jueves, 3 de septiembre de 2015

Morena propone recortas gastos sin perjudicar inversión pública

Los diputados de Morena desplegaron en tribuna una manta para llamar la atención sobre su propuesta de Ley de Austeridad Republicana (Cuartoscuro).


CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que Morena anunció este martes plantea 27 recortes al presupuesto de 2016, para ahorrar 450,000 millones de pesos, "sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del gobierno".
La propuesta del partido fundado en 2014 por el excandidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador propone medidas como reducir salarios y prestaciones de los altos funcionarios, así como el dinero público que se destina a los partidos, sin golpear programas sociales, servicios públicos ni la inversión en infraestructura.
Entre los recortes planteados, el documento entregado por Morena a la Cámara de Diputados prevé...
1. 30,946 millones por reducción de 50% en los ingresos de la alta burocracia, que representa 30% de la nómina.
La iniciativa deja en 70 salarios mínimos el tope máximo de ingresos para el titular del Ejecutivo federal; 60 para los secretarios de Estado; 50 para los subsecretarios, y 40 para los directores generales. Con este esquema, el sueldo del presidente pasaría de 208,571 a 147,210.
2. 62,524 millones por disminución de 37% en gratificaciones, compensaciones y primas de la alta burocracia.
3. 5,012 millones por reducción de 5% en la partida por gastos de seguros médicos y de retiro solo de la alta burocracia.
4. 112,521 millones por reducción de 43% en la partida "Otras prestaciones sociales y económicas".
5. 3,539 millones por reducción de 15% en el rubro para nuevas plazas e incremento de las percepciones.
6. 10,630 millones por recorte a los estímulos de la alta burocracia.
7. 7,436 millones por ajustes en las partidas destinadas a papelería y equipos de oficina.
8. 2,199 millones por recorte a la partida de alimentos y utensilios, sin afectar el gasto destinado a Fuerzas Armadas, reclusorios, seguridad pública y unidades de salud.
9. 7,826 millones por recorte de 25% en la partida por adquisición de papel, cartón e impresos, entre otros conceptos, de la partida de "Materias primas y materiales de producción y comercialización".
10. 1,215 millones por la reducción de 20% en remodelación y adecuación de oficinas.
11. 11,255 millones por reducción de 15% mediante una mayor eficiencia en la adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
12. 33,286 millones por eliminación de sobreprecios a particulares generadores de energía, proveedores de la partida "Combustibles, lubricantes y aditivos".
13. 2,248 millones por mayor eficiencia en las compras de la partida "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos".
14. 56 millones por adquisiciones no necesarias de "Materiales y suministros para seguridad".
15. 956 millones por eficiencia en compras de "Herramientas, refacciones y accesorios menores".
16. 8,366 millones por reducción de 25% en telefonía y radiolocalización.
17. 17,866 millones por depuración de arrendamientos en edificios, bodegas, terrenos, equipos informáticos y vehículos, como el esquema de arrendamiento contratado para el pago del avión presidencial.
18. 63,270 millones por la revisión y eliminación de contratos de consultoría y asesoría no indispensables en el rubro "Servicios profesionales, científicos, técnicos".
19. 10,740 millones por reducción en el pago de comisiones de servicios de administración y gestión de recursos por la revisión de contratos de la partida "Servicios financieros, bancarios y comerciales".
20. 12,820 millones por el recorte de 40% por cierre de oficinas y freno de remodelaciones y reubicaciones.
21. 2,078 millones por reducción de 50% de los contratos en "Servicios de comunicación social y publicidad".
22. 5,313 millones por racionalización de programas de viaje y tarifas excesivas, así como la reducción en las estancias.
23. 1,943 millones por eliminación de funciones y gastos ceremoniales no indispensables, así como por la reducción de contratos de representación y convenciones.
24. 3,496 millones por ahorro en "Otros servicios generales" por duplicación de gastos en otras partidas, particularmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
25. 16,123 millones por recorte general de menos de 1% a lo destinado a "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", una disminución de 2% a los aportes de fideicomisos y ayudas, y de 90% en las trasferencias al exterior (gobiernos extranjeros y organismos internacionales).
26. 3,495 millones por recortes en el presupuesto para partidos y grupos parlamentarios.
27. 13,411 millones por ahorros en reparaciones, adquisición de vehículos y bienes inmuebles, entre otros, que no son indispensables.
Prohibiciones
La propuesta incluye prohibir la contratación de servicios de seguridad social privados para los servidores públicos.
Tampoco estarían permitidos los seguros de separación individualizados y de vida, las pensiones vitalicias y preferenciales para altos funcionarios, bonos y la contratación de secretarios privados.
Las escoltas y los autos blindados solo estarían permitidos para los funcionarios que lo requieran por cuestiones de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad nacional, y "en caso de ser necesario y por un plazo determinado".
También quedaría prohibido para los Poderes de la Unión, los órganos autónomos y demás autoridades que ejerzan gasto público contratar publicidad; los únicos tiempos que se podrían usar serían los del Estado en radio y televisión.
Los vehículos oficiales únicamente podrían sustituirse cuando tengan más de seis años de uso, o cuando su costo de mantenimiento sea igual o mayor al doble de su valor de adquisición. Los autos nuevos no podrían rebasar cierto precio, salvo que por las condiciones geográficas o de uso de infraestructura carretera lo amerite.
Morena plantea que los servidores públicos federales que efectúen viajes oficiales al extranjero lo hagan en vuelos comerciales, y sin utilizar servicios de transportación, alojamiento o alimentación de lujo.
Así, quedaría prohibido el uso de aeronaves privadas con cargo al presupuesto, salvo por los encargados de seguridad y protección civil, en casos de desastre o de atención sanitaria de emergencia.

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