Los legisladores priistas siguen pasando adiciones de contrabando en los dictámenes sobre las reformas, en este caso la política-electoral. El miércoles 14 añadieron una fracción que implicaba el otorgamiento de un millonario “haber de retiro” (o pensión vitalicia, como denuncian panistas y perredistas) para los funcionarios mejor pagados del servicio electoral: los magistrados del TEPJF. Como los primeros beneficiados serían los actuales miembros de ese tribunal, los negociadores del PAN y del PRD sospechan que se trata de un “pago de facturas” o “soborno anticipado” del PRI por las sentencias favorables a su candidato presidencial en 2012… y las que están pendientes.
Un “albazo legislativo” en el Senado, operado por el consejero político de Los Pinos, Humberto Castillejos, y ordenado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, permitirá a los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obtener millonarias pensiones vitalicias a cambio de “un pago de favores” del PRI y el gobierno federal, afirman negociadores del PRD y del PAN.
La incorporación a última hora de un agregado al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el dictamen de la reforma político-electoral ensombreció 80 días de negociaciones entre los tres principales partidos para aprobar una reforma que configura los alcances de la nueva autoridad, el Instituto Nacional Electoral, prohíbe e incorpora como causal de nulidad la compra ilegal de tiempo-aire en radio y televisión e introduce nuevos mecanismos de fiscalización.
Los magistrados del TEPJF constituyen la última instancia de decisión en todos los conflictos electorales e intrapartidistas, y todavía tienen pendientes dos casos clave en la elección presidencial de 2012: el Monexgate y el presunto rebase de topes de gastos de campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Entrevistados por Proceso, el negociador del PRD, Alejandro Encinas, y el del PAN, Javier Corral, advierten que el “haber de retiro” para los siete magistrados del TEPJF fue rechazado dos veces en las negociaciones con el gobierno federal: primero, al discutir la reforma constitucional en materia política en 2013, y después, al darse cuenta de que se incorporó en los dictámenes que se debatieron en el pleno del Senado el pasado miércoles 14.
Antes de iniciar la discusión y votación en lo general del paquete de tres leyes secundarias sobre la reforma político-electoral, Encinas y otros integrantes del PRD se percataron de que se incluyó una adición al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece como atribución de la Comisión de Administración del TEPJF, conformada por tres consejeros de la judicatura federal y dos magistrados de la Sala Superior, la siguiente facultad: “XXXI. Determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior”.
El lunes 12 –según Encinas–, se repartió vía electrónica el primer borrador de los dictámenes. Ahí apareció la fracción alusiva al “haber de retiro”. El martes 13 la bancada del PRD envió un documento de observaciones para retirar esta fracción incorporada “de manera subrepticia”, y la propuesta “fue aceptada por la mesa de negociaciones”. Sin embargo, el miércoles 14 apareció en la Gaceta del Senado “en forma contraria a los acuerdos firmados ya en dos ocasiones”.
Durante la discusión en el pleno, la noche del miércoles 14, el senador Luis Sánchez, vicecoordinador de la fracción perredista, planteó una reserva para pedir que el pleno eliminara el “haber de retiro”.
El presidente de la Mesa Directiva, el priista Raúl Cervantes Andrade, sólo mencionó que el documento se recibió y se fue al Diario de los debates de acuerdo a la versión estenográfica de la sesión. Ahora, la bancada del PRI admite que se votó y fue desechada esta reserva por la mayoría de los senadores.
El “regalo” de Nuño
La historia de este “regalo” a los magistrados electorales –cuyo costo sería de 730 millones de pesos justamente para los servidores públicos mejor pagados en el servicio electoral– se remonta a la reforma constitucional de finales del año pasado.
El senador panista Javier Corral afirma que desde entonces “ya se había parado esta pretensión”. Recordó que Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, quiso meter, a través de dos transitorios a la Constitución, dos beneficios para los siete magistrados: ampliar su periodo cinco años y homologar el sistema de pensiones a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que significaría un ‘haber de retiro’ o una pensión vitalicia.
“Eso se paró en la reforma constitucional. Era un compromiso de Nuño con los magistrados porque hay dos asuntos pendientes en el tribunal que tienen que ver con la elección de Peña Nieto: el caso Monexgate y el rebase de topes de gasto de campaña.”
