El conflicto abierto con el secretario ejecutivo de la CIDH se suma a la ríspida relación del gobierno mexicano con el grupo de expertos que investiga el caso Ayotzinapa.
“Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez, no hay precedente de investigación previa sobre el secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria”, aseveró Emilio Álvarez Icaza sobre la investigación en su contra por una denuncia penal que calificó de “temeraria e infundada”.
La denuncia fue presentada por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez, por una supuesta malversación de los fondos públicos que fueron entregados a través de la CIDH al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de 43 estudiantes mexicanos; se le acusa de haber realizado actividades que no están vinculadas con lo establecido en el acuerdo.
En conferencia de prensa, el secretario consideró “inaudito” que la PGR haya abierto una investigación previa sobre esa denuncia y participe en una “campaña de desprestigio”.
Aseveró que tan “sólo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque”.
“Los ataques se vienen dando desde octubre (de 2015) y ya hemos tenido que salir dos veces, y en ocasiones los silencios son más preocupantes”, señaló.
“De continuar (el gobierno) con su campaña (de desprestigio), será una señal clara de un regreso al México autoritario“, subrayó Álvarez Icaza.
“Si (el gobierno mexicano) ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país”, comentó.
Álvarez Icaza concluye su mandato el próximo 16 de agosto y regresará a México.
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