(26 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- José Rolando Pérez de la Cruz, salió de su trabajo aproximadamente a las tres de la tarde, caminaba acompañado de su esposa Lucía y su hija de año y siete meses, por el barrio Candelaria, ubicado en el municipio de Alcala, Chiapas; el camino era angosto, por lo que ocupaban todo el espacio de éste, cuando una patrulla les pidió que se hicieran a la orilla y los dejaran pasar, unos metros adelante el vehículo se detuvo, dio la vuelta y se dirigió hacia ellos.
Ocho elementos de la policía municipal se bajaron, detuvieron a Rolando sin motivo y comenzaron a golpearlo, a decir por las declaraciones de Lucía, quien en medio de los golpes, comenzó a gritar y a pedir ayuda, esto mientras suplicaba que soltaran a su esposo, los elementos al ver que ya habían testigos en el lugar, subieron a la patrulla al joven y se lo llevaron a los separos de la presidencia municipal.
Lucía se dirigió a casa de su suegra en busca de ayuda y una hora después supieron donde se encontraba Rolando, llegaron a las instalaciones de la policía municipal alrededor de las cinco de la tarde, cuando vieron que el joven era arrastrado por dos elementos en un estado de inconsciencia, sin camisa ni zapatos, lo que confundió a la familia, quienes no sabían si estaba desmayado o muerto.
Posteriormente fue subido a la góndola de una patrulla, sin reaccionar y trasladado a la clínica del municipio. Los familiares también fueron al sitio y al llegar una doctora salió a su encuentro y les informó que Rolando llegó muerto; “lo que significa que fue una muerte por custodia derivado de tortura. Sin embargo, el Ministerio Público de Alcalá únicamente abrió el expediente por abuso de autoridad, se le ‘olvidó’ que el joven murió por la tortura de los policías”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, Lorena Chávez Interiano, abogada de la familia, encargada del caso de Rolando.
Al mismo tiempo comenta que ninguna autoridad municipal, ni estatal aclararon los hechos, ya que los elementos no presentaron un delito por el cual detuvieron a Rolando, tampoco se sabe cuál fue la justificación que quedó asentada en el expediente, pues no se le permitió ni a los familiares, ni a la defensa, y tampoco a los organismos defensores de derechos humanos, tener acceso a éste.
La familia recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quienes realizaron una nueva necropsia. Datos de ésta, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, informa que, el cadáver presentaba heridas en el labio, cuello y abdomen, además de un daño craneal, otros signos de lesiones de apaleamiento, moretones a la altura de las costillas derecha e izquierda, en el pómulo izquierdo, en la ceja y con sangrado en la nariz, lo anterior descrito en 7 fojas y 28 placas fotográficas, firmado por la doctora Lourdes Jiménez Hernández, encargada de la Dirección de Servicios médicos y psicológicos y de trabajo social de la CEDH.
Aún con estos resultados, SEMEFO determinó que “la causa de la muerte de José Rolando Pérez de la Cruz fue ASFIXIA MECANICA POR AHORCADURA, y el cuerpo no presentaba ni golpes externos, ni internos”, lo que no corresponde con las declaraciones de los testigos presenciales que vieron el cuerpo y la necropsia de la CEDH. “Es ahí cuando la familia ejerce mayor presión al exigir justicia. Y bajo mi representación jurídica, se pidió el expediente, en un sin número de ocasiones acudimos al penal de El Amate, pero siempre se nos negó; sin embargo sentíamos el respaldo de la CEDH, quienes habían asegurado que ellos darían el veredicto a favor de la familia, porque existían los suficientes elementos para demostrar tortura y por lo tanto muerte por custodia”, afirma Chávez Interiano.
Poco tiempo después la defensa se enteró que el expediente que se encontraba en el Amate había desaparecido, la abogada Chávez se comunicó a la CEDH, para solicitar una copia del documento que ellos habían armado por su cuenta, sin embargo, le informaron que ya se encontraba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la ciudad de México.
Al comunicarse con el abogado José O. Baltazar, éste respondió que el caso se encontraba cerrado y por lo tanto no había expediente el cual enviar, esto a contraposición de cuando analizaron el cuerpo de Rolando, a quien derivado de no haber podido quitarle el pantalón para otros estudios, debido a la inflación en exceso, aseguró, “no deben de preocuparse por nada, con lo que tenemos analizado es suficiente, para determinar a favor de la familia”.
