En El Universal, el periodista Ricardo Rocha, escribe que: “más allá de quién tiene la razón, en cualquier país civilizado la discusión sería vergonzante: ¿Los quemaron o no? ¿Los enterraron o no? ¿Los torturaron o no? ¿Los mataron o no? ¿Dónde están sus cuerpos? En un nuevo episodio de la infamia, vinieron de fuera para decirnos que somos unos ineptos, unos mentirosos o unos asesinos. Ya casi un año […] y todavía no hemos podido respondernos qué fue lo que pasó con los 43 jóvenes normalistas. El ‘Informe Ayotzinapa’ […], con la investigación alternativa realizada por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), echa por tierra la mal llamada ‘Verdad Histórica’ […], se denuncian numerosas omisiones, inconsistencias e ineptitudes en la investigación original de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero lo más impactante ha sido la conclusión de que la supuesta quema de cuerpos en el basurero de Cocula fue imposible. O sea que nunca se realizó, según estableció la PGR en su Verdad Histórica […]. Por supuesto que la pregunta obligada es ¿si no fueron incinerados, dónde están? Así que ante la falta de evidencias, me atrevo a afirmar que dos de los que saben qué pasó en esas horas negras están en manos del Gobierno federal desde hace meses: el entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda […]. ¿Alguien puede creer que desde que fueron capturados en el Distrito Federal (DF) el 4 de noviembre de 2014, no han aportado nada al esclarecimiento de la verdad en este caso del oprobio? ¿O será que lo revelado por los Abarca es tan terrible que el Gobierno ha preferido acallarlos en una versión de Aburtos 2015? Ahora se anuncia un nuevo encuentro del Presidente Peña Nieto con los padres de los normalistas y una tercera investigación ‘con expertos del más alto nivel’, donde supuestamente se incluirían los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH. A ver si es cierto. Pero si se valen sugerencias, no se hagan bolas: interroguen a los Abarca”.
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “la noche de Iguala no deja de ser noticia. A casi un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lejos están de acabarse las investigaciones. Los peritajes confirman que los únicos responsables fueron José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, su esposa. Lograron posicionar su imperio delincuencial en la región cuando fungió como edil e inclusive grupos rivales le exigieron la plaza. Su involucramiento con el crimen organizado está plenamente confirmado. En 2013, La Familia le secuestró a la suegra para, a cambio de recuperarla, quitarlo del camino y que les entregara el territorio que ya tenía dominado. ¿Y de Ángel Aguirre, el entonces gobernador, ya nadie se acuerda?”.
Histórica, la verdad más frágil
En Milenio, el periodista Joaquín López Dóriga, escribe que: “no sé en qué momento el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo, afirmó en enero pasado que en la averiguación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa […], había llegado a la ‘verdad histórica’, como si encontrarla estuviese entre las atribuciones del Ministerio Público de la Federación […]. En el tema de la verdad tenemos una primera gran división: la subjetiva […] y la objetiva […]. Pero también está la verdad ontológica y epistemológica; la verdad material y la formal; la verdad moral, científica, filosófica, lógica, universal; la verdad ‘religiosa’, jurídica, procesal; la verdad indeterminada, contingente, semántica, gramatical; la verdad metafísica, ética, existencial; la verdad revelada y la llamada verdad histórica que fue la que, entre todas, citó el entonces titular de la PGR, Murillo, para intentar dar por ‘cerrado’ el caso de los 43 desaparecidos en Iguala. Siempre he sostenido que de todas las verdades, las más frágiles son las religiosas, las objetivas y, sobre todo, las históricas. Y es que esta última, aun sujetándose a patrones de registro, tiene un fallo central: la hace o dice quien tiene el poder o gana las guerras, lo que la convierte en manipulable y con el tiempo en la más endeble y rechazable. Por eso, aún hoy, no alcanzo a entender por qué al resultado de una averiguación previa del Ministerio Público de la Federación se le dio categoría de ‘verdad histórica’. Eso la hizo más frágil, más fácil de tirar que una verdad jurídica, que, creo, es lo que se buscaba y se sigue buscando hoy a casi un año de la desaparición en Iguala, de los 43 normalistas. Y en eso seguimos atrapados”.
