González, Gobernador electo de esa entidad.

ADEMÁS

Comando ejecuta al director de Gobierno de QRoo; Fiscalía investiga nexos con crimen organizado

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo calificó como un acto del crimen organizado el asesinato del director de Gobernación de aquella entidad, Isaías Capeline Lizárraga, quien murió en el interior de su camioneta Ford Lobo abatido a disparos junto con uno de sus guardias.
El crimen se registró el pasado 14 de julio en Cancún, principal destino turístico de México y donde dos días antes se había registrado la fuga de 10 reos.
De 75 años, Capeline Lizárraga era considerado un funcionario que recibía órdenes directas del saliente Gobernador priísta Roberto Borge Angulo. De acuerdo con la oposición, lo mismo encabezaba las actividades policiacas que los programas sociales, el espionaje, el “trabajo sucio” y la mano dura contra los adversarios políticos.
“Yo creo que sabía mucho”, dice el Diputado local independiente Jorge Aguilar Osorio en entrevista vía telefónica. “Era un personaje muy obscuro, de toda la confianza del Gobernador del estado y que tenía información que podía afectar a muchos”, agrega el ex perredista, a quien Capeline acusó en una entrevista de lanzarle amenazas de muerte.
La administración de Borge Angulo deja más de 22 mil 400 millones de pesos en deuda pública y, ante la derrota frente a la oposición, buscó “blindaje” con el nombramiento de magistrados y un fiscal anticorrupción emanado de su gabinete.
Una de las denuncias de corrupción difundida en los últimos meses señala la existencia de una red de servidores públicos de su administración dedicados a operar decenas de actos de despojo en las costas del estado.
El método, publicó el pasado mes de julio la organización de investigación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, consistió en crear, desde el Gobierno local, falsas demandas laborales e incluso compras inscritas de manera ilegal en el Registro Público de la Propiedad y que, a través de la fuerza pública, habrían logrado afectar a decenas de dueños de terrenos costeros.
En la red, agregó la investigación publicada, están involucrados funcionarios como el ex Secretario del Trabajo, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, y el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda, además del ex director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Alejandro Lima Carvajal, nombrado recientemente Magistrado por Borge.
“El asunto es que tenemos un Gobierno estatal que actúa más allá de sus obligaciones y mandatos legales, que hacía cosas que estaban fuera de la Ley, soterradas”, dice Julián Ricalde Magaña, integrante del equipo de transición del Gobernador electo, Carlos Joaquín González, en entrevista con SinEmbargo.
“Y precisamente este personaje [Isaías Capeline Lizárraga] representa eso: el trabajo que no está dentro de las facultades y órdenes constitucionales. Era director de Gobernación, pero al mismo tiempo director de programas sociales, y lo mismo operaba cuestiones políticas que era el brazo ejecutor de acciones delictivas, como mandar a quemar autos, golpear opositores allanar oficinas, ordenar asaltos; en fin, un personaje grotesco”, agrega Ricalde Magaña, también ex Alcalde perredista de Benito Juárez.
Por eso el crimen, en el contexto del fin de la administración, fue considerado de inmediato en Quintana Roo parte de la búsqueda de protección de quienes podrían verse afectados por la información oficial que poseía.
“No tenemos las pruebas para poder asumir algo al respecto –dice Ricalde–, pero le voy a decir lo que algunos periódicos consignaron al dar la noticia: ‘silencian a Capeline’”.