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| Familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC protestan en el Ángel. Foto: Hugo Cruz |
MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas de que se cumpla un lustro de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el representante de padres de familia agraviados, Francisco Javier García Quintana, acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de hacer un “uso político” de la desgracia y de mantener en la impunidad el caso.
El también dirigente de la organización Movimiento 5 de Junio denunció en rueda de prensa la “deficiente” actuación de la PGR al no ampliar el ejercicio de acción penal hacia funcionarios y excolaboradores del IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo, así como de los dueños de la guardería, a partir de la resolución de violaciones graves a los derechos de los niños emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
García Quintana reprochó que el año pasado el gobierno de Peña Nieto haya anunciado –“con fines mediáticos y políticos”– el inicio de una averiguación previa enfocada a fortalecer la hipótesis del incendio deliberado.
También señaló que en días pasados se reunió con personal de la PGR, los cuales le informaron que en breve se realizaría un nuevo peritaje a partir de la apertura, el pasado 16 de diciembre, de una nueva indagatoria.
“Lo que se nos dijo es que el peritaje se iba a hacer con una metodología más confiable, y yo les dije que a menos de que esa metodología incluya una máquina del tiempo, no veo cómo van a determinar quiénes fueron los responsables”, apuntó.
El fundador del Movimiento 5 de Junio reprochó que esa indagatoria “ya fue desechada en el peritaje de David Smith, en el sentido de que el incendio fue provocado”, versión que para los padres resta responsabilidad a los funcionarios del IMSS, de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo.
La especie del incendio deliberado ha sido impulsada por otro grupo de padres de familia de víctimas, “Manos Unidas por Nuestros Niños”, que supone que el fuego se inició en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda local, junto a la guardería, con la intención de destruir documentación de los recursos ejercicios por el gobierno de Eduardo Bours en el Plan Sonora Proyecta, y que el autor material del siniestro habría sido asesinado.
El dirigente del Movimiento 5 de Junio recordó que hay cinco peritajes respecto del caso, entre ellos el encargado por la SCJN a un grupo de expertos independientes, así como el de Smith, “que fue desechado porque no cumplía con los requisitos mínimos, pues se basó sólo en fotografías del siniestro, además de que caía en contradicciones, ya que si veía una mancha en el piso decía que era un acelerante de fuego”.
Para García Quintana ese tipo de versiones “busca abonar en la impunidad, cerrar el caso diciendo que el responsable fue una persona que provocó el incendio y que ésta ya falleció en 2009 asesinada, para que después se diga qué eficiente es el sistema de investigación y procuración de justicia, pero lo que se pretende es achicar la responsabilidad de los inculpados, los dueños que está en el proceso penal y los demás exfuncionarios, de la bodega de Hacienda y del propio IMSS”.
Por ello García Quintana demandó no realizar el peritaje anunciado por el gobierno de Peña Nieto: “que no nos tomen el pelo y que no gasten recursos públicos, que se ve que tiene más fines preelectorales y políticos que abonar a la impartición de justicia”.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Rosario Marroquín Ferrera, apuntó que la resolución de la SCJN por el caso ABC “no exoneró a los funcionarios estatales, federales y municipales, sino que se abstuvo de hacer los señalamientos para que las instancias correspondientes, como la PGR, estuvieran atentas para realizar las investigaciones, situación que no se ha cumplido cabalmente”.
Marroquín Ferrera consideró que el anuncio del gobierno de Peña Nieto de indagar “las investigaciones en torno a la tragedia”, son de carácter “mediático, como lo fueron otras declaraciones, entre ellas que se van a rescatar los restos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, porque en ninguno de esos casos se está haciendo algo con seriedad, no ha habido acciones efectivas”.
García Quintana hizo un breve recuento de la situación jurídica de la muerte de 49 menores, acción considerada por los jueces como homicidio culposo o imprudencial, así como de las lesiones a otros 70 niños.
Además, recordó que la pariente de Margarita Zavala Gómez del Campo, Marta Matilde Altagracia Gómez del Campo, “fue beneficiada por jueces y magistrados para obtener el sobreseimiento en la causa en su contra, lo que equivale a una sentencia absolutoria, con el argumento de que no tenía la obligación de cuidado, sino que era sólo era una socia capitalista”.
En el mismo tenor se enmarca la situación legal del otro socio de la guardería ABC, “Gildardo Urquídez Serrano, y a ello se debe sumar el hecho de que al inicio de este año fueron liberadas las dos únicas personas que llevaban el proceso en prisión: Yadira Barreras y Delia Irene Amantes, ambas funcionarias del IMSS”.
El activista mostró documentos contenidos en el expediente de oficios enviados a autoridades municipales y del IMSS para tramitar los permisos correspondientes para la operación de la guardería ABC, firmados por Gómez del Campo Tonella, testimonios que para García Quintana hablarían de la responsabilidad de la pariente de Margarita Zavala en la muerte de los menores.
Asimismo agregó que no hay fecha para que la PGR consigne ante un juez la causa y se dicte la sentencia correspondiente.
En cuanto a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como “ley 5 de junio”, García Quintana lamentó que sólo 30% de las entidades del país hayan legislado localmente al respecto.
En la conferencia también participó el presidente de la organización Atención al Consumidor, Daniel Gershensen, quien alertó sobre la intención de la dirigencia del PRI de Sonora de impulsar en 2015 como candidatos a diputados federales al exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara; al exprocurador Abel Murrieta, y a Claudia Pavlovich Arellano, dirigente priista y exlegisladora local que defendió a los dueños de la guardería.
Al sugerir a la dirigencia nacional y estatal del PRI que “reconsidere las postulaciones”, Gershensen reprobó que “esos ascensos políticos se den gracias a la tragedia de la guardería ABC, como ocurrió con el entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien dijo que el incendio fue un accidente y no se debía considerar un delito grave, y que luego fue premiado como embajador de México en Londres y ahora lo es en Washington.
“Lo mismo ocurrió con Marisela Morales, extitular de la PGR, quien ahora es cónsul en Milán. No cabe duda que en este país la ineficiencia y la complicidad se premian”, acusó.
Los activistas anunciaron movilizaciones para recordar la tragedia el jueves 5 de junio en las ciudades de Hermosillo y el Distrito Federal.
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