En el largo periodo comprendido entre 1982 y 2015, el gobierno mexicano al servicio del capital nacional e internacional ha impuesto de manera autoritaria un proyecto de capitalismo depredador, o con otras palabras, un modelo de acumulación de capital basado en el "paradigma" (pensamiento) neoliberal. Sin embargo, el neoliberalismo es una imposición del capital multinacional representado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos imperiales, y aceptada con gran beneplácito por nuestros presidentes. El programa económico de libre mercado o neoliberalismo está sintetizado en el llamado "Consenso de Washington", que incluye las siguientes medidas: 1) la austeridad gubernamental (reducir el gasto público para evitar el déficit en el presupuesto), 2) el reordenamiento del gasto público (recortar la inversión en infraestructura, educación, salud, subsidios y otros servicios para los grupos menos favorecidos), 3) la reforma fiscal (reducir los impuestos a los grandes capitalistas y aumentarlos a las amplias masas populares), 4) la desregulación del sector financiero (mayor libertad para el funcionamiento de los bancos, aseguradoras, especuladores), 5) la disminución de las barreras comerciales (impulsar tratados de libre comercio), 6) la promoción de la inversión extranjera (privilegiar el papel del capital imperialista), 7) la privatización de las empresas estatales (vender a precios de ganga las propiedades del Estado al capital privado nacional e internacional), 8) la protección de la propiedad privada (crear instituciones para salvaguardar el capital), 9) la desregulación del trabajo (control-reducción de salarios, aumento de jornadas laborales, supresión de contratos colectivos, desaparición de sindicatos). En los hechos, el modelo neoliberal favorece los intereses de la oligarquía financiera y las empresas transnacionales.
Así pues, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto pasando por los dos presidentes panistas, el Estado de la burguesía ha aplicado a rajatabla el modelo de libre mercado dejando una larga cadena de desastres con múltiples implicaciones y consecuencias: estancamiento económico, endeudamiento del Estado, venta de empresas estatales, corrupción desmedida, cierre de empresas, desaparición de medianos y pequeños negocios, desempleo, subempleo, bajos salarios, devaluación del peso, inflación, privatización de la educación y la salud, migración a Estados Unidos, inseguridad, pobreza, violación de derechos humanos, destrucción del medio ambiente, pérdida de soberanía nacional. Ante esta terrible situación, la respuesta popular ha sido débil, espontánea y desarticulada. La resistencia social contra las reformas estructurales de corte neoliberal no ha estado exenta de verdaderos actos de heroísmo pero, con todo y eso, ha sido incapaz de frenarlas, o mejor aún, de revertirlas.
Desde el sexenio pasado, el panista Felipe Calderón declaró oficialmente la guerra contra el "crimen organizado", guerra que continúa con gran entusiasmo el priísta Enrique Peña Nieto. Los ocho años de combate entre el gobierno y el "crimen organizado" y entre las bandas del mismo "crimen organizado" han dejado un saldo espeluznante: alrededor de 150 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de detenidos (y aumentando). Cabe señalar que la guerra contra el "crimen organizado" es una imposición más del imperio norteamericano, con el propósito de proteger los intereses de las empresas productoras de armamento (recordemos los operativos Rápido y furioso y Receptor abierto), así como a sus propios productores de estupefacientes que, al modificar sus leyes, se está permitiendo la producción, distribución y consumo de algunas drogas para uso medicinal y recreativo.
Sin embargo, el principal escenario de la guerra está en otro lado, la verdadera guerra la libra el Estado de la burguesía contra la inmensa mayoría del pueblo. Hay que decirlo claro y fuerte: el modelo de capitalismo neoliberal es la guerra de los capitalistas y su Estado contra las amplias masas populares.
Algunos ejemplos de la ofensiva criminal lanzada por el Estado militar-policiaco administrado por el espurio Peña Nieto y que, a la vez, representan una clara manifestación del capitalismo del desastre impulsado en beneficio de los grandes consorcios nacionales e internacionales, son los siguientes: la construcción del megaproyecto en el estado de Sonora. La construcción y operación del "Acueducto Independencia" está provocado graves daños y perjuicios al pueblo yaqui en su territorio, su cultura y sus derechos fundamentales. Este megaproyecto no ha sido discutido ni aprobado por la comunidad y, además, no cuenta con una investigación de impacto ambiental. El pueblo yaqui tiene, desde mayo de 2013 y ratificada en enero de 2015, una resolución favorable emitida por la SCJN para la cancelación de la obra. Sin embargo, el Ejecutivo federal y estatal han incumplido esta resolución y el acueducto sigue funcionado. Asimismo, las autoridades gubernamentales han lanzado una campaña de desprestigio contra la lucha justa de la tribu yaqui y han hostigado y reprimido a quienes defienden su territorio de manera pacífica con marchas, plantones y bloqueo de carreteras. Dos de sus voceros se encuentran presos (Mario Luna y Fernando Jiménez) acusados de privación ilegal de la libertad, robo y otros ilícitos.
