Álvaro Cepeda Neri * Contralínea
La todavía Procuraduría General de la República (PGR) ha pasado a ser otro canal de Televisa con el nombramiento de Arely Gómez González, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa y jefe inmediato de Joaquín López-Dóriga quien, en su más desinformativo que informativo, anunció dicho relevo-nombramiento sin citar (en Televisa no guardan ni las formas) “ninguna fuente del gobierno federal. Ni el vocero presidencial, Eduardo Sánchez; ni el director de Comunicación Social, David López, y menos el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño [quienes no] emitieron mensaje alguno para confirmar esa noticia sobre el primer gran enroque en el gabinete de Enrique Peña Nieto”, escribió el reportero Jenaro Villamil (Proceso, 1 de marzo de 2015) en su trabajo titulado, certeramente, “Televisa se empodera”.
No es ni será la primera vez que la empresa de Emilio Azcárraga Jean y los prestanombres Bernardo Gómez, José Bastón y Alfonso de Angoitia (los Cinco Fantásticos, como les gusta autonombrarse) informa de las decisiones de Peña, ya que Televisa se presenta como un nuevo partido que impone candidatos y hasta un presidente de la República, como lo hace su casi igual en poder mediático Tv Azteca, con Manuel Velasco en Chiapas y al que ya le tiene sucesor en el senador Luis Armando Melgar, director de Canal 40. Y si López-Dóriga es realmente el vocero del peñismo, se debe a que Televisa, además de regalar mansiones a su estrella Angélica Rivera, está metida en Los Pinos hasta la cocina. Un López-Dóriga también en el grupo paramilitar de los “50 de la familia Televisa”, quien aparece en la revista Caras y, además, regodeándose con su rey Felipe VI, en la misma revista.
En esa PGR, ya sin el “cansado” Jesús Murillo Karam, enviado a reposar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –que solamente existe como elefante blanco burocrático para ser barril sin fondo de millonarios sueldos de su elite administrativa–, existe la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, donde se lleva el recuento de que en los últimos 3 sexenios (Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña) fueron asesinados 103 periodistas y 25 más se encuentran desaparecidos. Ese informe fue enviado a la Comisión de Justicia del Senado, para que sus integrantes citen a comparecer a la titular, para lo de siempre: darse vueltas en el círculo vicioso de la impunidad que priva en lo general. Y en lo particular respecto de los periodistas.
“Noventa por ciento de los delitos cometidos en México contra periodistas se quedan sin sanciones, debido a que en el país existe una no santísima trinidad: violencia, corrupción e impunidad, la cual no ha sido atacada de raíz por las autoridades por falta de voluntad política”, declaró John Ralson, presidente del PEN Club Internacional, como nos informaron los reporteros Alberto Morales y Juan Arvizu, y Fernando Camacho Servín (El Universal y La Jornada, 25 de febrero de 2015). En este contexto es que siguen las amenazas (algunas cumplidas) contra, por ejemplo, Pedro Canché Herrera, en Quintana Roo, encarcelado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde el desgobernador Roberto Borge Angulo no permite las protestas contra su mal gobierno.
También es el caso de la combativa reportera Sanjuana Martínez, siempre atenta a los problemas que la desinformación pasa por alto. Sus reportajes contra las injusticias aparecen regularmente en las páginas de La Jornada de la Ciudad de México. Su trabajo sin concesiones de ninguna especie contra los abusos de funcionarios y ataques de individuos del sector privado, hace que constantemente esté en la mira de agresiones. En parecido caso tenemos al director general del periódico Expreso, editado en el municipio de Hermosillo, Sonora, Luis Felipe Romandía, quien ha sido víctima de golpeadores que llegaron hasta su domicilio y lo inmovilizaron con gas lacrimógeno.
Sanjuana Martínez en Nuevo León, Pedro Canché en Quintana Roo y Felipe Romandía en Sonora, como pasa en Veracruz, en Puebla, en Guanajuato y en muchas entidades más, son objeto de toda clase de agresiones que han llegado a los ataques físicos. En otros casos, hasta a privarlos de la vida o amenazarlos de esto, llegando a cumplirlas por órdenes de caciques incrustados en cargos públicos; como también por integrantes del sector privado que no aceptan el ejercicio de los derechos-libertades constitucionales, para recabar información y darla a conocer en los medios de comunicación. En su intolerancia, tampoco aceptan la crítica y los análisis que realizan los periodistas para dar información a la sociedad, que debe estar atenta a todo lo que le afecta.
Los reporteros Carlos Águila y Luis A Bonfil, Ulises Gutiérrez y Amalia Escobar (La Jornada y El Universal, 25 y 26 de febrero de 2015) hicieron del conocimiento de los lectores cómo se han generado las amenazas, agresiones y encarcelamiento de Sanjuana Martínez, Luis Felipe Romandía y Pedro Canché. Todos los mexicanos padecen la inseguridad sangrienta que azota al país porque impera la ingobernabilidad, el desempleo y la pobreza. Y para que no se sepa todo eso es que quieren silenciar a reporteros y periodistas con arteros ataques que nunca son esclarecidos. Pero estos no entregarán las libertades de prensa.
*Periodista
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