1 DE JULIO DE 2014
ANÁLISIS
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| Peña y Azcárraga. Colusión. Foto: Mario Vázquez de la Torre |
MÉXICO, D.F. (apro).- Se cumplieron con creces los malos augurios que advertimos cuando publicamos enProcesoque desde enero de 2014 hubo un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Televisa.
El dictamen que finalmente hoy dieron a conocer las comisiones –que nunca discutieron pública y abiertamente– es un ejemplo del peor modelo de legislación para telecomunicaciones y radiodifusión.
La complejidad técnica y jurídica del tema no tiene por qué ensombrecer el asunto fundamental: no se van a democratizar las estructuras de los medios de comunicación, no habrá diversidad y pluralidad de contenidos, no se combate a los monopolios, por el contrario, se les fortalece, y en lugar de ser una ley convergente mantiene por separada la posibilidad de que México entre a una legislación moderna en materia de contenidos, de libertad de internet y de acceso de la población a las nuevas tecnologías.
Son cinco ejes fundamentales que pueden explicar esta clara contrarreforma:
1.-Restringe derechos.- La reforma constitucional del 2013 estableció claramente derechos nuevos como los derechos de las audiencias –el máximo derecho es tener acceso a diversidad, pluralidad y calidad de contenidos audiovisuales–, los derechos de los usuarios –evitar el uso y abuso del monopolio telefónico-, los derechos de acceso a universal al internet, y los derechos a los comunicadores comunitarios e indígenas.
Estos derechos se conculcan para privilegiar los intereses de los monopolios, pero sobre todo, el interés de Televisa y su socio TV Azteca en su proyecto de expansión hacia la telefonía, de controlar más de 90% del mercado de contenidos y de publicidad en televisión abierta y en televisión restringida.
No habrá ninguna medida eficaz para frenar la expansión del negocio de Grupo Televisa en televisión restringida. Mucho menos existirán mecanismos eficaces para hacer respetar los derechos de las audiencias. Y, por si fuera poco, la Secretaría de Gobernación mantendrá un control nada velado sobre los contenidos, tanto de la televisión, como de la radio y hasta de la televisión restringida.
2.-No hay autonomía del órgano regulador.- La reforma constitucional se construyó con la idea de que la regulación de este poderoso sector se hiciera desde un organismo autónomo a las ambiciones de control político del gobierno federal y a las ambiciones de “captura” y manipulación de los grandes monopolios.
Esta aspiración se tira por la borda. En los hechos, el papel del IFT en este proceso de legislación secundaria ha sido vergonzoso, por ponerle un adjetivo suave. Los comisionados y su comisionado presidente prefirieron alienarse a los intereses de la “línea dura” gubernamental, representada en esta negociación por el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos, y con el gran cabildero de Televisa, el señor Javier Tejado Dondé.
Por si fuera poco, en la última versión del dictamen se permite, de nuevo, la influencia de la SCT para “opinar” en materia de prórroga de concesiones. De nuevo, el uso político de las concesiones. Y la Secretaría de Gobernación mantiene 11 funciones.
A este IFT debilitado le quedarán las funciones más incómodas y discrecionales como hacer los “lineamientos” para los defensores de audiencia; estará subordinada a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) –una institución pensada para otro tipo de servicios– en materia de derechos de los usuarios; y sus atribuciones quedarán envueltas en esta demostración de presidencialismo faccioso que se impondrá en el Senado de la República.
3.-No es una legislación convergente.- Tampoco se avanza hacia una legislación que garantice condiciones de equidad y de competencia en el proceso de convergencia entre los medios audiovisuales (televisión abierta, televisión restringida) y los de telecomunicaciones (internet, telefonía fija, telefonía móvil) y la posibilidad de que los medios públicos puedan acceder a esta convergencia.
La ley secundaria mira al pasado para prevalecer los privilegios políticos, económicos y de facto de la única empresa que ha sido inalterada en sus intereses durante la fallida “transición” o “alternancia” a la democracia: Grupo Televisa.
El gobierno federal y el Congreso harán el ridículo internacional al aprobar una ley caduca, facciosa, beneficiaria sólo a los intereses preponderantes. La promesa de que México, “ahora sí”, entraría a la sociedad de la información y pondría límites a los monopolios quedará como pura demagogia.
4.-Discriminación y censura.- Lo peor de la última versión de este dictamen de telecomunicaciones es que cierra toda posibilidad a que los medios comunitarios e indígenas se vuelvan alternativas viables. No habrá una reserva del espectro digna. No habrán condiciones de competencia. Se les restringe a un radio de transmisiones de 20 watts de potencia y torres de 30 metros máximo. En otras palabras, cualquier radio religiosa o parroquial tendrá más potencia. A las emisoras dependientes de las universidades se les restringirán los recursos. Los medios públicos no serán tales sino extensiones de las oficinas del gobierno federal o de los gobernadores.
Todo esto alentará la doble censura: por un lado, la que impondrán el modelo de monopolio de la opinión pública (sólo Televisa y TV Azteca podrán ofrecer sus contenidos en todas las plataformas posibles) y, por otro, la que ejercerá el gobierno federal.
Imaginemos a una cobertura informativa donde todos naden sincronizadamente para criminalizar al doctor Mireles –como está sucediendo ahora- e imponer una comunicación facciosa.
En el internet son muy vagos los avances. Ciertamente cambiaron los artículos más represores del capítulo de “Colaboración con la Justicia”, pero se mantiene esta posibilidad de que las autoridades ministeriales violen la privacidad de las comunicaciones en internet.
5.-Se impone el plan de negocios de Televisa.- No hay vuelta de hoja en esta ruta: la ley secundaria no frenará la creciente concentración en televisión de paga. Al contrario, la alentará, porque así está decidido desde junio del año pasado en el “plan de negocios” de Grupo Televisa.
Y si es posible, se prolongará lo más que se pueda la licitación de las dos cadenas de televisión abierta digital. De todas maneras, ambas cadenas llegarían, a lo máximo, a cubrir 16% del mercado en cinco años.
Mientras tanto, Televisa podrá mantener su 70% de dominio en televisión abierta y crecer más en su dominio de la publicidad, de los contenidos, de adquirir más empresas de televisión de paga (sólo quedará como “competencia” relativa un consorcio como Megacable, en televisión por cable; y Grupo Dish, en televisión vía satelital, con múltiples barreras de entrada).
Bienvenidos a un sexenio más de Televisa con el Grupo Atlacomulco como principal cliente y defensor.
Twitter: @JenaroVillamil
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