Pese a los esfuerzos del gobierno peñanietista de presentar a México como un país en proceso de recuperación, con índices cada vez menores de violencia, con libertades y una sólida democracia, la realidad es otra. Organizaciones no gubernamentales e incluso la ONU han dado a conocer recientemente diversos informes en los cuales se retrata la pobre calidad de vida en la nación, donde la violencia, la impunidad y la falta de garantías nos colocan en los últimos lugares del planeta.
Contra el empeño del presidente Enrique Peña Nieto de proyectar una imagen positiva de México a través del equipo que compite en el campeonato de futbol en Brasil, recientes evaluaciones internacionales le muestran al mundo el deterioro de la vida en el país a causa de la violencia.
En lo que va de este año, organismos y organizaciones internacionales han medido desde diferentes ámbitos los altos costos de la violencia desbordada en México durante los últimos 10 años, incluidos los dos primeros del actual gobierno.
Crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, decenas de miles de desplazados internos, bajo nivel de vida democrática con una limitada libertad de expresión y hasta una estimación de casi 173 mil millones de dólares como costo de la violencia, son algunas de las mediciones que se han hecho de México en distintos foros internacionales.
La más reciente evaluación se dio a conocer el miércoles 18, cuando el Instituto para la Economía y la Paz, organización no gubernamental con sede en Sidney, Australia, y Nueva York, publicó su Índice global de paz, en el cual México fue colocado en el lugar 138 de 162 países, tres lugares más abajo respecto al informe del año pasado.
Durante décadas el país gozó de una paz interna y externa en contraste con los otros de la región, pero “una escalada de violencia relacionada con el narcotráfico desde 2007 ha provocado conflictos internos y, a pesar de algunos éxitos de las autoridades en combatirla, no hay signos (de) que disminuya”, señala el informe.
La organización estimó en 172 mil 785 millones de pesos el costo de la violencia en el país, equivalente a 10% del PIB.
Este señalamiento se hizo el mismo día que Peña Nieto aseguró que la violencia ha cedido en el país. Durante la inauguración de un centro de operaciones del Ejército en Nanchititla, en el municipio mexiquense de Tejupilco, el presidente aseguró que tener a los militares fuera de sus cuarteles ha dado como resultado la reducción de los homicidios dolosos en 24%.
La militarización es uno de los principales factores negativos considerados en el Índice global de paz, que mide la ausencia de violencia en los países. “Los niveles de paz dentro del territorio mexicano son bastante bajos, caracterizados por la intensificación de la respuesta militar al conflicto del tráfico de drogas”, señala.
El instituto consideró que otro factor de violencia es la incursión de los grupos del narcotráfico en otros delitos, como el secuestro y la extorsión, pero también al surgimiento de las autodefensas: la falta de confianza en la policía y en las instituciones de justicia ha incrementado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y en algunos casos ha llevado a la creación de grupos armados de autodefensa, indica.
La percepción de criminalidad, los homicidios, el fácil acceso a armas pequeñas y ligeras, las manifestaciones violentas, los muertos por conflictos y el número de agentes públicos y privados para hacer frente a la inseguridad fueron determinantes para la valoración negativa de México en ese índice global, diseñado para establecer la relación entre negocios, paz y desarrollo económico.
Guerra al narco
La militarización y sus efectos en la violencia fue también considerada en el informe del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien apenas el jueves 12 presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los resultados de su visita oficial a México, ocurrida entre el 22 de abril y el 3 de mayo de 2013.
El informe fue también devastador para la imagen de México ante el mundo al referirse a los niveles desbordados de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos. Señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo 102 mil 696 homicidios, de los cuales 70 mil estuvieron relacionados con la guerra al narcotráfico.
Señaló que la falta de investigaciones claras impide saber con certeza cuántos de esos crímenes fueron cometidos por la delincuencia organizada y cuántos por agentes de seguridad del Estado. Se trata de asesinatos generalizados que no han sido castigados debido a la impunidad sistemática y endémica del país.