En Milenio, el periodista Joaquín López Dóriga, escribe que: “no sé en qué momento el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo, afirmó en enero pasado que en la averiguación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa […], había llegado a la ‘verdad histórica’, como si encontrarla estuviese entre las atribuciones del Ministerio Público de la Federación […]. En el tema de la verdad tenemos una primera gran división: la subjetiva […] y la objetiva […]. Pero también está la verdad ontológica y epistemológica; la verdad material y la formal; la verdad moral, científica, filosófica, lógica, universal; la verdad ‘religiosa’, jurídica, procesal; la verdad indeterminada, contingente, semántica, gramatical; la verdad metafísica, ética, existencial; la verdad revelada y la llamada verdad histórica que fue la que, entre todas, citó el entonces titular de la PGR, Murillo, para intentar dar por ‘cerrado’ el caso de los 43 desaparecidos en Iguala. Siempre he sostenido que de todas las verdades, las más frágiles son las religiosas, las objetivas y, sobre todo, las históricas. Y es que esta última, aun sujetándose a patrones de registro, tiene un fallo central: la hace o dice quien tiene el poder o gana las guerras, lo que la convierte en manipulable y con el tiempo en la más endeble y rechazable. Por eso, aún hoy, no alcanzo a entender por qué al resultado de una averiguación previa del Ministerio Público de la Federación se le dio categoría de ‘verdad histórica’. Eso la hizo más frágil, más fácil de tirar que una verdad jurídica, que, creo, es lo que se buscaba y se sigue buscando hoy a casi un año de la desaparición en Iguala, de los 43 normalistas. Y en eso seguimos atrapados”.
Estado ausente
En el diario Reforma, el académico, columnista y politólogo, Sergio Aguayo, escribe que: “hace décadas el Estado mexicano perdió el monopolio en el uso legítimo de la fuerza y este domingo un grupo de expertos llegados del extranjero mostró las consecuencias [...]. El uso ilegítimo de la fuerza es el hilo que conecta la Guerra Sucia con Aguas Blancas, Acteal, Villas de Salvárcar, Allende (Coahuila), San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, en un interminable listado. Iguala destaca porque muestra la participación de todos los partidos, incluido el principal heredero de las víctimas del 68. Tras la desaparición de los normalistas está la frivolidad con la cual la principal tribu perredista -Nueva Izquierda- invitó a un títere del crimen organizado a saquear y ensangrentar Iguala, mientras los Gobiernos estatal y federal se volteaban hacia otro lado para encubrir una impotencia observable en un recorrido por las oscilaciones de un Estado sin claridad ni rumbo [...]. El pasado domingo el GIEI refutó y ridiculizó el trabajo de un Estado desordenado, remendón e incompetente. Sorpresivamente el Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un arranque de humildad y acepta el regaño público [...]. ¿Cómo interpretar la señal de apertura del Gobierno peñanietista? El impulso lógico es verlo como otro acto de demagogia. Sin embargo, es tan grave el momento que resulta prudente esperar un poco para observar si hay resultados concretos [...]. Las palabras sobrarán si la clase política se olvida de combatir la corrupción, la impunidad y el desorden tomando como referente que el Estado mexicano perdió su esencia cuando pervirtió su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza. Se convirtió en Estado ausente”.
