Cables obtenidos por el National Security Archive (NSA) muestran la preocupación del gobierno estadounidense por las muertes de dos normalistas el 12 de diciembre de 2011. El entonces embajador de EU en México señaló a las distintas autoridades mexicanas por acusarse mutuamente.
Hubo evidencia suficiente para considerar comodesconcertantes y de mano dura las tácticas policiacas usadas contra normalistas de Ayotzinapa, dijo el ex embajador de Estados Unidos en México,Anthony Wayne, después que agentes estatales y federales reprimieron una protesta en diciembre de 2011, que acabó con las muertes de dos estudiantes y un empleado de una gasolinería, de acuerdo con comunicaciones que el diplomático envió a Washington.
El cable en el que Wayne habló de los normalistas fue obtenido por la organización National Security Archive (NSA), dedicada a conseguir documentos oficiales mediante mecanismos de transparencia y que compartió esa información con Aristegui Noticias.
La comunicación fue enviada desde la embajada de Estados Unidos hacia la Secretaría de Estado y a otras 10 dependencias de ese país, entre ellas la CIA y el FBI. En su mensaje, el embajador sentenció:
“Sin tomar en cuenta quién es responsable de las muertes, la evidencia de tácticas policiacas de mano dura son fuertes y desconcertantes”.
Aquel 12 de diciembre de 2011, un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos protestaban para lograr un acercamiento con el ahora ex gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre. Alrededor del mediodía, bloquearon la autopista del Sol, cerca de la ciudad de Chilpancingo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pedían mejores condiciones para su escuela, pero Aguirre no había querido recibirlos.
Pocos minutos después, elementos de la Policía Federal llegaron donde estaban los normalistas. Los estudiantes lanzaron piedras; los policías, una granada de gas lacrimógeno y disparos al aire. Los federales detuvieron a varios muchachos, según la CNDH.
Para entonces ya había iniciado un incendio en una gasolinería cercana al lugar donde ocurría el enfrentamiento.
A las 12:17 del día, aparecieron policías ministeriales de la Procuraduría General del Estado de Guerrero. Los federales les entregaron a los normalistas que habían detenido. Al mismo tiempo llegaron hombres vestidos de civil con armas largas, quienes después fueron identificados como policías estatales, según la misma CNDH.
Uno de los trabajadores de la gasolinería que ardía en llamas, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, intentó contener el incendio de una de las bombas de suministro. Sufrió quemaduras en más del 40% de su cuerpo y semanas después falleció. La CNDH señaló a los normalistas como los responsables de haberle prendido fuego, pero ellos lo negaron y dijeron que pudo ser un policía vestido de civil.
El saldo final fue de 3 muertos. Los cuerpos de dos normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quedaron tendidos sobre la autopista a causa de las balas. También falleció el trabajador de la gasolinería, quien logró evitar una explosión mayor. Otras 4 personas resultaron heridas por arma de fuego, tres estudiantes y el conductor de un camión que transitaba por esa zona.
Después de estos hechos, el ex embajador Wayne envió el mensaje a Washington, que tituló como “Protestas violentas en Guerrero dejan dos muertos, autoridades se señalan con el dedo”.
El diplomático relató cómo fue que el gobierno estatal culpó a los federales de disparar contra los jóvenes; en tanto que la Policía Federal dijo que fueron los policías de Guerrero quienes estaban en el lugar de donde salieron los disparos.
“Las autoridades estatales inicialmente reaccionaron a la defensiva e intensamente, al culpar a las víctimas y negar cualquier responsabilidad [...]. El caso está siendo investigado por autoridades estatales y federales y Aguirre y sus colaboradores estarán bajo una presión inmensa para realizar una investigación exhaustiva, aunque no se esperan resultados en el corto plazo”, concluyó el comentario de Wayne.
El gobierno estatal había publicado un video en el que se veía a la Policía Federal golpear a los manifestantes y hacer al menos un disparo al aire; mientras que la Policía Federal presentó un peritaje que decía que las balas se habían disparado desde el lugar en el que estaban los agentes estatales.
Los únicos funcionarios procesados por las muertes de ese 12 de diciembre fueron dos agente estatales, Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés, quienes quedaron libres en abril de 2013, después que un juez determinó que no había elementos suficientes que probaran su culpabilidad.
Tanto el ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, como el entonces comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, continuaron sus carreras como funcionarios públicos. López Rosas, regresó al gabinete de Aguirre como secretario del trabajo, hasta que ocurrió la matanza de Iguala en 2014; mientras que Facundo Rosas fue secretario de Seguridad Pública de Puebla hasta julio de 2015, cuando la PGR reveló una investigación en su contra por robo de combustible .
Anthony Wayne dejó la embajada en México desde julio de este año y está por relevarlo Roberta Jacobson, quien aún espera la ratificación del Senado de Estados Unidos.
*El cable:
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