MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado a cancelar el registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violar sistemáticamente la ley.
En su análisis semanal publicado en el periódico Reforma, el académico Jesús Silva-Herzog Márquez apunta:
“La ilegalidad del Partido Verde no es chisme sembrado por sus adversarios. La frecuencia de sus trampas no es rumor en la plaza pública. Han sido los órganos electorales los que han señalado y castigado las constantes transgresiones de ese partido. Las resoluciones del Instituto Electoral han sido ratificadas por la autoridad judicial. Ambos órganos han castigado a ese negocio reiteradamente por infracciones. ¿Puede negarse que han sido violaciones graves por alterar las condiciones de la competencia? ¿Puede negarse que el incumplimiento de la ley no solamente ha sido frecuente sino el corazón mismo de su estrategia política?
“Creo que el Instituto Nacional Electoral tiene el deber de iniciar el proceso para cancelar el registro de este partido. No hacerlo es desestimar las consecuencias de su propia actuación. Ignorar sus decisiones. Son los órganos electorales los que han tomado registro del abuso constante y profundo de ese partido. La ley ordena al Instituto Nacional Electoral a discutir con seriedad si estas ilegalidades deben considerarse graves y sistemáticas”.
El catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México difiere de las voces que han postulado que el PVEM sólo puede perder el registro si no obtiene el mínimo de votos exigido por la ley:
“He escuchado un argumento preocupante. Solamente a los electores corresponde sacarlos de la competencia. Solamente en el más extremo de los casos se justificaría que la autoridad electoral resolviera la cancelación del registro de un partido político. Verlo de esa manera es considerar que la ley es un adorno que debe contemplarse detrás de un vidrio y usarse solamente en caso de incendio”.
La semana pasada, el PAN, PRD y Morena exigieron la cancelación del registro del PVEM, que acumula once multas por 195 millones de pesos vinculadas a violaciones a la ley electoral, entre las que se encuentran difusión de spots ilegales, reparto de boletos para el cine y de paquetes de útiles escolares.
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