13 DE MAYO DE 2014
DESTACADo
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| Tortura bajo el manto militar. Foto. Miguel Dimayuga |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Amnistía Internacional sostiene que en México la tortura “sigue siendo una práctica generalizada” a pesar de la legislación para combatirla en tanto que “la impunidad reina entre los responsables de estos actos”.
En el arranque de la campaña “Stop tortura”, la organización con sede en Londres, Inglaterra hizo público el informe “La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas”, apoyado en una encuesta de esa práctica en el mundo, realizada por Globescan en 21 países de todos los continentes.
En el caso específico de México, la encuesta referida destaca que el 64% de los mexicanos “temen ser torturados si son puestos bajo custodia”, consideración que en el continente americano sólo es superada por Brasil, donde el 80% de los brasileños comparten ese temor.
Según AI, los reportes de tortura “han ido en aumento a medida que se ha intensificado la espiral de violencia, a consecuencia de la lucha iniciada en 2006 por el gobierno contra la delincuencia organizada”.
El documento está acompañado de una carta del secretario general de AI, Salil Shetty, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, luego de que en febrero de este año visitara el país para “hablar de la crítica situación que los derechos humanos en México”.
En la misiva Shetty hace una serie de recomendaciones para atender “los actuales patrones de desapariciones tortura y detenciones arbitrarias, así como los ataques habituales contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres, con independencia de si los perpetradores son no funcionarios del Estado”, que se resumen en “poner fin a la impunidad que fomenta estos abusos”.
En el documento fechado el 9 de mayo, Shetty repasa las respuestas de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el pasado Examen Periódico Universal (EPU), en el que el país admitió 168 de 176 recomendaciones, así como la crisis que atraviesa el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y advierte que desde que se entrevistó con Peña Nieto en febrero, ha notado que “su gobierno ha sido reacio a asumir claros compromisos públicos sobre derechos humanos”.
En el informe sobre tortura, la organización puntualiza que a partir de 2006 las denuncias de la implicación de policías y de miembros de fuerzas armadas en las torturas y las desapariciones se han incrementado, en un periodo en el que al menos 80 mil personas han muerto por la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón.
Entre 2010 y 2013, mencionó la organización, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 7 mil quejas de tortura, contra miembros de fuerzas federales de seguridad, desconociéndose las de las corporaciones policiacas locales en los 32 estados.
Más grave aún resulta los pocos procesos penales a que han sido sometidos responsables de tortura, destaca AI: “el consejo de la Judicatura Federal informó a Amnistía Internacional en enero de 2014 de que los tribunales federales sólo habían dictado siete sentencias por tortura desde 1991. En el ámbito estatal, el Instituto Nacional de Estadística únicamente ha registrado cinco sentencias por tortura en los 2 estados entre 1965 y 2012”.
Dichas cifras contrastan con las entregadas por el gobierno mexicano al Comité contra la Tortura, en 2012, en el sentido de que desde 2012 se habían registrado cinco sentencias por tortura, 143 por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 304 por uso indebido de atribuciones.
El reporte señala que en México “muchas detenciones se practican sin orden judicial y, con demasiada frecuencia, se detiene sin pruebas a personas pertenecientes a comunidades pobres y marginadas”, que carecen de recursos para tener una asistencia legal adecuada, “lo que acrecienta su riesgo de sufrir tortura y malos tratos”.
Refiere que entre 2008 y 2013 8 mil 595 personas estuvieron arraigadas por un periodo de 80 días, y de ellas 3.2 % fueron posteriormente declaradas culpables.
En el apartado dedicado a nuestro país, la organización resalta la identificación de cuerpos policiacos y castrenses en la ejecución de la tortura, cuerpos de seguridad “también implicados en desapariciones forzadas”.