La construcción del megaproyecto en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla. Alrededor de 60 pueblos de estos estados se encuentran en lucha contra las megaobras promovidas desde la presidencia de la República en beneficio de varios consorcios extranjeros. Las comunidades en resistencia exigen la cancelación del "Proyecto Integral Morelos" que incluye la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, porque atenta contra la memoria histórica, los saberes, el medio ambiente, la agricultura y la vida campesina. Igualmente, se oponen a este proyecto criminal porque intenta acabar con los recursos naturales de la región: el agua, la tierra y el aire. Los pueblos demandan también la salida inmediata de la policía y los militares de sus territorios.
Los feminicidios. En casi todos los estados del país, las mujeres están sufriendo una embestida criminal. Desde hace mucho tiempo se ha incrementado exponencialmente el número de homicidios de mujeres, sin que ninguna autoridad haga algo para identificar, perseguir y castigar a los culpables. Por esta razón, la muerte violenta de mujeres sigue impune por todos lados. Las mujeres sufren diversos tipos de violencia: golpes, maltratos, castigos, hostigamiento, secuestro, venta, prostitución. Los grupos de mujeres organizadas han solicitado el establecimiento de una "alerta de género" para contrarrestar la violencia contra las mujeres, pero, por desgracia, se han encontrado con oídos sordos: los tres niveles del gobierno no están interesados en proteger los derechos de las mujeres. En este país no existen garantías de vida, igualdad, equidad, salud, educación y trabajo para las mujeres, a pesar de estar consagradas en la Constitución.
Las detenciones arbitrarias contra dirigentes sociales. En el estado de Puebla, el gobernador fascista Rafael Moreno Valle, desde el mes de diciembre del año pasado, tiene encarcelado al dirigente Rubén Sarabia Sánchez "Simitrio" y a su hijo, Atltonatihu Sarabia Reyna, asesores de la combativa Unión Popular de Vendedores Ambulante 28 de Octubre. El gobernador panista-perredista promotor de la llamada "ley Bala", que sirvió de pretexto para asesinar a un niño indefenso en una manifestación, sigue ensañándose con los miembros de la familia de "Simitrio". En días pasados, giró una orden de aprehensión contra el otro hijo del dirigente, Xihuel Sarabia y, además, estableció un sistema de vigilancia e intimidación contra el resto de los familiares. Al mismo tiempo, los aparatos represivos realizaron acciones para reprimir y amenazar a los integrantes de la UPVA, como fue el caso de la toma del estacionamiento del Mercado Hidalgo para un evento gratuito de diversión y la entrada de tres tanquetas militares al mismo mercado. Además, en ese mismo estado hay más de veinte presos políticos pertenecientes a varias organizaciones sociales que se oponen, principalmente, a la construcción del "Proyecto Integral Morelos".
En el estado de Oaxaca, el represor Gabino Cué ordenó la detención de Adán Mejía López dirigente de la Unión de Artesanos y Comerciantes de Oaxaca en Lucha que, junto con la sección 22 del magisterio, mantiene un plantón en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca desde el año pasado.
Órdenes de aprehensión contra militantes. En el estado de Chiapas, los miembros del Frente Popular "Ricardo Flores Magón" sufren amenazas y hostigamiento por parte del gobernador del Estado, Manuel Velasco, como consecuencia de la inmolación de Agustín Gómez para exigir la libertad de Florentino Gómez Girón, líder campesino que se encontraba injustamente preso en el penal de El Amate, desde el mes de mayo del año pasado. En estos momento existen órdenes de aprehensión contra Florentino Gómez, Hermicendo Gómez, Roberto Gómez, Pedro Gómez, Benito Gómez y Aníbal Gómez.