“No quedó de otra que ejercer mayor presión a las autoridades, pero la familia y yo como defensa, nos dimos cuenta que ni el presidente municipal y sin duda alguna, ni el gobierno estatal, nos querían ayudar, porque aunque se mantuvieron reuniones con este último, solamente nos engañó, asegurando que apoyarían la resolución del caso, pero nunca fue así”, comenta Chávez Interiano.
Según la abogada, como defensora de la familia, comenzó a recibir una serie de amenazas en contra de ella y de su familia. En un primer momento recibió notas donde se pedía, que dejara el caso ‘por su bien’; “poco tiempo después y tras haber pedido se investigara al presidente municipal, Dagoberto Santiago Román Flores, quien nunca le dio la cara a los familiares y tampoco planteó soluciones; al director de la policía, y a los ocho elementos, coludidos, tanto en la desaparición del expediente, en la muerte por tortura y en la protección de los culpables, nuevamente me amenazaron de muerte”.
Ella explica que aseguraban que después de asesinarla, no iban a encontrar su cuerpo; “esto me lo dijeron dos personas que llegaron a mi casa, sólo para dejarme ese mensaje. Después golpearon a mi hijo menor de 17 años y cuando mi esposo transitaba hacia mi casa, trataron de sacarlo del camino; luego llegaron los ofrecimientos de dinero a cambio de que yo me retirara y dejara a la familia sola, la negociación corrió a cargo del síndico municipal, Egrisel Sánchez Díaz y del regidor Raúl Robles, quienes me ofrecieron 200 mil pesos a mí y a otro regidor, que estaba apoyando a la familia, al no acceder, volvió la presión psicológica, ‘si no te alejas, te vamos a matar’, ‘los maridos muchas veces ya no regresan sus casas’”.
“Aunque no he dejado el caso, por lo anterior tuve que salir del municipio con mi familia, la presión era extrema, ya que todos los días vivíamos con el miedo que en cualquier momento nos iban a matar. Sin duda, al gobierno estatal la gente pobre le estorba mucho. Porque no solamente no brindaron ayuda, sino que nos hostigan, mientras que de los ocho policías denunciados, solamente se logró que metieran a la cárcel a uno, ante la presión de la familia y del pueblo que se levantó en manifestaciones y plantones”.
Sin embargo, lo dejaron salir rápidamente, y los otros continuaron trabajando en forma regular en el municipio de Alcala. Sobre el tema, el Centro de Derechos Humanos Frayba, afirma que la responsabilidad directa es de: elementos de la Policía Municipal; anuencia y omisión de: Enrique Martínez Meza, Fiscal del Ministerio Público; Dr. Adalberto Utrilla Moreno, Perito Médico Cirujano adscrito al Servicio México Forense; Dagoberto Santiago Román Flores, Presidente Municipal; el Director de Seguridad Pública Municipal de Acala y del gobierno estatal, por la desatención del caso.
Esto todo vez que se violaron los derechos a la: vida, libertad, integridad y seguridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales, establecidos en convenciones y tratados internacionales, promovidos, signados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos: 4°, 5°, 8°, 11° y 25°.
Asegurando que la principal preocupación e indignación proviene de “la actuación desproporcionada de policías municipales de Chiapas, quienes en lugar de actuar en apego al respeto de los derechos humanos, basados en protocolos y manuales guías, ejercen la fuerza de manera arbitraria con actos como tortura que llevan como consecuencia la muerte”.
A su vez afirman que no es un caso aislado, ya que el señor Gabriel Domínguez Escobedo falleció, luego de ser privado de su libertad de forma arbitraria, en el municipio de Reforma, donde se implicó a 13 policías municipales, un Fiscal del Ministerio Público y tres miembros de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Otros dos casos de muerte bajo custodia (derivado de tortura), se dieron en 2014, por parte de policías municipales, en el ayuntamiento de Tapachula, uno el 7 de enero, el otro el 1 de marzo, lo que representa un patrón recurrente en su manera de actuación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario