Por: Redacción Revolución / 1 noviembre, 2014
(1 de noviembre, 2014).- Por un lado las redes sociales son un medio para la organización política, pero por otro son un vehículo por el que desde algunas cuentas se promueven las agresiones y los asesinatos que, además, desde estas cuentas de amenaza de muerte a otros usuarios.
Son mensajes que fomentan la misoginia, la discriminación, la xenofobia. Que aplauden los asesinatos, la corrupción y todos los delitos relacionados con el crimen organizado como lo son las extorsiones, los secuestros, los feminicidios.
En el contexto de violencia por el que atraviesa el país, se torna necesario no pasar por alto cualquier amedrentamiento y difamación; mucho menos las amenazas de muerte hacia cualquier persona usuaria o no de las redes sociales Twitter y Facebook.
Cuando estas amenazas son dirigidas a hombres y mujeres periodistas, defensores de derechos humanos o activistas, -que por su labor incomodan a funcionarios en los tres niveles de gobierno o exhiben actos delictivos- se convierten en un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Por lo que cualquier actividad de este tipo no debe echarse saco roto.
Las cifras del número de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas secuestrados, desaparecidos y asesinados en el país, coloca a México como uno de los países con mayor riesgo para ejercer plenamente el derecho a la libertad de expresión.
Tan sólo de enero a septiembre de este año, la organización Artículo 19 documentó 222 agresiones en contra de la prensa mexicana. De éstas el 42 por ciento provino de funcionarios públicos, el 17% de un particular y el 27 por ciento se desconoce la causa.
Entre junio de 2013 y mayo de 2014, “se documentaron 274 agresiones a personas defensoras, entre los que destacan 412 detenciones arbitrarias, 23 ejecuciones extrajudiciales y 16 desapariciones forzadas”, de acuerdo con el informe “La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad”.
Alerta sobre cuentas en redes sociales
Con los recientes atentados en contra de los normalistas de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, por parte de la policía municipal de Iguala, Guerrero –que actuó en conjunto con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”–, se han creado algunas cuentas de Twitter por las que se amedrenta a la gente afín con esta causa.
Cuentas como las de @Mujahedin @Peludito, @Wampiro y una a nombre de Jose Luis Abarca (SIC), que alude al ex alcalde de Iguala, son tan solo algunos ejemplos. Desde las dos primeras, el pasado 24 de octubre, se amenazó de muerte al director del consejo editorial de Revolución TresPuntoCero, Epigmenio Ibarra, y al académico del Instituto de Investigaciones Sociales, John Ackerman.
Este 30 de octubre la amenaza para ambos activistas, provino de la última cuenta mencionada. Cabe señalar que entre los tres usuarios de Twitter son seguidores de alguno de ellos o se siguen mutuamente.
En este sentido el también periodista y productor de televisión, Epigmenio Ibarra, comparte que “esto es parte de la descomposición que se está viviendo en el país, es un síntoma de una profunda destrucción institucional, de un colapso nacional”.
Por lo que es necesario advertir sobre las actividades y la procedencia de las cuentas, pero sobre todo que las autoridades en la materia tomen registro de estos usuarios en redes.
El investigador John Ackerman señaló que “estas actividades (amenazas) son ilícitas y constituyen una violación grave a la libertad de expresión”.
Es preciso señalar que estas amenazas se originan por el apoyo expreso por parte de ambos actores sociales hacia las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Hay que recordar que Ayotzinapa acontece en un proceso de despojo y proletarización en diferentes zonas del país en donde las grandes empresas transnacionales de los sectores energético, de hidrocarburos y minero tendrán presencia.
Y en donde la presencia del crimen organizado es estratégica, toda vez que se ha transformado en una gran corporación económica.
Y, por supuesto, no hay que dejar de lado los vínculos entre el narcotráfico y los tres niveles de gobierno.
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