Asesinatos y represión contra activistas. El 3 de febrero fue asesinado en forma brutal Gustavo Salgado Delgado militante del Frente Popular Revolucionario en el estado de Morelos. El 24 del mismo mes, los maestro de la CETEG fueron salvajemente desalojados de un plantón que sostenían en las inmediaciones del aeropuerto de Acapulco para demandar el pago de salarios, aguinaldos y otros tipos de prestaciones. El resultado de esta acción policiaca fue 500 lesionados, 107 detenidos y un maestro muerto: el maestro jubilado Claudio Castillo.
En el estado de México, el discípulo de Peña Nieto, el gobernador Eruviel Ávila, se ha empeñado en destruir la educación popular impartida por varias organizaciones sociales aglutinadas en la Coordinadora Magisterial Mexiquense, entre las cuales se encuentra el Frente Educativo Popular Revolucionario que reclama la recontratación de dos profesores (Gerardo Sales y Erik Ramos), el reconocimiento de escuelas de nueva creación, la construcción y equipamiento de escuelas y la solución de demandas de carácter social.
Luego de casi seis meses de desaparecidos, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa siguen sin aparecer. Mientras tanto, el ex Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer su "verdad histórica" sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero: los normalistas fueron asesinados, quemados, triturados y lanzados al Río por los miembros de la banda criminal de los "Guerreros Unidos" y la policía de Iguala y Cocula. Por lo tanto, el gobierno Federal hace desesperados esfuerzos para cerrar o "superar" el caso de los jóvenes estudiantes. De las otras seis personas asesinadas (tres de ellos normalistas) ya ni se habla, están olvidadas por las autoridades. El único responsable de este crimen de lesa humanidad es el gobierno Federal encabezado por Peña Nieto.
Insistimos, el Estado militar-policiaco regenteado por el espurio Peña Nieto está utilizando un arsenal de armas sofisticadas para enfrentar a las amplias masas populares: las reformas estructurales, los cambios en la Constitución Política y otras leyes secundarias, la ampliación-modernización del Ejército y la Marina, la formación de nuevas instituciones policiacas y de investigación, la militarización de grandes extensiones del territorio, la criminalización de la protesta social, la aprehensión-desaparición-asesinato de dirigentes sociales, la manipulación de la información, la presencia de cuerpos de seguridad de Estados Unidos, entre otras. La mayoría del pueblo, por su parte, responde a estos brutales ataque con su deficiente-desarticulada organización, su reducida preparación política y sus acciones intrépidas, es decir, con armas de combate muy frágiles. El resultado temporal de esta confrontación desigual es clara: la correlación de fuerzas corresponde de manera desproporcionada al capital y a su aparato de Estado. Para modificar radicalmente esta situación desfavorable para la inmensa mayoría popular hay que partir de una realidad incuestionable: las amplias masas populares de nuestro país no comprenden que están en guerra contra el Estado, el gobierno, la clase dominante y el imperialismo, principalmente yanqui. Sin embargo, lo comprenderán fácilmente en la medida en que avancen en la organización, la formación política e ideológica y la definición clasista proletaria. De modo más amplio, las masas populares entenderán la guerra contra sus enemigos de clase al crear organizaciones de lucha eficientes; evitar la dispersión de fuerzas formando un frente único nacional; asumir la posición política e ideológica del proletariado; hacer análisis objetivos de la situación existente, tanto a nivel nacional como internacional; elaborar tácticas y estrategias adecuadas para la lucha; combatir el reformismo, el oportunismo y el revisionismo; superar las acciones de protesta contra las reformas neoliberales; combatir al sistema capitalista sin importar sus diversas máscaras; construir-consensuar un programa de lucha democrático popular; poner el acento en la lucha por el poder político.
Sólo así las amplias masas populares de nuestro país pasarán de la resistencia a la ofensiva. Sólo así las amplias masas populares estarán en condiciones de derrotar a la burguesía y al imperialismo y conquistar el poder político. Para, desde el Estado, construir una nueva sociedad radicalmente distinta a la actual: la sociedad democrática popular rumbo al socialismo y al comunismo.
El conjunto de organizaciones pertenecientes al Movimiento Amplio de Organizaciones Sociales (MAOS) nos proponemos orientar todas nuestras fuerzas para alcanzar, junto con la mayoría del pueblo mexicano, esos objetivos políticos e históricos.
¡Libertad a los presos políticos!
¡Alto a la persecución contra dirigentes sociales!
¡Contra la criminalización de la protesta social!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Promover la construcción del Frente Único Nacional!
¡Luchar por las demandas en función del poder!
¡Por un gobierno democrático popular!
Movimiento Amplio de Organizaciones Sociales
(MAOS)
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