En el diario Reforma, el académico, columnista y politólogo, Sergio Aguayo, escribe que: “hace décadas el Estado mexicano perdió el monopolio en el uso legítimo de la fuerza y este domingo un grupo de expertos llegados del extranjero mostró las consecuencias [...]. El uso ilegítimo de la fuerza es el hilo que conecta la Guerra Sucia con Aguas Blancas, Acteal, Villas de Salvárcar, Allende (Coahuila), San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, en un interminable listado. Iguala destaca porque muestra la participación de todos los partidos, incluido el principal heredero de las víctimas del 68. Tras la desaparición de los normalistas está la frivolidad con la cual la principal tribu perredista -Nueva Izquierda- invitó a un títere del crimen organizado a saquear y ensangrentar Iguala, mientras los Gobiernos estatal y federal se volteaban hacia otro lado para encubrir una impotencia observable en un recorrido por las oscilaciones de un Estado sin claridad ni rumbo [...]. El pasado domingo el GIEI refutó y ridiculizó el trabajo de un Estado desordenado, remendón e incompetente. Sorpresivamente el Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un arranque de humildad y acepta el regaño público [...]. ¿Cómo interpretar la señal de apertura del Gobierno peñanietista? El impulso lógico es verlo como otro acto de demagogia. Sin embargo, es tan grave el momento que resulta prudente esperar un poco para observar si hay resultados concretos [...]. Las palabras sobrarán si la clase política se olvida de combatir la corrupción, la impunidad y el desorden tomando como referente que el Estado mexicano perdió su esencia cuando pervirtió su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza. Se convirtió en Estado ausente”.
Del #YaMeCansé al #NoVoyaSalir
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “nada de salidas en falso. Del #YaMeCansé al #NoVoyaSalir a responder al informe del GIEI de la CIDH, es la definición del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam. Sus colaboradores más cercanos han enviado el mensaje de que don Jesús no va a salir a medios a defender la ‘verdad histórica’ de su investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El también ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cargo en el que duró apenas unos meses, ha defendido en privado el curso de sus indagatorias y no hay un tema que le apasione más desde hace casi un año. Sin embargo, nos dicen, no hay manera alguna de que salga a responder a los señalamientos y las conclusiones de los investigadores del GIEI, nos comentan”.
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “nada de salidas en falso. Del #YaMeCansé al #NoVoyaSalir a responder al informe del GIEI de la CIDH, es la definición del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam. Sus colaboradores más cercanos han enviado el mensaje de que don Jesús no va a salir a medios a defender la ‘verdad histórica’ de su investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El también ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cargo en el que duró apenas unos meses, ha defendido en privado el curso de sus indagatorias y no hay un tema que le apasione más desde hace casi un año. Sin embargo, nos dicen, no hay manera alguna de que salga a responder a los señalamientos y las conclusiones de los investigadores del GIEI, nos comentan”.
En el Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “aunque todo indica que el mayor damnificado por las nuevas revelaciones en el Caso Ayotzinapa es el ex procurador Jesús Murillo Karam, otros políticos también están tragando gordo. Es el caso del flamante presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano. El carpetazo que dio la PGR le permitió al ex dirigente perredista ‘superar’ el asunto -como diría el clásico- y meterse de lleno a la grilla parlamentaria. Pero ahora que las investigaciones se reabren y podrían ir por derroteros no explorados, su nombre pinta para salir de nuevo a la palestra, lo que complicaría su gestión al frente de la Mesa Directiva de San Lázaro. Porque ni modo que ya nadie se acuerde de la cercanía de ‘Los Chuchos’ con el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, señalado por la desaparición de los 43 normalistas, quien está preso por delincuencia organizada”.
Una bandera de muladar
En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “diputados y senadores que medran desde la oposición (adversarios mucho más del sentido común que del priato), sin sustento legal o ético alguno, se apresuran a exigir la ‘comparecencia’ o ‘que se castigue’ a los responsables de la investigación que conduce al basurero de Cocula. Con Jesús Murillo Karam como principal objetivo, su linchamiento mediático agravia el honor de más de un centenar de peritos y especialistas mexicanos en múltiples disciplinas, pero no solo de la PGR, sino de los institutos de Biología y Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como del Mexicano del Petróleo. Para vergüenza de esos legisladores, en dos o tres días vienen conociéndose informaciones clave y opiniones calificadas que ponen en entredicho el punto que, aunque quizá sea de lo menos importante, sin duda es el más escandaloso del estudio de los expertos de la CIDH. El menos importante porque en ese muladar u otro sitio fueron quemados los cuerpos de muchos o todos los ‘desaparecidos’ y nada indica que uno solo de los 43 esté vivo. Y lo más escandaloso es que un basurero se vuelva otra bandera política… para el puro desmadre”.
