El sistema penitenciario en México vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Diseñado para quebrantar voluntades, en él los presos se consumen entre muros gélidos que nublan la vista.
“El daño social de todos los crímenes perpetrados por todos los delincuentes recluidos en las prisiones, no iguala al de los crímenes cometidos en contra de ellos mismos”, escribió Karl Menninger en El crimen del castigo, libro citado en el estudio Presos y prisiones. El sistema penitenciario desde la perspectiva de los derechos humanos, investigación encabezada por Sergio García Ramírez para el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM.
En México el ilegal desprecio a los derechos humanos de los presos –derechos consagrados en los artículos 1, 18 y 19 de la Constitución– ha generado controversia.
“El respeto a los derechos humanos, como el trabajo, la capacitación, la salud, la educación y el deporte, no se cumplen. Al contrario, son las áreas más deficitarias. Por eso salimos con diagnósticos muy crudos, como es la realidad”, dice a este semanario Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Señaladas por políticos y miembros de la sociedad civil, en contraste, distintas organizaciones de derechos humanos han sido vapuleadas por considerar que protegen a criminales o por el contrario, por permanecer muy cerca del poder. La CNDH ha sufrido ambos señalamientos.
El estudio de la UNAM expone: “La violación de los derechos humanos de un recluso coloca a un agresor en situación de ofendido”. Victimario vuelto víctima.
“Eso sólo ha logrado convertirnos en un país de víctimas”, dice Aguirre Aguilar, quien señala las fallas del Estado al tiempo que defiende a la CNDH: “No es el hecho de que protejamos delincuentes. Eso es un estigma. No es por culpa de las organizaciones de derechos humanos la pésima operación de las autoridades en el tema. Para las víctimas originales de los delitos del delincuente que los lesionó, les genera un desconcierto pavoroso que el victimario se convierta en víctima. Pero la que los hace víctimas es la autoridad por no atender sus obligaciones constitucionales”.
Grupos vulnerables
Entre sus múltiples errores, el sistema penitenciario mexicano se ha revelado como un aparato discriminador de los grupos más indefensos en prisión. Así lo señalan el estudio de la UNAM y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013, de la CNDH. Las mujeres, los indígenas, los enfermos y los homosexuales son los más lastimados.
Contraviniendo la Constitución, hay 77 prisiones mixtas. Las mujeres en reclusión, documenta el texto de la UNAM, sufren una doble estigmatización: primero como mujeres y luego como delincuentes.
Sufren “violencia sexual más frecuentemente que los hombres” y “tratos crueles para que se autoinculpen y acepten una responsabilidad penal, en una violación total de las reglas del debido proceso. Han tenido que soportar revisiones en las que tienen que desnudarse. Dormir en el piso o vivir entre hombres son algunas de las condiciones irregulares que padecen las presas”, se asienta en la investigación.
Sobre derecho a la salud, García Ramírez infiere en el estudio de la UNAM que éste ha sido trasgredido desde el gobierno federal y señala que la Secretaría de Salud es la que “no acata la disposición normativa de acudir a las zonas de aislamiento para supervisar las condiciones en las que se encuentra esta población, por lo que suelen ser trasladados a la unidad médica cuando el padecimiento ya ha impactado severamente en la salud de la persona reclusa.
“Los hechos denunciados evidencian situaciones de abstención u omisión en brindar una adecuada protección a la integridad física o psicológica de las personas privadas de la libertad, actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la ausencia de condiciones adecuadas de estancia e instalaciones para vivir dignamente”, continúa y agrega un dato: Desde su creación y hasta abril de 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido 22 recomendaciones relacionadas con violaciones al derecho a la salud de personas privadas de la libertad.
Respecto al derecho al trabajo, garantizado también por la Constitución, el coordinador del PUDH, Luis de la Barreda, aporta al documento que “la falta de oportunidades de trabajo y de capacitación laboral en las prisiones impide que los reclusos adquieran habilidades y destrezas para ganarse la vida honestamente al quedar en libertad”.
Cientos de enfermos mentales “deambulan por los establecimientos, lo que los hace vulnerables a toda clase de abusos de la población general”. No tienen programas de rehabilitación psicosocial, refiere el documento universitario, el cual califica al sistema de “racista y criminalizador”.
Los más de 8 mil indígenas convictos en el país sufren la “extrañeza” de su propia patria. A menudo monolingües, no tienen traductores y son enviados a instituciones distantes de su lugar de residencia “con el consecuente quebranto de las relaciones familiares”.
El Estado, supuesto garante de derechos, impone la represión a capricho, avasallante de derechos y libertades, expone el texto de la UNAM. El agravio de los detenidos redunda en la degradación, en tratos inhumanos.
Las vejaciones constantes se suman al hacinamiento, deficiencias en el alojamiento de los reclusos, desatención médica, mala alimentación, carencia de fuentes de trabajo y educación, uso excesivo de la fuerza y la suspensión del contacto de los internos con el exterior como castigo, rehenes de cualquier capricho y sometidos a la incomunicación.
Las sanciones disciplinarias son a todas luces excesivas. Concluye Aguirre: “(Los convictos) llegan a pasar hasta meses sin salir de su celda. El sistema está diseñado para enfermar a cualquier persona”.
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