A su vez Encinas, negociador del PRD, relata que hubo un “acuerdo explícito” con los representantes del gobierno federal (Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, y Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación) para que no se incorporara este tema a la dictaminación de las reformas secundarias a la ley electoral, cuyas negociaciones se iniciaron en marzo de 2014.
“No aceptamos el concepto de ‘haber de retiro’ porque ya existen varias ‘economías’ y fideicomisos generados en los tribunales y en las cortes mexicanas que son millonarias”, afirma Encinas.
–¿El tema fue planteado por el gobierno?
–Sí lo planteó el gobierno, pero en ningún momento hubo acuerdo para incorporarlo. En mayo quedamos en que no iba a ser incorporado.
–¿Es una especie de soborno a los magistrados electorales?
–Es un compromiso que trae el gobierno federal del PRI con los magistrados. Es un pago de favores. Este tribunal electoral ha actuado como un tribunal de consigna permanentemente.
El perredista señala que los dos magistrados que recibirían los mayores montos por el “haber de retiro” son la expresidenta del tribunal, María del Carmen Alanís (185.6 millones de pesos), y Salvador Olimpo Nava (196.8 millones de pesos), ambos autores de resoluciones favorables a los intereses del PRI.
Alanís votó a favor de Jesús Ortega en el litigio que entabló precisamente con Encinas por la dirección nacional del PRD en 2008 y fue señalada por el encuentro que tuvo en su casa con representantes del gobierno de Peña Nieto en vísperas de resolver el uso ilegal de recursos públicos del Estado de México para promover al entonces gobernador mexiquense en spots.
Nava Gomar, añade Encinas, fue fundamental en el voto para habilitar a Jorge Hank Rohn como candidato del PRI a la gubernatura de Baja California.
Por su parte, Javier Corral resume la operación del “madruguete” legislativo: “El responsable material fue Humberto Castillejos, el autor intelectual fue Aurelio Nuño, pero el responsable directo es Enrique Peña Nieto”.
–¿Por qué la responsabilidad de Castillejos? –se le cuestiona.
–Porque Castillejos fue el único que tuvo el control del dictamen de la reforma político-electoral desde el principio.
“Esta decisión tiene toda la significación de un pago de facturas, pasadas o próximas, con los magistrados. Es un mensaje muy grave porque están pendientes de resolver dos asuntos que afectan la legitimidad y la legalidad de la elección de Peña Nieto: el caso Monexgate y el rebase de topes de gastos. Es un golpe brutal a la credibilidad del tribunal electoral.”
El escándalo ha provocado una serie de reacciones y contradicciones entre los propios legisladores. El panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, y Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el Pacto por México, atribuyeron este asunto a los acuerdos del extinto pacto.
Los vicecoordinadores del PRD, Dolores Padierna y Luis Sánchez, condenaron este intento de “soborno anticipado” a los magistrados. “Es indignante que además de ser los servidores públicos mejor pagados ahora se les premie con un ‘haber de retiro’”, declaró Padierna, mientras Sánchez indicó que “nadie, ni en el Poder Judicial ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, puede determinar una pensión vitalicia”.
“No hubo mala fe”: PRI
Ante el escándalo que estalló en la sesión del jueves 15 en la Cámara de Diputados, revisora del dictamen aprobado un día antes en la de Senadores, la bancada del PRI en ésta última negó que se trate de una “pensión vitalicia” o que hubiera actuado “de mala fe”, pero admitió que la atribución de la Comisión de Administración del TEPJF para definir un “haber de retiro” se incorporó y se votó.
El senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado y negociador del PRI, afirmó que este “haber de retiro” es necesario “para garantizar la independencia y autonomía judicial” de los magistrados.
En un comunicado de prensa enviado la noche del jueves 15, Chico Herrera afirmó que el texto de la minuta aprobada en el Senado “estuvo en los correos electrónicos distribuidos por el suscrito, en mi calidad de presidente de la Comisión de Reforma del Estado, al grupo de trabajo integrado por las diferentes fuerzas políticas; e incluso sufrió modificaciones ese artículo en las mesas de trabajo previas a la dictaminación. La citada fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue parte del proyecto de dictamen y del propio dictamen aprobado en lo general por las comisiones dictaminadoras”.