En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “diputados y senadores que medran desde la oposición (adversarios mucho más del sentido común que del priato), sin sustento legal o ético alguno, se apresuran a exigir la ‘comparecencia’ o ‘que se castigue’ a los responsables de la investigación que conduce al basurero de Cocula. Con Jesús Murillo Karam como principal objetivo, su linchamiento mediático agravia el honor de más de un centenar de peritos y especialistas mexicanos en múltiples disciplinas, pero no solo de la PGR, sino de los institutos de Biología y Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como del Mexicano del Petróleo. Para vergüenza de esos legisladores, en dos o tres días vienen conociéndose informaciones clave y opiniones calificadas que ponen en entredicho el punto que, aunque quizá sea de lo menos importante, sin duda es el más escandaloso del estudio de los expertos de la CIDH. El menos importante porque en ese muladar u otro sitio fueron quemados los cuerpos de muchos o todos los ‘desaparecidos’ y nada indica que uno solo de los 43 esté vivo. Y lo más escandaloso es que un basurero se vuelva otra bandera política… para el puro desmadre”.
Crimen institucionalizado
En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: “extraña construcción conceptual de un político bajo ácidas acusaciones relacionadas con enriquecimiento cuando menos inmobiliario: ‘Después de esta experiencia’, dijo Enrique Peña Nieto al periodista Carlos Marín en relación con la Casa Blanca y la eventual aparición postsexenal de otras propiedades lujosas que ahora se compraran, ‘ni siquiera me anima, ni deseo tengo, y aunque lo hiciera de forma legal y legítima, por ahora, de adquirir algo’. Ni aunque fuera legal y legítimo (Nafulele), como si tales características fueran una excepción y no una regla o, desde otra perspectiva, como si anteriores operaciones mercantiles de esa índole hubiesen estado afectadas de ilegalidad e ilegitimidad [...]. Funcionarios del gabinete peñista y el propio jefe de ellos emiten declaraciones divergentes y contrapuestas, con un segmento dedicado a una abierta defensa de la narrativa del ex fabulador general de la república y el propio Peña Nieto moviéndose en dos aguas, reservándose cierta franja de protección por si la chamusquina es generalizada [...]. Del crimen organizado al crimen institucionalizado, en una nación incapaz de realizar una investigación judicial honesta y confiable en un tema que ha golpeado la conciencia nacional y ha sumido al Gobierno actual en una crisis de consecuencias graves [...]. Crimen institucionalizado en un país donde se multiplican las grabaciones telefónicas que dan cuenta de los arreglos obscenos entre directivos de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) y funcionarios de diverso nivel [...] mientras resuenan las palabras cupulares: ni aunque fuera legal y legítimo, la doctrina Nafulele”.
En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: “extraña construcción conceptual de un político bajo ácidas acusaciones relacionadas con enriquecimiento cuando menos inmobiliario: ‘Después de esta experiencia’, dijo Enrique Peña Nieto al periodista Carlos Marín en relación con la Casa Blanca y la eventual aparición postsexenal de otras propiedades lujosas que ahora se compraran, ‘ni siquiera me anima, ni deseo tengo, y aunque lo hiciera de forma legal y legítima, por ahora, de adquirir algo’. Ni aunque fuera legal y legítimo (Nafulele), como si tales características fueran una excepción y no una regla o, desde otra perspectiva, como si anteriores operaciones mercantiles de esa índole hubiesen estado afectadas de ilegalidad e ilegitimidad [...]. Funcionarios del gabinete peñista y el propio jefe de ellos emiten declaraciones divergentes y contrapuestas, con un segmento dedicado a una abierta defensa de la narrativa del ex fabulador general de la república y el propio Peña Nieto moviéndose en dos aguas, reservándose cierta franja de protección por si la chamusquina es generalizada [...]. Del crimen organizado al crimen institucionalizado, en una nación incapaz de realizar una investigación judicial honesta y confiable en un tema que ha golpeado la conciencia nacional y ha sumido al Gobierno actual en una crisis de consecuencias graves [...]. Crimen institucionalizado en un país donde se multiplican las grabaciones telefónicas que dan cuenta de los arreglos obscenos entre directivos de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) y funcionarios de diverso nivel [...] mientras resuenan las palabras cupulares: ni aunque fuera legal y legítimo, la doctrina Nafulele”.
