10 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DESTACADO
MÉXICO, D.F. (apro).- La iniciativa “preferente” de Enrique Peña Nieto sobre protección de la infancia y la adolescencia, carece de los estándares internacionales comprometidos por México y no toma en cuenta los derechos humanos de los menores, consideraron representantes de organizaciones civiles.
En conferencia de prensa, expertos en el tema consideraron que la iniciativa de Ley General de Protección de niños, niñas y adolescentes presentada por Enrique Peña Nieto el primero de septiembre es de índole mediático al hacer suyos temas de moda sin atender de fondo los graves problemas de la infancia y la adolescencia ni asumir la responsabilidad de resolverlos.
Al señalar que sólo el 16% de los casi 40 millones de mexicanos menores de 19 años tienen garantizados sus derechos, de acuerdo con datos de la Unicef y el Coneval, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señaló que según el Índice de Medición de Calidad de las Leyes”, que toma como base los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), la iniciativa de Peña Nieto está reprobada, con una calificación de tres en la escala de 10.
Dicha iniciativa, agregó, “no cumple los mínimos apropiados para garantizar que pueda ser de utilidad para la realidad compleja que viven hoy en día los niños niñas y adolescentes”, ajena a la directriz de la CDN, que es crear una política de Estado que garantice los derechos de la infancia.
“Lo que nos presentan en lo que llaman sistema es un gabinete social presidido por Secretaría de Gobernación, donde no participan el Poder Judicial ni el Poder Legislativo ni la sociedad civil ni mucho menos niños, niña y adolescentes; se convierte en una especie de reunión intersecretarial sin que nos garantice que el Estado pueda producir cambios”, abundó.
Al recordar que en 1990 México firmó la CDN, y que en 2006 fue auscultado por el Comité de Derechos de la Infancia de la ONU en Ginebra, ejercicio que se retomará en 2015, Pérez García insistió en que el documento enviado por Peña Nieto al Senado no toma en cuenta los derechos humanos de los menores y que es “un catálogo de temas de moda en términos mediáticos –Mamá Rosa, niños migrantes no acompañados, violencia escolar–pero no da respuesta de ninguna manera a los orígenes tanto de la violencia como de los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad …por contrario hay una tendencia a criminalizar a las familias más pobres”.
En el tema de niños migrantes no acompañados, abundó, el tratamiento es atender “a la política migratoria de los Estados Unidos”.
Contrario a la Ley de Migración, que sólo autoriza a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) a preguntar por el estatus migratorio de las personas, en la iniciativa peñanietista se faculta a cualquier tipo de autoridad a denunciar a los niños migrantes y ponerlos a disposición del INM para ser internados en las Estancias Migratorias.
Al señalar que es evidente que el proyecto de ley fue elaborado por personas que “desconocen por completo los derechos de la niñez y la adolescencia”, el director ejecutivo de la Redim, consideró que el gobierno de Peña Nieto “está atendiendo las directrices o lineamientos de Estados Unidos, lo que están haciendo es atender la preocupación de los para que no lleguen particularmente niños niñas y adolescentes, que la misma iniciativa menciona como en situación irregular”.
Karina Arias, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, agregó que la iniciativa “no reconoce el tema de la movilidad humana en sus diferentes manifestaciones, por lo que no contempla los contextos en los que diversas niñas, niños y adolescentes viven actualmente en el país, que van desde procesos de migración interna temporal o permanente, desplazamiento interno, migración internacional de origen, tránsito, destino y retorno, hasta procesos de asilo”.
Gabriela Escobar, de la Alianza por la Infancia y sus Familias (AIFAM) se refirió a la “ambigüedad en temas como la guardia y custodia en albergues, cuando la atención es llevada a cabo en siete de cada 10 niños por sociedad civil; el Estado no asume ninguna responsabilidad porque en la misma iniciativa se señala que no va a intervenir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el impacto presupuestal es cero”.
Sair Pinilla de Aldeas Infantiles, manifestó su preocupación por la falta de controles para ejercer la guardia y custodia que llevan a cabo las organizaciones civiles, así como la ausencia de un mecanismo para diseñar un Sistema de Información, que “permita saber no sólo dónde están los niños, sino tener datos sobre inversión, becas, salud, educación, una serie de temas que permitan diseñar políticas públicas tal y como lo recomienda la CDN, y que hasta ahora México no ha atendido”.
Parafraseando el slogan del gobierno federal de “Mover a México”, Pinilla reconoció que con la iniciativa peñanietista, “de ser aprobada, si se va a mover México, pero muchos pasos atrás”.
Por separado, Isabel Crowley, Javier Valencia y Alfonso Sandoval Arriaga, funcionarios de Naciones Unidas, estuvieron en el Senado para analizar la iniciativa preferente sobre la protección de niños, niñas y adolescentes turnada a ese órgano deliberativo por el presidente Enrique Peña Nieto.
Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, propuso hacer ajustes a la iniciativa, sobre todo en el capítulo de niños migrantes no acompañados y los albergues, porque la forma como se presentan, subrayó, “son contrarios a la convención de los derechos del niño”.
De acuerdo con Crowley, preocupa que no se haya considerado un presupuesto para esta reforma. Además, destacó que “hemos analizado que el sistema integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sólo tiene asignado el 1% del total de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Subrayó: “No es posible cumplir las eficiencias de los nuevos mandatos que se dan al DIF nacional y a los DIF estatales, así como a las procuradurías, sin contar con recursos; debe dotarse de recursos suficientes a esta ley”.
La representante de Unicef también manifestó que se debe definir con mayor claridad el órgano operativo capaz de hacer viable la coordinación entre los diferentes órganos de gobierno, y revisar las competencias que se van a aplicar en cada uno de los tres órdenes de gobierno. “Lo que queremos es claridad”, apuntó.
Por su parte, el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Valencia, manifestó que la ley se puede enriquecer incorporando todos los tratados internacionales de derechos humanos.
Precisó que hay 117 recomendaciones de los comités y órganos de tratados que se han hecho a México, con las que se puede enriquecer la iniciativa.
Alfonso Sandoval Arriaga, del Fondo de Naciones Unidas para la Población, expuso que existe la preocupación de que no se incluya la perspectiva de género. Sería muy conveniente, dijo, hacer una revisión integral, de manera que este enfoque de derecho quede muy claro.
“Nos preocupa que en el año 2000 en la ley vigente se mencionan derechos, y ahora sólo se habla de protección. Es necesario que se revise todo el marco internacional para fortalecer el articulado”, concluyó.
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