Para reducir la impunidad, consideró “imperativo” disminuir la participación de los militares, Ejército y Marina, en las actividades policiales. “En cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar”, que es someter al enemigo valiéndose de su superioridad de fuerza, en lugar de la prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de los delincuentes, señaló el relator.
Agregó: “El derecho a la vida está gravemente amenazado en México y este problema debería tener la máxima prioridad a nivel nacional”, a través de la rendición de cuentas de los atropellos cometidos.
Desaparecidos y desplazados
A este informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos en México se suman los reportes sobre desaparición forzada que actualmente también se analizan en la ONU. Organizaciones no gubernamentales estiman en cerca de 21 mil las víctimas de ese delito, aunque el gobierno de Peña Nieto juega con la cifra y la ubica entre 8 mil y 16 mil.
La difusión del informe del relator y de los resultados del Índice global de paz siguieron al Panorama Global 2014 sobre Desplazados Internos por Conflictos y Violencia, elaborado por el Centro de Monitoreo sobre Desplazados Internos y el Consejo Noruego sobre Refugiados.
Dado a conocer en mayo pasado, el reporte estima en unos 160 mil los refugiados internos en México a causa, sobre todo, de la violencia. Ubica como inicio de ese fenómeno el estallido del conflicto zapatista en Chiapas en 1994, pero encuentra en la violencia delictiva el detonante de un problema que según sus estimaciones afecta a 0.1% de los habitantes del país.
“En la última década, cientos de miles de personas han sido forzadas a abandonar sus casas y comunidades. La más afectada ha sido la población de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Guerrero”, dice el informe.
Con base en cifras del gobierno mexicano, asegura que más de una de cada 100 familias ha tenido al menos un miembro que ha cambiado su residencia ante el temor de daño físico, aunque advierte que las autoridades mexicanas no han hecho un estudio específico sobre ese desplazamiento interno.
El Observatorio Mundial sobre Refugiados dice que las confrontaciones entre las organizaciones criminales y de éstas con las fuerzas públicas estatales y federales han afectado a cientos de civiles inocentes. Además el temor al reclutamiento forzoso de menores y de personas con habilidades técnicas también ha llevado a mucha gente a buscar seguridad en otras partes del país. Lo mismo ha provocado la proliferación de las extorsiones y el secuestro.
“Estos actos de violencia han forzado a la gente a abandonar individualmente o en masa tanto áreas rurales como urbanas. En Guerrero y Michoacán el grupo delictivo de Los Caballeros Templarios han buscado tener control en el sector público y en el privado, manteniendo intereses en diversos negocios, incluida la minería ilegal, lo que ha llevado al desplazamiento de comunidades enteras de áreas remotas.”
Entre los otros afectados del desplazamiento interno identifica a los funcionarios de gobiernos locales y sus familias cuando se niegan a cooperar con esas organizaciones, a los activistas de derechos humanos que los denuncian y los ciudadanos que simplemente buscan justicia por los crímenes cometidos contra sus familias.
Asegura que en México también hay desplazados internos a causa de violencia política y racial, particularmente entre grupos indígenas. En el caso de Chiapas estima que aún hay unas 25 mil personas desplazadas como resultado del conflicto armado.
Retoma el argumento de Peña Nieto sobre la reducción de la violencia en lugares como Ciudad Juárez y Acapulco, pero sin que haya atendido el problema de los desplazados internos. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia considera ese problema, “pero los detalles de cómo lo va a hacer no son claros”.
En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dice que provee alojamiento y herramientas de trabajo agrícola a algunos desplazados, pero excluye a las víctimas de la delincuencia organizada.
Un señalamiento similar hace de la Ley General de Víctimas, que prevé asistencia y reparaciones para los desplazados internos, incluida alimentación, resguardo, seguridad y acompañamiento en el retorno; pero la comisión creada para asistir a las víctimas aún no ha puesto énfasis en esos componentes, asegura. La comisión, de reciente creación, está inmersa en una crisis interna por la disputa de los comisionados para controlarla.
