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| El alcalde de Iguala, José Luis Abarca y el presidente Enrique Peña Nieto, durante un encuentro en noviembre del año pasado. Foto: Tomada de Facebook |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Hace 11 meses, la oficina de comunicación social de la alcaldía de Iguala difundía una fotografía en la que se veían al entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez abrazado a Enrique Peña Nieto. Ambos sonríen a la cámara.
La impresión fue acompañada por un boletín de prensa por el que el ayuntamiento de Iguala informaba que Abarca y su esposa, la presidenta municipal del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, se entrevistaron con Peña Nieto “para presentarle algunos proyectos de obras públicas de impacto social, así como turísticos que, de aprobarse, vendrían a transformar, modernizar y detonar el desarrollo económico de Iguala”.
El encuentro se dio en el contexto de la visita del presidente a la capital de Guerrero para impulsar el Plan Nuevo Guerrero, estrategia con la que oficialmente se pretendía paliar los estragos del paso del huracán Manuel por la entidad, el 15 de septiembre de 2013.
En esa fecha, el 7 de noviembre, ya era pública la relación familiar de María de los Ángeles con los narcotraficantes Mario y Alberto Pineda Villa, vinculados al cártel de los Beltrán Leyva, así como las acusaciones que pesaban sobre Abarca Velázquez por la muerte del fundador del PRD y dirigente de la Unión Popular, Arturo Hernández Cardona y dos de sus correligionarios, Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
También era más que conocida la solicitud de revocación de mandato contra Abarca presentada ante el Congreso local por la regidora de Iguala y viuda de Hernández Cardona, Sofía Mendoza, en julio del año pasado, así como la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR), en voz de su titular, Jesús Murillo Karam, de atraer el caso.
Para cuando Abarca Velázquez se exhibió con el presidente Peña Nieto, su gobierno sabía de la solicitud de medidas cautelares que los deudos de las víctimas y los sobrevivientes del atentado solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la que dieron respuesta hasta febrero de 2014, como lo publicó el semanario Proceso en su edición de esta semana.
Defenestrado ahora por el partido que lo llevó al poder, sometido a un proceso de desafuero y con una orden de presentación por los homicidios y desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, Abarca recurrió a las redes sociales para mostrar el respaldo de políticos y funcionarios públicos federales y estatales.
Todavía circulan en la página de la presidencia municipal selfies de Abarca con la secretaria de Desarrollo Social, y también defenestrada dirigente nacional del PRD, Rosario Robles Berlanga; con el gobernador Ángel Aguirre y el secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, quien lo propuso como candidato a la alcaldía en 2011.
El ahora prófugo se encargó de manejar su imagen junto a quienes lo respaldaron políticamente ante la solicitud de revocación de mandato, el líder del Congreso del estado Bernardo Ortega, el dirigente del PRD en Guerrero Carlos Reyes, y con el legislador federal Sebastián de la Rosa Peláez, todos de Nueva Izquierda, la corriente del actual presidente nacional, Carlos Navarrete.
Entre las fotografías mostradas por el gobierno municipal, unas muestran al alcalde abrazado con diputados federales de Guerrero en San Lázaro, del PRD Carlos de Jesús Alejandro y Marino Miranda Salgado, así como con el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Circulan imágenes de Abarca con el senador y aspirante a la gubernatura de Guerrero, Armando Ríos Piter, sonrientes ambos, junto con otros políticos y empresarios de Iguala.
La mayor parte de las fotografías fueron difundidas en redes sociales cuando el escándalo de la vinculación de Abarca Velázquez con el homicidio de Hernández Cardona era conocido en los altos niveles de la política nacional, por el procurador Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso la Cancillería, por el procesamiento de las medidas cautelares ante la CIDH, pero al parecer eso no fue obstáculo para posar junto al entonces alcalde.
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