La lucha contra la privatización de los servicios de salud en El Salvador, el ISSS (Instituto Salvadoreño de Seguridad Social), es un ejemplo de las acciones coordinadas entre ciudadanos que se movilizan para defender sus derechos y sus recursos
Por Rebeca Jasso-Aguilar*
Regeneración, 7 de septiembre de 2015. La lucha contra la privatización de los servicios de salud en El Salvador, el ISSS (Instituto Salvadoreño de Seguridad Social), es un ejemplo de la importancia de acciones coordinadas entre ciudadanos que se movilizan en las calles para defender estos recursos y legisladores que hacen esta defensa en los ámbitos de la “política formal” – las cámaras de diputados y senadores.
Esta lucha comenzó, o se empezó a hacer visible, hacia finales del 1999, cuando los trabajadoresagrupados en el STISSS (Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social) iniciaron una lucha por un aumento salarial. Las autoridades administrativas del ISSS no solo no concretaron el aumento, sino que hicieron una revisión negativa del contrato colectivo. Al mismo tiempo, las autoridades empezaron a dar pasos hacia el “outsourcing” de servicios de comedor, lavandería, limpieza, etc. Dos hospitales recientemente remodelados permanecieron cerrados en espera de ser privatizados, en lugar de ser regresados a la administración del ISSS.
Como en todos los países en los que los gobiernos han impulsado la privatización, el gobierno salvadoreño provocó el desabasto del ISSS y en consecuencia su mal funcionamiento. Posteriormente, utilizo este mal funcionamiento para golpear su carácter público y promover la privatización, manejando el discurso de la necesidad de “modernizar” y “democratizar” el sistema de salud (nótese la semejanza con la situación del IMSS y del ISSSTE en México, así como el uso de un discurso similar).
El STISSS inicio una estrategia de paros escalonados la cual no tuvo éxito hasta que los médicos del ISSS se unieron a la lucha, organizándose por primera vez en su historia en un sindicato, SIMETRISSS. Los médicos fueron capaces de entender que el outsourcing de los servicios y el golpeo al STISSS tendría consecuencias graves para ellos mismos y para la población en general. Ellos leyeron correctamente la situación como una privatización en ciernes, y promovieron un cambio en las demandas originales el movimiento, pasando de reivindicaciones laborales a la consigna de “No a laprivatización de la salud”. Los médicos se dedicaron a la tarea de concientizar a la población del peligro que significaban las reformas propuestas y el discurso de modernización y democratización. Lo hicieron en su rol de médicos, hablándoles a los pacientes acerca de las implicaciones de las reformas: el tener que pagar por consultas y cualquier otro tipo de servicios. La privatización era una sentencia de muerte para aquellos que no pudieran pagar.
Este discurso por parte de los médicos permeó entre la población y contrarrestó el discurso del presidente Flores, quien insistia que la reforma no implicaba privatización. Así, una lucha que inició como una demanda por reivindicaciones laborales y que no tenía apoyo entre la población ni difusión en los medios se convirtió en una lucha en la que prácticamente todo el pueblo salvadoreño se involucró: maestros, trabajadores, sindicatos, campesinos, estudiantes, grupos ambientalistas, choferes, vendedores, etc., todos ellos agrupados en una gran alianza ciudadana contra la privatización de la salud (nótese la semejanza de esta coalición con la coordinadora para la defensa del agua y la vida en Bolivia).
Durante 2000-2002 se dió la lucha tanto al nivel de protesta callejera como en las esferas de la política formal. Paros escalonados en los hospitales y marchas multitudinarias ocurrieron paralelamente al trabajo de los legisladores del partido de izquierda FMLN (Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional), quienes hicieron suya esta preocupación por la privatización de la salud y aprobaron un decreto (Decreto 1024) que estipulaba el carácter publico de los servicios de salud y prevenia el outsourcing. El presidente Flores, ardiente promotor del neoliberalismo, intentó vetarlo, pero las alianzas del FMLN con otras fuerzas menores impidieron el veto. Sin embargo, en diciembre del 2002 el partido de Flores (ARENA) forjó una alianza que le dió mayoría en el congreso y le permitió repeler el decreto 1024. La protesta social sostenida (continuas marchas multitudinarias, paros escalonados) y el trabajo legislativo del FMLN, quien en las elecciones intermedias del 2003 incrementaron su número de diputaciones lograron que se arribara a un acuerdo que estipulaba la no privatización del sistema público de salud.
