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| El empresario Martín Alberto Medina Sonda. Foto: Tomada de video. |
MÉXICO, DF (apro).- Organizaciones civiles acusaron al empresario Martín Alberto Medina de formar parte de una red de corrupción en al menos cinco entidades del país, incluido el Distrito Federal. En dicha red, dijeron, estarían coludidos funcionarios de las procuradurías estatales y representantes del Poder Judicial.
Medina fue uno de los operadores del exgobernador de Tabasco, el priista Andrés Granier, quien enfrenta acusaciones por el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos durante su administración.
Aprovechándose de sus relaciones políticas, logró arrebatarle a su expareja, Emma Gabriela Molina Canto, a sus tres hijos y no conforme con eso la metió a la cárcel, igual que a su suegra, Ligia Cantú Lugo. Esta última acaba de salir libre, luego de que el juez de la causa no encontró elementos de prueba suficientes para mantenerla encerrada.
En rueda de prensa, defensoras de Canto Lugo dijeron que Medina mantiene ocultos a los pequeños desde 2012.
De acuerdo con la información presentada en la conferencia, Medina Sonda, quien está libre, “fue el creador de los fideicomisos a través de los cuales pagaban los llamados ‘bonos de fatiga’ a altos funcionarios del gobierno de Tabasco”.
Además, acusaron, “conformó fundaciones para triangular los flujos de efectivo, aparte de que fue quien se encargó, a través de diferentes empresas, de abrir cuentas en el extranjero, principalmente en Irlanda, Delawere, en Estados Unidos, y Panamá, con el fin de resguardar el dinero extraído de las arcas públicas durante el gobierno de Granier”.
Karla Michelle Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), resaltó que mientras el Poder Judicial y la administración de procuración de justicia “están al servicio de personajes involucrados en actos de corrupción para procesar a personas inocentes, el derecho superior del niño se ha hecho de lado, pues hasta ahora los niños siguen desaparecidos a pesar de que existe una orden para su localización y entrega a su madre, quien tiene la legítima custodia”.
La abogada dijo que en octubre y noviembre de 2013 interpusieron quejas en las comisiones Nacional de Derechos Humanos y del Distrito Federal, “para que se investigue este tráfico de influencias y la red de corrupción que involucra a agentes del Ministerio Público y del Poder Judicial para fabricar delitos y poner tras las rejas a personas inocentes”.
Salas Ramírez señaló que hasta ahora han localizado 50 empresas relacionadas con Martín Alberto Medina Sonda, las que operan en los estados de Tabasco, Yucatán, Puebla, Distrito Federal y Jalisco.
En el caso de Tabasco, “sabemos que algunas de ellas fueron beneficiadas durante el gobierno de Granier, ya que Martín Medina era socio de José Sainz Pineda, quien fuera secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Granier Melo, y que ahora está en la cárcel; de los otros estados no tenemos claro hasta dónde llega su nivel de influencia”, agregó Salas Ramírez.
Ligia Canto Lugo se presentó ante los medios de comunicación luego de haber permanecido ocho días en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, acusada de clonar credenciales de elector, delito por el que se le decretó auto de libertad, al demostrarse que la PGR recurrió a pruebas falsas y a testigos involucrados en delitos.
Minutos ante de que se llevara a cabo la conferencia, la mujer fue notificada de que la delegación de la PGR en Jalisco impugnó el auto de libertad, por lo que podría ser recapturada en cualquier momento.
Apenas conteniendo el llanto, Ligia Canto narró el acoso judicial que ha sufrido su familia luego de que su hija Emma Gabriela se divorciara en 2010 de Martín Medina, acusado de sustracción de tres menores: Isabella, Mariana y Martín, en un operativo violento en Mérida, Yucatán, en el que participaron agentes policiacos de Tabasco, el 25 de mayo de 2012, durante los últimos meses del gobierno de Andrés Granier Melo.
También recordó que por las influencias políticas que presume Martín Medina Sonda, Emma Gabriela cuenta con más de siete denuncias penales en Tabasco, Yucatán, Jalisco y el Distrito Federal, por presunto maltrato infantil, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, sustracción de dos estatuas de bronce, fraude equiparado y clonación de tarjetas de crédito. En este último ilícito también se involucra a su hermano Guillermo Molina Canto.
Ligia Canto resaltó que cuando su hija Emma Gabriela se enteró que existía una orden de aprehensión en su contra por el fraude equiparado de 25 mil pesos, liberada en julio de 2013 por el juez 68 penal del Distrito Federal, decidió ocultarse para evitar su aprehensión mientras se litigaba el asunto, por lo que ella relevó a su hija en la exigencia pública de que los menores fueran entregados, petición que ambas mujeres hicieron extensiva al presidente Enrique Peña Nieto.
“Unos días antes de que me detuvieran en Yucatán, recibí una llamada amenazante, en la que me decían que me iban a tapar la boca y que mis nietos en ese momento estaban saliendo por tierra a Guatemala”, contó Ligia Canto.
Del caso en que se le involucró con la clonación de credenciales de elector, la abogada Alejandra Cartagena, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM), dijo que ese ilícito se “fabricó” desde 2011, reabierto en 2013 y ejecutada la orden de aprehensión en días pasados.
“El fundamento que presentó la PGR contra Ligia son declaraciones de dos personas que declaran dedicarse a la falsificación de documentos como pasaportes y credenciales de elector, que viven en Guadalajara, y que afirman que la señora formaba parte de la banda de clonación, cuando ella vivía en Mérida”, explicó la abogada.
Alejandra Cartagena agregó que las autoridades actuaron “por consigna” toda vez que los testigos de los hechos no fueron aprehendidos y se presentaron con documentación falsa.
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