México, DF. El juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el estado de México, con residencia en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra de María de los Ángeles Pineda Villa -esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca- por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (en su modalidad de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Informó lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual agregó que la Procuraduría General de la República (PGR) aportó pruebas suficientes para presumir que Pineda Villa “se adhirió al grupo delincuencial conocido comoGuerreros Unidos por lo menos desde el 2005, a la fecha de su detención” y que su participación era “dar protección y apoyo económico para lograr los fines de ese grupo, a través de la compra de bienes inmuebles o muebles o bien, trasladando e invirtiendo numerario producto de la venta y distribución de droga, principalmente en el estado de Guerrero y otras entidades federativas en las que dicho cártel tiene presencia”.
El juzgador, indicó el Consejo, tomó en cuenta que sus declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2009 a 2012, presentan una diferencia de ingresos no comprobables de tres millones 286 mil 641 pesos; y que en el periodo de 2009 a 2014, a través de cuatro cuentas bancarias recibió por concepto de depósitos la cantidad de $13 millones 722 mil 849 pesos que, “con probabilidad, procedían ilícitamente del grupo de los Guerreros Unidos.
Pineda, quien se encuentra recluida en el Centro Federal Femenil "Noroeste" con residencia en Tepic, Nayarit fue acusada según los delitos previstos en el artículo 2, fracción I y diverso 4, fracción I, inciso b, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Cabe señalar que, inicialmente Pineda Villa y su marido fueron señalados por la PGR como presuntos responsables de la desaparición de 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre en Iguala, Gro., sin embargo, y después de haberlos mantenidos arraigados, hasta la fecha la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam no los ha acusado por el caso de los normalistas.
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