Espejo fiel de una sociedad y un Estado nacional corruptos hasta la médula, el sistema carcelario del país es un inframundo donde la humillación, la ingobernabilidad, las violaciones a los derechos humanos, la violencia y el negocio son ley estricta. Estudios recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM así lo constatan, pero arrojan un dato más, nada desconocido para los mexicanos: lejos de corregirse, esta degradación empeora año tras año de manera irremisible. ¿Qué hace el gobierno al respecto? Especialistas de ambas instituciones concluyen: no muestra voluntad para acabar con este enfermo estado de cosas.
Reflejo del país, el sistema penitenciario de México padece ingobernabilidad, los derechos humanos de su población se vulneran metódicamente y la no reinserción social de sus presos viola la Constitución. “Nadie conoce verdaderamente una nación si no conoce el estado de sus prisiones”, cita a Nelson Mandela el tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Andrés Aguirre Aguilar.
En días previos a darse a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2013, Aguirre sostiene en entrevista que desde el primero de esos informes, el de 2006, el estudio de la CNDH refleja que “la situación de las prisiones no cambia”.
Advierte que del anterior DNSP –de 2012– al actual no hay avances ni motivo de festejo: “El diagnóstico demuestra lo que todos sabemos de las prisiones. Son áreas de abandono con maltrato hacia la población e incumplimiento de las disposiciones constitucionales de la reinserción, y el hecho de que se organice el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos (el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte), no se cumple”.
El DNSP se elabora a partir de visitas y recorridos de supervisión por los 101 centros penitenciarios estatales más poblados, 17 federales y las tres prisiones militares del país, donde se aplican encuestas y se entrevista a directores, responsables de áreas técnicas y personal de seguridad y custodia, así como a 10% de los internos de cada prisión; a cada una se le califica en una escala del 0 al 10 con base en las condiciones mínimas que deben existir según lo establecido en la Constitución y convenios internacionales.
Las calificaciones que da el DNSP 2013 a los centros estatales de readaptación social son: 5.68 en condiciones de gobernabilidad, 6.08 en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, 6.45 en estancia digna, 6.63 en reinserción social y 6.73 en atención a grupos vulnerables en reclusión. En todos estos rubros hubo un retroceso respecto al diagnóstico previo.
En cuanto a los centros federales, la reinserción es de igual manera la mayor falla. Las cifras no son más alentadoras en materia de derechos humanos reflejados en el respeto a la dignidad, respeto a los grupos vulnerables e integridad física y moral de los internos. En cuanto a las tres prisiones militares, la reinserción social (6.23) sólo fue superada por el maltrato a los grupos vulnerables, con calificación reprobatoria de 5.69.
Por su parte el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM elaboró el estudio Presos y prisiones. El sistema penitenciario desde la perspectiva de los derechos humanos, a cargo de Sergio García Ramírez en colaboración con Laura Martínez Breña, y divulgado el pasado febrero.
Sustentado en información oficial de fuentes públicas nacionales e internacionales, el documento –que este semanario pudo consultar– concluye que la prisión no sólo no satisface sus fines constitucionales sino los trasgrede por la ausencia de estado de derecho en ella.
Mirar hacia las prisiones y los prisioneros es también “colocar a la sociedad ante el espejo que la refleja con fidelidad y severidad”, dice el documento.
Según sus datos, el país tiene 418 reclusorios: 403 locales y 15 federales. Tres son de seguridad máxima. El número de procesados y sentenciados adultos ronda los 250 mil, lo que equivale a que en México hay un preso por cada 473 habitantes.
El panorama prevaleciente, según la UNAM, es desolador: “En el ahora llamado Sistema de Reinserción Social proliferan la corrupción y la violencia. Persiste el autogobierno. Generalmente se carece de personal debidamente seleccionado, capacitado y supervisado. Hay sobrepoblación. A menudo no existen los medios señalados por la Constitución para proveer a la reinserción social del sentenciado. La estructura de supervisión no ha logrado su objetivo”.
Ingobernabilidad
Impera la ingobernabilidad en el sistema penitenciario. “De este tema parte todo: Si la autoridad no tiene control de los centros, estamos perdidos”, advierte Aguirre Aguilar.
Fallidas las funciones públicas, el DNSP revela que 87% de los penales no tiene personal suficiente de seguridad y custodia, en 85% de los centros no hay siquiera manuales de procedimiento para atender incidentes violentos ni se tiene registro de los casos de tortura o maltrato, y en la mitad de las cárceles existen áreas de privilegios consentidas por la autoridad.
