14 MARZO, 2015
14 de marzo 2015.- Alguno de los opinócratas ligados a la casa embrujada de Los Pinos, publicó el jueves que ante el rechazo provocado por la Ley General de Aguas, el gobierno decidió dejar su aprobación “para después de las elecciones”. Esto significa que a partir del primero de septiembre el agua será privatizada sí o sí… en los cálculos del régimen.
La banda que administra la demolición de las ruinas en que convirtió a México, tiene una deuda de gratitud con quienes, como Javier Sicilia, insisten en que nadie vote el 7 de junio. Para complacer a esa gente, lo anunciaron ayer, el mero día de los comicios habrá un partidazo de futbol:Televisa contra Tv Globo (o Brasil contra México).
Aliviados de los sustos de la semana pasada, los “consejeros ciudadanos” que dirige con imborrable sonrisa el señor de la basura orgánica, Lorenzo Córdova Vianello, han vuelto a conciliar el sueño gracias al repudio que atrajo la atención del público antes y después de la imposición de Eduardo Medina Mora como juez de la Tremenda Corte, pero también gracias también al despido de Carmen Aristegui por órdenes de Peña Nieto.
Las nubes negras que las ocultaron momentáneamente, de ninguna manera reducen ni disminuyen la complicidad de las “autoridades” electorales, en la estrategia golpista patrocinada por el gobierno y –valga la redundancia– Televisa, para posicionar al Partido Verde como una arrolladora fuerza emergente que le quitará votos a Morena y le dará diputados incondicionales al PRI, para garantizar la privatización del agua.
Entendámonos: el presidente puede sacar del aire a Carmen Aristegui, pero nada ni nadie sacará del aire los anuncios ilegales del Partido Verde en todas partes, ni mucho menos suspenderá el reparto de vales canjeables por medicinas que el tucán maldito sigue y seguirá llevando a cabo hasta el día de la votación.
Al PRI le falta una sola reforma “estructural” para culminar el desmantelamiento de México, y ésa es precisamente la que legalizará la privatización del agua, en función de las actividades extractivas tanto de petróleo y gas shale, como de oro y plata en las minas a cielo abierto.
Un pozo excavado en una zona como el desierto de Coahuila, donde a mil o dos mil metros de profundidad hay rocas en forma de pelotas de ping pong rellenas de gas natural, necesita entre cinco y veinte millones de litros de agua, unidos a una mezcla de productos químicos, arena y explosivos, para ocasionar una detonación subterránea que rompa esas pelotas y libere el gas que contienen.
Cada gobierno que llega parece que trae su propia caja de sorpresas. No es así. En los círculos donde viven los dueños del mundo, hace ya varias décadas se viene preparando la explotación del gas shale en México. Así lo prueba el megaproyecto hídrico llamado Monterrey VI, que fue planificado por Vicente Fox, avanzó durante la carnicería de Felipe Calderón y ahora está en manos de los contratistas de Higa.
Monterrey VI pretende desviar el curso del río Pánuco, en la Huasteca de Tamaulipas, y reconducir el agua, desafiando la ley de la gravedad, en una trayectoria ascendente, para que se derrame a menos de mil metros sobre el nivel del mar, en el valle que corona el Cerro de la Silla.
Obra disparatada y ambiciosa como pocas se han visto… en el papel…. Monterrey VI fue concebida, según Fox y sucesores, como una respuesta a la sed africana que amenaza a la capital de Nuevo León, construida que fue sobre un vergel que, a lo largo del siglo XX, desecaron los fabricantes de cerveza.
Con sus más de cuatro millones de habitantes, Monterrey desde luego necesita cubrir su creciente demanda de agua potable. Sin embargo, el objetivo verdadero del megalómano proyecto no es ése. En realidad, una vez que el agua sea utilizada por la regia mancha urbana, continuará su viaje, ahora en trayectoria descendente, hacia Coahuila.
Como en Coahuila no hay agua –y falta sobre todo en la región colindante con Texas, donde se supone que se encuentran los yacimientos más grandes de gas shale–, el proyecto Monterrey VI, pensado, insisto, en el sexenio de Fox, surtirá todos los millones de litros de h2o que requieran los pozos de fracking.
En consecuencia, la Ley General de Aguas establecerá dispositivos legales para criminalizar a los campesinos huastecos cuando les roben el río Pánuco, y sus cosechas se resignen a esperar las lluvias, y sus estómagos se desacostumbren a alimentarse con peces.
Para criminalizar de igual modo a quienes luchan desde hace años en Jalisco en contra de la presa El Zapotillo, también será aprobada la Ley General de Aguas. Y lo mismo ocurrirá con quienes se oponen a la presa de La Parota en Acapulco. Y a muchos atropellos ecocidas más.
Por la gracia de esa ley general irán presos, si tienen la fortuna de que no los desaparezcan, quienes traten de impedir que el agua destinada al ser humano sea vertida en tinas de lixiviación, y revuelta con toneladas de arsénico para generar cianuro, el veneno que separa las partículas de oro y plata de los fragmentos de rocas que antes de ser dinamitadas eran montañas.
Es la última reforma que le falta a Peña. Como se puede apreciar no es, sin embargo, enchílame otra. Es una reforma complementaria sin la cual, simplemente, no podría funcionar la reforma energética. El ejemplo de Monterrey VI y los yacimientos de gas shale en Coahuila así lo demuestra.
Sólo por lo que tiene ver con la inminente privatización del agua, las elecciones del 7 de junio son ya un plebiscito de interés universal. No votar, para después besar en señal de protesta, es votar de antemano a favor de la Ley General de Aguas. La protesta real, efectiva e irreductible que podemos emprender en forma inmediata, es la que exija y logre la descalificación del Partido Verde o la renuncia de los consejeros del INE. O ambas metas.
NUEVA PLATAFORMA
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