MADRID (proceso.com.mx).— El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenó la prisión provisional sin fianza para el exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, por la gravedad de los delitos presuntamente cometidos, entre ellos blanqueo de capitales, pero sobre todo por los riesgos de fuga y de la destrucción de pruebas.
De acuerdo al texto del auto judicial, De la Mata advierte que la investigación que inició en marzo de 2014, incluye informes policiales, informes de posición y estados de cuentas corrientes y transferencias bancarias, otros sobre la estructura de la organización, personas vinculadas y sociedad que la integran y la intercepción telefónica.
De ello se desprende que durante su estancia en España, el también exgobernador de Coahuila, tenía al menos tres cuentas bancarias en las que figuraba como titular, que “han sido beneficiadas de transferencias de fondos procedentes de dos sociedades identificadas como Unipolares y Espectaculares del Norte y de Negocios, Asesoría Publicidad, así como de cuatro ingresos en efectivo y una transferencia de persona física adicional por 55 mil 458,26 euros”.
“En total, se reporta que los fondos de los que ha sido beneficiario Moreira Valdés durante su estancia en España habrían ascendido a 199 mil 097 euros” (unos 4 millones de pesos), asienta.
En su declaración ante el juez De la Mata, Moreira declaró que recibía mensualmente recursos de esas dos empresas de su propiedad, que “era para atender a su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España mientras cursaba estudios de postgrado”.
El juez concluye que, sin perjuicio que a lo largo de la investigación, Moreira pueda aportar elementos de prueba, “estas explicaciones no justifican, por ahora, el monto total recibido, ni los ingresos en efectivo por elevados importes”, propias de la práctica de blanqueo de dinero, “ni las relaciones personales que se desprenden de las observaciones telefónicas practicadas”.
Al argumentar su decisión de enviarlo a prisión, el magistrado se centra en el riesgo de fuga que “se acentúa por la facilidad que tiene el investigado por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española”.
También dictó la medida porque el investigado ante su carencia de “arraigo” en España y tener “intereses en distintos países”, se debía asegurar “que puedan llevarse a la práctica otras diligencias de investigación y puedan obtenerse otras pruebas que, (en) caso de estar en libertad, podrían ser eliminadas”.
El juez 5 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia envió a Moreira a la prisión de Soto del Real, a unos 60 kilómetros de esta capital, por su participación en los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.
El ex dirigente nacional del PRI fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el viernes 15 a las 13:00, apenas arribar procedente de la Ciudad de México.
El auto del juez español señala que la detención se produce al recibir la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que proceda a la detención de Moreira por su participación en los delitos antes citados.
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