Afirmó que “incluso, en el pleno se desechó una reserva relativa a esta fracción en específico”, en clara referencia a la reserva presentada por el senador perredista Luis Sánchez, que no fue discutida en la tribuna.
Por eso “es falso que se haya otorgado una pensión vitalicia a los integrantes de la Sala Superior del TEPJF”, insistió Chico Herrera.
Ante la creciente reacción adversa, el coordinador priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, emitió un comunicado el viernes 16 en el cual afirma que el PRI “está dispuesto a atender y procesar cualquier iniciativa que sobre este tema se presente a fin de despejar cualquier tipo de duda y que la transparencia con la que construimos esta ley, entre todas las fuerzas políticas, siga imperando”.
“Nadie entre quienes aprobamos este ordenamiento actuamos de mala fe”, aclaró Gamboa Patrón en el boletín.
Cuestionados al respecto, tanto Alejandro Encinas como Javier Corral reconocen que hay posibilidades de cambiar y modificar este ordenamiento antes de las elecciones federales de 2015.
Para Encinas, se puede presentar una iniciativa la próxima semana y convocar a un periodo extraordinario para discutirla y aprobarla. “Este no es un asunto de la ley electoral, es una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por tanto, no tiene ningún impedimento para que se apruebe en una fecha determinada”, abunda el también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
Corral considera que el Senado debe deslindarse de una votación como la del miércoles 14 y abrir una consulta con los magistrados electorales para que digan si quieren un “haber de retiro” o una “pensión vitalicia”, a fin de que se legisle.
El INE, “modelo híbrido”
La polémica generada por las pensiones a los magistrados electorales ha ensombrecido la discusión sobre el alcance de las reformas, en especial las nuevas facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo que sustituye al IFE como autoridad y tiene atribuciones para delegar y atraer los comicios en los estados.
Durante las semanas previas al periodo extraordinario de sesiones que se convocó para aprobar el paquete de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, los negociadores del PRI y del PRD le atribuyeron al proceso electoral interno del PAN el retraso en las negociaciones y las diferencias en los alcances de las atribuciones del INE.
“La contienda interna del PAN no tuvo ninguna influencia en las negociaciones. Los que se pararon de la mesa fueron el gobierno y el PRI, el 26 de abril, porque no estuvieron de acuerdo con el método de negociaciones y con algunos de los planteamientos sobre el INE”, afirma Juan Carlos Romero Hicks, negociador de Acción Nacional.
Consultado por Proceso, Romero Hicks indica que su partido puso en la mesa 12 grandes temas y 50 observaciones. “Casi todo se cumplió”, pero quedaron pendientes temas como las candidaturas independientes, la subrepresentación y la sobrerrepresentación, así como “algunos detalles del modelo de comunicación política”.
De acuerdo con un documento interno de la bancada del PRD, cuya copia obtuvo Proceso, la organización del INE es muy similar a la del IFE, pero tiene nuevas atribuciones en relación con los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), término jurídico para identificar a los institutos electorales de las entidades. El INE “podrá atraer o delegar funciones de las elecciones locales a los OPLE, con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General”.
El INE podrá igualmente “atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPLE, cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación”.
Para asumir la organización de las elecciones estatales, el INE deberá resolver a través de procedimientos especiales en caso de que “existan factores que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo que afecte los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad, y no existan condiciones políticas idóneas para la elección, por injerencia de un poder público”. El procedimiento lo iniciarán cuatro consejeros o la mayoría del OPLE en cuestión.
Sólo de “manera excepcional” el INE delegará funciones al OPLE, cuando la Secretaría Ejecutiva del instituto, con mayor poder que en el IFE, someta a votación del Consejo General estos casos. Se aprobará por al menos ocho de los 11 consejeros generales.
El INE también asumirá la organización de la elección de dirigentes de los partidos cuando éstos lo soliciten con al menos cuatro meses de anticipación. En el caso de las dirigencias locales de los partidos políticos, la organización corresponderá a los OPLE.
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