Ecos del Informe. Las cifras perdidas
En Milenio, el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, escribe que: “es parte del hábito nacional suponer que las cifras del Informe presidencial están maquilladas, mejoradas mañosamente o simplemente falsificadas, para que los logros del Presidente luzcan abrumadores. El Informe es un acto de autoridad que incluye el derecho a aburrir a la audiencia. La retahíla de cifras se ha reducido bastante y la duración del Informe también. Pero las cifras siguen sin oírse, porque siguen siendo excesivas, no se jerarquizan, y las realmente importantes no vienen acompañadas de profundidad analítica y toma de posiciones sobre su significado. Un ejemplo: la reducción de homicidios anunciada por el Presidente Peña Nieto […]. Creo que los ciudadanos habrían escuchado con interés la explicación del Presidente de por qué sucedió esto, qué hizo el Gobierno para lograrlo, qué le falta por hacer y por qué la percepción de violencia es mayor en medio de su reducción absoluta. Lo mismo puede decirse de otras cifras fundamentales del Informe sobre empleo, inversión, impuestos, crédito, reducción de tarifas, etcétera. Son cifras perdidas o mudas, fundamentalmente porque el Gobierno no las explica, acaso porque no quiere entrar al debate de lo que significan para él”.
En Milenio, el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, escribe que: “es parte del hábito nacional suponer que las cifras del Informe presidencial están maquilladas, mejoradas mañosamente o simplemente falsificadas, para que los logros del Presidente luzcan abrumadores. El Informe es un acto de autoridad que incluye el derecho a aburrir a la audiencia. La retahíla de cifras se ha reducido bastante y la duración del Informe también. Pero las cifras siguen sin oírse, porque siguen siendo excesivas, no se jerarquizan, y las realmente importantes no vienen acompañadas de profundidad analítica y toma de posiciones sobre su significado. Un ejemplo: la reducción de homicidios anunciada por el Presidente Peña Nieto […]. Creo que los ciudadanos habrían escuchado con interés la explicación del Presidente de por qué sucedió esto, qué hizo el Gobierno para lograrlo, qué le falta por hacer y por qué la percepción de violencia es mayor en medio de su reducción absoluta. Lo mismo puede decirse de otras cifras fundamentales del Informe sobre empleo, inversión, impuestos, crédito, reducción de tarifas, etcétera. Son cifras perdidas o mudas, fundamentalmente porque el Gobierno no las explica, acaso porque no quiere entrar al debate de lo que significan para él”.
Reuniones y pendientes
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “el Presidente Enrique Peña Nieto tuvo que disculparse con los organizadores de la comida de los 300 líderes porque cuestiones de agenda privada le impidieron llegar, a pesar de ser uno de los invitados especiales. Cuentan que el mandatario y su equipo estuvieron analizando los puntos que se tocarán en la próxima reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que puede llevarse a cabo el jueves o el viernes de esta semana. Hablando de reuniones, anoche se perfilaban ya los relevos pendientes en la Secretaría de Gobernación (Segob), y nadie se llame a sorpresa si entre los que llegan aparece una figura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”.
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “el Presidente Enrique Peña Nieto tuvo que disculparse con los organizadores de la comida de los 300 líderes porque cuestiones de agenda privada le impidieron llegar, a pesar de ser uno de los invitados especiales. Cuentan que el mandatario y su equipo estuvieron analizando los puntos que se tocarán en la próxima reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que puede llevarse a cabo el jueves o el viernes de esta semana. Hablando de reuniones, anoche se perfilaban ya los relevos pendientes en la Secretaría de Gobernación (Segob), y nadie se llame a sorpresa si entre los que llegan aparece una figura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”.
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