Por: Jaime Avilés (@Desfiladero132)
06 de septiembre de 2015. Iguala es uno de los grandes centros recolectores de goma de opio en México. El otro es el “triángulo dorado” que forman los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua. Ambos cuentan con la protección del gobierno federal y de las fuerzas armadas. Éstas actuaron en consecuencia la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se apoderaron, sin saberlo, de un camión que contenía un cargamento de goma de opio que iba a salir con destino a la frontera de Estados Unidos.
Salvador García Soto, columnista de El Universal muy cercano a Beltrones, publicó el sábado 15 de noviembre de 2014: “La forma en que los policías (de Iguala) abrieron fuego sin mediar aviso y dispararon contra los camiones (tomados por los normalistas) para obligarlos a detenerse, tiene que ver con esa versión que dice que el móvil era `rescatar´ (…) un camión que esa noche partiría con rumbo a Reynosa, Tamaulipas“. Ese vehículo, añadió García Soto, “se encontraba cargado con unos 35 kilos de goma de opio”.
El jueves 12 de febrero de 2015, Kyra Gurney, colaborador del blog “Insigth Crime. Crimen organizado en América Latina“, escribió que según The Washington Post el kilo de goma de opio que se produce en Guerrero “se vende por cerca US$900”. En otras palabras y números, el cargamento que se llevaron los normalistas sin saberlo tenía un valor superior a 31 mil 500 dólares.
Datos concurrentes. El 18 de abril de 2015, Polemón reveló que el coronel José Rodríguez Pérez, jefe del 27 batallón de Infantería, con sede en Iguala, “estuvo adscrito a la octava zona militar, asentada precisamente en Reynosa, Tamaulipas”. Sus antecesores, el general Juan Antonio Aranda Flores, “antes de Iguala estuvo destacamentado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el también general, Alfredo Aponte Carranza, tuvo mando de tropas en Ciudad Juárez, Chihuahua”.
Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez son puntos fronterizos, el último de ellos mundialmente famoso, marcados por la inseguridad extrema y el alto impacto del narcotráfico. A la luz del informe presentado esta mañana por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Ayotzinapa, se pueden desprender estas conclusiones.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala escuchan conferencia de prensa sobre el informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Ayotzinapa
La pérdida temporal de un bulto de goma de opio valuado en más de 31 mil 500 dólaresenloqueció, la noche del 26 de septiembre de 2014, a la policía municipal de Iguala, a la policía estatal de Guerrero, a la Policía Federal, que depende de la secretaría de Gobernación, y a los altos mandos del 27 batallón de Infantería, que desataron una cacería de autobuses y una carnicería de estudiantes con dos propósitos obvios: recuperar la droga y dar una lección ejemplar a los normalistas sin pensar en las gravísimas consecuencias que tendría esta matanza para el gobierno de Peña Nieto.
Anabel Hernández y Steve Fisher han documentado en Proceso, al igual que Federico Mastrogiovanni en su libro Ni vivos ni muertos, que los tres niveles de gobierno –el municipal, el estatal y el federal– estuvieron al tanto de los hechos minuto a minuto, pero según el informe de la CIDH, ni el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ni el secretario de la Defensa, general Cienfuegos, ni mucho menos Peña Nieto se dieron cuenta de la magnitud del problema hasta el día siguiente.
El 3 de octubre de 2014, Osorio Chong declaró: “la Federación no ha atraído el caso Ayotzinapa porque se encuentra en el ámbito local”. El 24 de octubre de 2014 prometió: “habrá cero impunidad y se castigará a los que han ofendido a la sociedad mexicana”. El 14 de enero de 2015 dijo: “el gobierno de la república rechaza categóricamente los señalamientos que sin sustento se han hecho a nuestras fuerzas armadas”. Al día siguiente reiteró: “no hay prueba alguna que ligue a militares con la desaparición de 43 estudiantes”.
De acuerdo con la abogada María del Mar Álvarez, citada por Mastrogiovanni en Ni vivos ni muertos, el delito de desaparición forzada ocurre cuando un agente del Estado por sí solo o en colaboración con sujetos ajenos al ámbito público, priva de su libertad a una persona por la razón que sea y se niega, ojo, a proporcionar datos que ayuden a localizarla.
Además, es un delito continuado que “se comete minuto a minuto, mientras la persona siga desaparecida” y no terminará de cometerse hasta que la víctima sea encontrada, viva o muerta. Por desgracia, este delito “está mal tipificado” en el Código Penal Federal para proteger a los funcionarios de cuello blanco o de uniforme que lo perpetran.
Todos los agentes del Estado que supieron con precisión qué les había ocurrido a los 43 y no lo dijeron, son cómplices de 43 delitos de desaparición forzada por encubrir a quienes privaron de su libertad a los muchachos, lo que incluye al ex procurador Jesús Murillo Karam, a la actual procuradora Arely Gómez, a los secretarios de Defensa y Marina, al secretario de Gobernación y el presidente de la república.
Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Arely Gómez y Jesús Murillo Karam son culpables del delito de desaparición contra 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
A pesar de la indignación nacional e internacional, a pesar de las pruebas que los señalan como cómplices de los que ordenaron y ejecutaron la matanza, a pesar de los pesares, ninguno de ellos será detenido, llevado a juicio ni castigado, como dijo Chong, por “ofender a la sociedad”.
La gran contribución de Ayotzinapa al conocimiento y estudio del sistema de dominación que prevalece en México, es que pone finalmente al descubierto, ante los ojos del mundo, las relaciones sistémicas entre los productores y exportadores de drogas y todos los niveles de gobierno, para captar divisas que el país no puede obtener legalmente, pero que son vitales para la economía nacional. No olvidemos que el año pasado, sólo por concepto de goma de opio, la narcodictadura mexicana obtuvo 22 mil millones de dólares.
Si a esto se suma lo que se captó mediante la exportación de cristal (metanfetamina pura que en Mazatlan se vende en la calle a razón de 50 pesos por dosis pero en Japón cuesta mil veces más), así como a las toneladas de cocaína y otras drogas que mandamos al resto del mundo (con excepción de la mariguana que está baratísima), podemos entender que la “fuga” del Chapo realizada con ayuda de los hombres más cercanos a Osorio Chong fue sólo un cambio en el gabinete invisible de Peña Nieto, para devolverle su lugar en la cúpula de los negocios criminales al Carlos Slim de la economía negra, toda vez que el candidato impulsado por Gobernación, el Mencho, simplemente no dio el ancho.
Para liberarnos de estos asesinos y rescatar el país, nuestra única esperanza somos nosotros. Y faltan 20 días para que se cumpla el primer aniversario de la matanza de Iguala. Vivos los llevaron. Vivos los queremos.
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