Aguirre cuenta que los autogobiernos se han gestado entre la falta de capacitación del personal penitenciario y el déficit de personal, abrumadoramente rebasado. Sólo en los reclusorios Oriente y Norte del Distrito Federal, cada uno con capacidad para unos 6 mil reclusos, la población rebasa los 12 mil, en ambos casos.
En promedio, en todo el país, hay un guardia por cada 73 internos. En los últimos tres años, 365 custodios, jefes de seguridad y directores han sido investigados por fugas. Durante el sexenio de Calderón, 675 convictos se fugaron: uno cada tres días.
Al personal penitenciario –“en riesgo permanente”, matiza Aguirre– “se le exige mucho y se le da muy poco”. Aunque no está homologado en todo el país, su salario ronda los 3 mil pesos mensuales.
En el sistema penitenciario todo está corrompido. Más de 6 mil millones de pesos de exacciones nutren el negocio, como constató el estudio de la UNAM. “Estamos en un medio de fomento estructural a la corrupción”, resume el visitador de la CNDH.
Los registros estadísticos muestran que, además de las fugas, los homicidios y motines también están ligados a la corrupción y a la falta de conducción y dirección de las penitenciarías.
Los cárteles de la droga se apoderaron de las cárceles hasta convertirlas en centros de operación alternos. Ahí han expandido la venta de drogas, alcohol o armas.
Innumerables notas periodísticas dan cuenta de la complicidad entre reclusos y autoridades en todos los órdenes: custodios dispuestos a facilitar fugas (aun en centros de máxima seguridad), directores vinculados con el crimen organizado, salidas nocturnas en vehículos oficiales (generalmente para asesinar), extorsiones operadas desde los penales, tráfico de drogas, prostitución, todo al amparo del poder.
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, García Ramírez describe las cárceles como “mercados de la miseria humana” donde todo se vende.
Dice su estudio: “El ejercicio de los derechos más elementales se halla sujeto a tarifa”. La luz, el agua, los sanitarios, el aseo, la ropa, el suelo para dormir, la comida, el sexo, la seguridad personal, los servicios médicos, la libertad….
Da cuenta de las muertes y lesiones de cientos de internos amotinados en los años recientes a lo largo del país en reclamo de alimentación digna, agua potable o simplemente agua, detener las torturas y el hostigamiento de las autoridades que han llegado incluso a “acribillarlos” con armas de fuego, o de los internos que ejercen los autogobiernos con toda clase de “puntas”.
“La violencia puede obedecer a las pugnas internas, las venganzas de grupos, las disputas por el poder y el botín carcelario. Pero no sobra decir que atrás o en el fondo de algunos actos de violencia suele existir una reivindicación de derechos negados, menoscabados, violentados; una suerte de ‘resistencia a la opresión’”, se lee en el estudio de la UNAM.
El tercer visitador admite: “El hecho de que una prisión tenga un autogobierno no necesariamente quiere decir que sea una prisión que no se gobierna. Luego suelen ser mejor gobernadas con el autogobierno que sin éste en cuanto al control, lo cual desde luego es indeseable”.
Reinserción imposible
El aparato penitenciario impide el fin primario de reintegrar a los convictos en la comunidad al término de su condena, algo establecido en el artículo 18 de la Constitución. Más aún, la reinserción social de los presos es un elemento esencial de la seguridad pública, según el DNSP, y como tal impacta a toda la sociedad.
Explica Aguirre: “Reinsertar a un interno está estrechamente relacionado con la prevención del delito. Si tú violentas a las personas en prisión, si las extorsionas de manera cotidiana, si maltratas a los familiares que van a visitarlas, si el trato es indigno, si las humillas, esas personas no van a poder reconciliarse, sino que van a generar resentimientos profundos en contra de la sociedad y las instituciones”.
El experto argumenta que la mayoría de las condenas rondan los 10 años. “Si en ese tiempo las vamos a tener (a las personas) en las comunidades, ¿cómo las queremos de regreso? El trabajo penitenciario tiene que mantener vivos sus derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a la libertad de expresión, de las ideas, a la cultura, al deporte”.
