"Las conclusiones del reporte fueron un agudo reproche al gobierno de Enrique Peña Nieto", señaló el New York Times; "México necesita ayuda", publicó la agencia alemana Deutsche Welle.
Medios internacionales reportaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puso en evidencia la llamada “verdad histórica” del gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa, demostrando inconsistencias como la imposibilidad de que los estudiantes hubieran sido quemados en el basurero de Cocula.
“Casi un año después de que 43 estudiantes de una escuela normal mexicana desaparecieran, un examen del caso por expertos externos rechazó la narrativa oficial del gobierno sobre los eventos y afirma que los investigadores torturaron a los testigos y manipularon la evidencia”, publicó The Washington Post en una nota titulada “La versión de México sobre cómo desaparecieron los 43 estudiantes está equivocada, dice nuevo reporte”.
“El caso de los estudiantes de Ayotzinapa marcó un giro para la presidencia de Enrique Peña Nieto, generando meses de manifestaciones callejeras y dejando establecido que las atrocidades relacionadas con la guerra de las drogas, que su gobierno esperaba dejar en el pasado, permanecen vivas”, consignó el diario.
El New York Times escribió que “las conclusiones del reporte fueron un agudo reproche al gobierno de Enrique Peña Nieto, que buscó poner el caso a dormir. Su lanzamiento podría reavivar la extensa ira e incredulidad que se encendieron en las semanas posteriores a la desaparición de los estudiantes desaparecidos en Iguala, al sur del estado de Guerrero el pasado 26 de septiembre”.
“Pudieron salvarse vidas y esto se pudo prevenir”, dijo al medio Santiago Canton, el director ejecutivo de RFK Socios de los Derechos Humanos en el Centro para Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
El propio Canton escribió un artículo para el diario español El País, llamado “De Ayotzinapa a Tlatelolco”, en el que relaciona la ruta que seguirían los autobuses tomados por los estudiantes normalistas el 2 de octubre de 2014, con dos masacres irresueltas por el Estado.
“El camino sin transitar entre Tlatelolco y Ayotzinapa no es lo único que une ambas masacres. Las une también una fuente inagotable de violencia estatal e impunidad que inunda todos los rincones de México. Este gobierno no ha hecho mucho para modificarlo”, opinó.
El mismo medio español entrevistó al perito peruano José Torero, quien confirmó su análisis presentado en el informe del GIEI: “La hipótesis de que los quemaron en el basurero de Cocula no es posible. No hay ninguna evidencia de que en ese lugar haya habido un incendio de la magnitud necesaria para incinerar inclusive un solo cuerpo”.
La directora de la redacción en América Latina de Deutsche Welle, Uta Thofern, escribió un artículo sobre la necesidad que tiene el Estado mexicano de pedir ayuda al exterior para resolver casos de violaciones a derechos humanos.
“En esta ocasión el presidente anunció vía Twitter que las conclusiones del grupo de expertos serán tenidas en cuenta en las investigaciones. Al parecer, el tema ni siquiera merece que se celebre una rueda de prensa. No levantar más polvareda parece haberse convertido en el lema del gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto”, afirmó.
Concluyó que “México necesita ayuda, no un lavado de imagen. El orgullo nacional está fuera de lugar en esta situación, el gobierno debe pedir apoyo a Naciones Unidas (…) siguiendo el ejemplo de la Comisión contra la Impunidad de la vecina Guatemala”.
Por su parte, BBC Mundo enumeró los tres hallazgos sobre Ayotzinapa que desmontan la versión del gobierno, siendo éstos la imposibilidad de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula; la falsedad sobre que el móvil del ataque pudo ser evitar que los normalistas boicotearan un mitin de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y el hecho de que las fuerzas federales sí estuvieron enteradas de los hechos.
El periódico argentino Página 12 dedicó una nota al quinto autobús que no fue integrado al expediente por la Procuraduría General de la República (PGR), titulado “El nexo con EEUU”.
En él se detalla lo siguiente: “Con evidencias obtenidas en investigaciones judiciales en Estados Unidos, sobre la utilización de micros de transporte público para trasegar pasta de heroína desde Iguala al mercado estadounidense, los cinco investigadores del mecanismo interamericano expusieron la hipótesis de que la agresión contra los jóvenes que tomaron “circunstancialmente” los cinco vehículos, para una actividad social, estuvo dirigida “a no dejar salir los autobuses de Iguala” a cualquier costo. El GIEI parte de informes que prueban que hay una conexión entre el cartel Guerreros Unidos en Iguala y un jefe del grupo en Chicago, de nombre Pablo Vega (una declaración jurada de un agente de la DEA, según consta en el Departamento de Justicia)”.
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