Sobre las revisiones médicas para detectar la tortura, oficialmente encomendadas a la Procuraduría General de la República (PGR) a través del “Dictamen Médico /Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato”, Amnistía Internacional refiere que revisó 20 expedientes, en los cuales detectó que “no eran conformes al Protocolo de Estambul”, que fueron realizados “años después del momento en que tuvo lugar la presunta tortura”, por lo que las víctimas ya no presentaban señales físicas o psicológicas evidentes de tortura, por lo que invariablemente el delito era descartado.
En el análisis de cinco casos considerados para la organización como paradigmáticos, Amnistía Internacional da cuenta de los métodos de tortura, de las detenciones sin pruebas recurrentes, del imperio de un sistema de justicia “que no puede o no quiere prevenir la tortura” , de cómo los sospechosos son recluidos sin cargos y las denuncias de tortura son descartadas o minimizadas por los jueces, en tanto que los cambios constitucionales en materia de derechos humanos no han prevenido la tortura y de cómo los exámenes médicos son aplicados a las víctimas demasiado tarde.
A partir de los casos analizados. AI establece un patrón de la ejecución de la tortura en México que consiste en “amenazas de muerte, amenazas contra familias de detenidos; simulacros de ejecución y amenazas de desaparición forzada; palizas; posturas en extensión; asfixia mediante bolsas de plástico o trapos mojados; introducción de agua con gas o chile por la nariz del detenido; descargas eléctricas: violación y otra formas de violencia sexual”.
Tras señalar como una práctica común las detenciones “durante largos periodos (…) sin cargos”, y la desestimación de las denuncias de tortura, la organización resalta que “los exámenes médicos practicados a los sospechosos, incluidos los procedimientos oficiales para investigar las denuncias de tortura, distan mucho de cumplir con las normas internacionales, y permiten que la tortura y otras formas de tratos queden impunes”.
En su informe sobre México, Amnistía Internacional refiere que lleva “más de 50 años documentando el uso de la tortura y otros malos tratos” en el país, práctica “generalizada y sistemática en la ‘guerra sucia’ contra los presuntos grupos armados de oposición y contra las personas a las que se considera opositores políticos”.
Agrega que en este país, se acepta tácitamente la práctica de la tortura y los malos tratos al considerarlos necesarios para que “la policía y las Fuerzas Armadas puedan atrapar a presuntos delincuentes”, situación que se agudizó en los últimos años “para obtener confesiones o declaraciones que implique a otras personas, para obtener información, para obtener dinero mediante extorsión, y para inspirar temor y lograr un sometimiento”.
El informe resalta que las víctimas de torturas infringidas por policías, militares o marinos, “a menudo son mostrados ante las cámaras de medios de comunicación, con la mirada perdida, magullado y presentado como delincuentes peligrosos antes de ser acusados formalmente”, y que tanto las víctimas como sus familiares y activistas que los defienden, “se enfrentan a menudo a amenazas e intimidación”, de ahí que no quieran denunciar formalmente.
A ello la organización añade las violaciones al debido proceso en contra de las víctimas de tortura, obligadas a firmar confesiones auto inculpatorias: “Amnistía Internacional ha entrevistado a víctimas de tortura que afirman que los abogados de oficio, o bien hicieron caso omiso de los indicios de tortura, o bien, en algunos casos, las animaron a firmar declaraciones para evitar nuevas torturas”, mientras que a defensores particulares o activistas de derechos humanos “se les niega habitualmente el acceso” a las diligencias judiciales.
Amnistía Internacional presenta 20 recomendaciones al Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como para reparar el daño a las víctimas, entre ellas la desaparición del arraigo; la puesta disposición ante un juez de manera inmediata de los detenidos; las investigaciones puntuales de las acusaciones de tortura; realizar exámenes médicos independientes en la puesta a disposición y cuando haya señalamientos de tortura; que la carga de la prueba recaiga en el Ministerio Público y no en las victimas; procesar en el fuero civil a miembros del cuerpos policiacos y castrenses acusados de tortura e implementar mecanismos de resarcimiento de daños, entre otras.
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