Sin embargo, los marginados de la sociedad son condenados dos veces: “Existe un repudio, estigmatización y desprecio social hacia todo lo que tiene que ver con las personas que cometen delitos”, según las encuestas de la CNDH. Más que conseguir la reinserción, las prisiones capacitan para delinquir y en gran medida insertan a los internos en la drogadicción.
La CNDH asegura que las prisiones se convierten en “centros de aprendizaje y especialización superior de la delincuencia” y en consecuencia provocan la reincidencia de los infractores.
Y complementa el estudio de la UNAM: “Los centros de reclusión no sólo no cumplen con el objetivo de la reinserción, sino que son sitios de degradación, abuso y contaminación criminógena, donde se aprenden conductas y hábitos criminales. Muchos delitos se planean y se organizan desde las cárceles”.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el documento universitario muestra que en 2012, de los 144 mil 107 sentenciados, 21 mil 82 fueron reincidentes.
Abandono
El sistema penitenciario en México se encuentra en estado de abandono por parte del gobierno, afirma Aguirre Aguilar. Ante esa situación se dice “frustrado” y apunta: “Las visiones son muy pobres respecto de las obligaciones del Estado frente a las personas que encarcela.
“El penitenciario es un tema que no vende políticamente, que tiene mucho que ver con un estigma y desprecio social hacia las personas que están en la cárcel, lo cual se aprovecha para hacer espacios alejados del ojo público.”
Para el visitador no ha habido voluntad política ni recursos para impulsar un cambio en el “principal” problema de las prisiones: el incumplimiento del mandato constitucional de reinserción.
“Las prisiones, socialmente hablando, las vemos lejanas. No se ha podido lograr que la ciudadanía entienda que lo que sucede en las prisiones le incumbe directamente. Y de que toda esta tolerancia hacia la corrupción, toda esta impunidad (en las prisiones), nos hace un daño enorme. Es uno de los más grandes males del país. Tenemos que combatirlo socialmente. Si no, asuntos tan delicados como la seguridad pública van a seguir siendo áreas de gran vulnerabilidad hacia la población”, afirma.
En los últimos años el fracaso ha sido rotundo. La administración de Felipe Calderón se limitó a crear espacios sin sentido y planeación para encerrar “enemigos” de su lucha contra el narcotráfico.
“No se apegaba a los estándares ni de la propia Constitución ni de los tratados internacionales. Toda la administración anterior, la política fue contener, contener y contener. No reinsertar. Por eso si observas los penales que se crearon, como el 11 de Sonora, el de Guanajuato, esos que tienen inversión privada, desde el diseño, que copiaron a los americanos, está equivocado: no contemplan áreas de capacitación, talleres, espacios para el deporte… Están diseñados para el castigo.”
Para García Ramírez, lo explica en su informe, todo se resume en “la necesidad de restablecer el Estado de derecho en el mundo sombrío de las prisiones, sin concesiones ni disimulos, y restituir a los reclusos el ejercicio de sus derechos, sistemáticamente quebrantados y recuperar el riguroso cumplimiento de los deberes que corresponden a los servidores públicos que actúan en este ámbito”.
Las reformas constitucionales de 2013 en la materia, aseguran ambos estudios, no apaciguan la tragedia.
Sobre este “paisaje sombrío, desolador, que ofende a la dignidad humana y oscurece las buenas intenciones”, sigue García Ramírez, “la verdadera reforma se ha sustituido con leyes, edificios costosos, discursos y promesas”. El exdirector de la cárcel de Lecumberri resalta el gatopardismo en un país “siempre dispuesto al discurso y reacio a la reforma efectiva de las instituciones y las costumbres”.
La transformación, sostiene, implica “combatir y extirpar –de veras, por fin y a fondo– la corrupción que priva en múltiples extremos del régimen penitenciario y echa por tierra las mejores intenciones; revisar y corregir el deplorable estado que prevalece en instalaciones físicas, trabajo, salud, alimento, contactos con el exterior, recreación, disciplina”.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dice el texto de la UNAM, “carece –salvo en las letras– de programas puntuales para el cumplimiento de esos fines”.
En los diagnósticos de la CNDH, por otra parte, no se refleja transformación alguna. Revelan la misma realidad, recrudecida por el tiempo.
“¡Eso es lo grave! ¡Que siga pasando lo que se viene diciendo hace 10 años”, arguye Aguirre.
–¿Hoy, quién es responsable del estado de las prisiones y el olvido en que se encuentran? –se le pregunta.
–El Estado mexicano.
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