Hasta abajo
En marzo pasado se publicó otro reporte todavía más desolador sobre el panorama mexicano de principios del siglo XXI. Peace Worldwide, ONG con sede en Texas, publicó su Civility Report 2014, donde evalúa los derechos humanos, la democracia, la paz y el comportamiento cívico en el mundo.
Los resultados fueron desastrosos para la imagen del país, reprobado en todas las áreas. En violaciones a los derechos humanos fue permanentemente señalado como país receptor y de tránsito de inmigrantes, sobre todo mujeres y niños de Centroamérica, con fines de prostitución.
En coincidencia con los otros reportes señala: “En México, los cárteles de la droga y otras bandas asesinan y secuestran a cientos de personas inocentes. Los militares también cometen atrocidades, incluyendo asesinatos y desapariciones, sin que ninguno haya sido llevado a la justicia”.
Además de mencionar la violencia contra las mujeres y la discriminación y acoso contra los pueblos indígenas, enfatiza también que el país es fuente, tránsito y destino del tráfico de mujeres y niños de Centro y Sudamérica y del sureste asiático para la prostitución en Norteamérica y Europa.
Al considerar la respuesta represiva del Estado contra movimientos sociales opositores, México aparece en un grupo inferior, junto a países en su mayoría de África, Asia y Medio Oriente: Angola, Bangladesh, Benín, Burundi, República del Congo, Yibuti, Guinea-Bissau, Irán, Israel, Jordania, Kazajistán, Moldavia, Nigeria, Omán, Filipinas, Qatar, Ruanda, Suazilandia, Venezuela y Vietnam.
En derechos políticos y libertades civiles tampoco sale bien calificado. En conjunto, el reporte valoró libertades civiles como libertad de expresión, creencia y asociación, así como el cumplimiento de la ley, mientras que derechos políticos consideró los procesos electorales, el pluralismo político, la participación y el funcionamiento del gobierno.
En esas valoraciones México fue agrupado de nueva cuenta con países de Asia y África con un bajo índice democrático: Armenia, Bangladesh, Burkina Faso, Fiji, Guinea, India, Kuwait, Kirguistán, Madagascar, Moldavia, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sri Lanka y Uganda.
En esta evaluación el gran factor en contra fue la falta de condiciones para favorecer la libertad de expresión. El propio gobierno mexicano admite que entre 2000 y 2013 hubo 102 asesinatos de periodistas en el país. Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, la mitad ocurrió durante el sexenio de Calderón, en la “guerra al narcotráfico”. En ese periodo también tiene registrada la desaparición de 24 periodistas, 18 de ellos durante el sexenio anterior.
Peace Worldwide retoma la ubicación de México en 2013 en el Índice global de paz (141 de 162) y recuerda que en ese indicador se colocó junto a Burundi, Chad, Colombia, Etiopía, Georgia, Guinea-Bissau, Irán, Kenia, Kirguistán, Líbano, Libia, Myanmar, Nigeria, Filipinas, Ruanda, Sudán del Sur, Tailandia, Turquía y Venezuela.
Para medir el índice de comportamiento cívico, considera los indicadores de democracia, paz y la tasa del índice de felicidad en el planeta (IFP).
Elaborado por The New Economics Foundation, el IFP mide la calidad de vida basada en las políticas públicas para el bienestar, la expectativa de vida y el entorno ecológico. También mide el respeto a los derechos humanos, la libertad y la eficiencia administrativa de los gobiernos.
En el caso de México, la combinación de todos esos factores lo colocó también en los últimos lugares del índice de comportamiento cívico. Mientras las calificaciones más altas las obtuvieron países como Islandia, Suiza, Suecia y Dinamarca, y en Latinoamérica, Chile y Costa Rica, con un rango de entre 80 y 90 puntos, México logró apenas 20 puntos, compartiendo lugar con Marruecos y Filipinas.
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