Sin embargo la elección presidencial del 2004 resulto en otro presidente del partido derechista ARENA. Antonio Saca fue el sucesor de Francisco Flores, el gran impulsor de la privatización socavada del IMSS y responsable de que el conflicto se alargara desde 1999. Después de la elección del 2004 la presidencia siguió en poder de ARENA y su presencia en el congreso le permitió tejer alianzas con otras fuerzas menores para hacer mayorías que continuaron promoviendo su agenda y obstruyendo agendas progresistas. Por ejemplo, a pesar de que el movimiento contra la privatización de la salud continuaba activo por medio de una comisión que dio seguimiento a la reforma de salud, los resultados de esta comisión solamente satisfacían la agenda de ARENA y las clases empresariales.
Le llegada a la presidencia de Mauricio Funes del FLMN puso fin a 20 años del derechista ARENA y tuvo un impacto positivo en esta lucha, ya que se buscó la incorporación de más ciudadanos en la discusión y toma de decisiones en la materia, incorporando a grupo que generalmente habían sido marginados, como las enfermeras. El gobierno de Funes también invitó a la ciudadanía a ejercer contraloría social. A partir de entonces el movimiento ha intentado asumir un rol pro-activo más que ser un movimiento que simplemente reacciona ante embestidas neoliberales.
Lo que hay que resaltar:
- Como en el caso de la privatización del agua en Bolivia, acciones legislativas o decretos presidenciales permitieron el inicio de una privatización que no era necesariamente abierta, sino socavada y engañosa, de forma que aquellos que la promovían podían utilizar un discurso de negación que apelaba a la modernización, mientras la privatización avanzaba. Esto ha sido siempre una práctica común, la cual provoca el avance del proceso de tal forma que cuando los ciudadanos se percatan de la realidad es tarde para detenerla o remediarla
- Si bien es cierto que la lucha contra la privatización de la salud no fue un éxito claro y rotundo sino más bien modesto y defensivo, gran parte de este se debió a la terquedad de ciudadanos que fueron capaces de leer más allá del discurso gubernamental, percibir los riesgos y denunciar y luchar contra sus implicaciones. Se resalta la importancia de la información, el saber descubrirla y la capacidad de socializarla
- La importancia de las luchas simultáneas dadas por los ciudadanos de a pie en las calles y por los legisladores que tomaron la bandera anti-neoliberal y la promovieron en los ámbitos de la política formal. Tener legisladores que trabajan en tándem con las bases en las protestas en las calles maximiza el efecto de las acciones de la oposición
- La importancia de extender el marco en el que se encuadra la protesta al mayor número de personas posible, para motivarlas a involucrarse. Como en el caso de la guerra del agua, visualicemos esto como un paraguas bajo el cual cabe un cierto número de personas, las que son afectadas por el problema: mientras más grande es el paraguas, más gente cabe dentro de él, y más gente es susceptible de movilizar. Nosotros podemos agrandar el paraguas por medio del uso adecuado del lenguaje y la difusión de la información. En el caso de la lucha contra la privatización de la salud el paraguas se expandió para incluir no solo a los trabajadores del ISSS sino a los médicos del STISSS y a los usuarios (pacientes)
- Habria también que considerar (imaginarnos) los caminos que esta lucha hubiera seguido de haberse dado desde un principio dentro de un gobierno más solidario con los movimientos sociales, sin inclinación neoliberal, lo que pone de manifiesto la necesidad de elegir este tipo de gobierno para aspirar a una situación en que las demandas anti-neoliberales de los movimientos sociales tengan más espacio para progresar.
* Rebeca Jasso-Aguilar, PhD. Part Time Instructor, Department of Sociology, University of New Mexico
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