Además exige al gobierno de Guerrero que repare el daño
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de febrero de 2016, p. 10
Miércoles 10 de febrero de 2016, p. 10
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para insistir en la liberación de Nestora Salgado y exigir al gobierno de Guerrero que cubra la reparación del daño y le garantice una protección adecuada.
En su propuesta, el diputado Emiliano Álvarez López resaltó que esa entidad está inmersa en una crisis humanitaria sin precedente, mientras las autoridades fueron
rebasadas y suplantadas por el poder fáctico del crimen organizado.
Refirió que ya el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la Organización de Naciones Unidas solicitó al gobierno de México la liberación de la ex comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, así como que se le proporcione una compensación apropiada.
El legislador de Morena expuso que durante la conducción de Nestora Salgado en la policía comunitaria cesaron los homicidios y la delincuencia disminuyó 90 por ciento en Olinalá, por lo que
muchos habitantes consideraban su liderazgo como un respiro y una esperanza.
Sin embargo, abundó, la policía comunitaria trastocó intereses encubiertos de las fuerzas de seguridad oficial y el crimen organizado, y esa fuerza social fue
atacada de manera virulenta por los gobiernos federal y estatal, así como el Ejército, al grado de que algunos de sus integrantes están presos por prestar un servicio a la sociedad.
Álvarez López recordó que la detención del síndico priísta Armando Patrón Jiménez motivó la captura de Nestora Salgado el 23 de agosto de 2013.
Como parte de su trabajo, ella detuvo a Patrón Jiménez y a sus cómplices que robaban ganado y ya habían asesinado al dueño de las reses. Los amigos y familiares de Armando Patrón la acusaron de secuestro, afirmó.
El legislador indicó que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su policía
constituyen uno de los procesos autonómicos más importantes en el país, particularmente en sus prácticas de justicia y seguridad, basadas en asambleas comunitarias como máximos órganos de autoridad y decisión.
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