Un escándalo tapa a otro

En el fango y no pasa nada

Julio Pimentel Ramírez En el vertiginoso México de hoy, un escándalo tapa a otro suceso de características similares, un hecho de corrupción e impunidad se superpone a otros idénticos: sobre todo ello los grandes medios de comunicación tienden una “cortina de humo” tratando de que la opinión pública fije su atención sobre lo superfluo, lo banal, lo secundario y se olvide que padecemos un profundo proceso de descomposición del sistema que domina al país desde hace ya más de tres décadas. Cabe subrayar que Oceanografía no es una empresa “fantasma” simplemente diseñada para allegarse recursos ilegales, es mucho más que eso: representa la forma en que se fortalecen consorcios a la sombra del Estado neoliberal a partir de armar un entramado de intereses y complicidades, todo bajo la impronta de la corrupción. Oceanografía es en la actualidad la compañía al servicio de Pemex con la mayor flota de bandera mexicana para la prestación de servicios al sector petrolero y está integrada por 38 embarcaciones que representan 70 mil 862 toneladas de arqueo bruto. Antes de que detonara el escándalo del presunto fraude contra Banamex, estaban en proceso de construcción ocho embarcaciones diseñadas para operar en diferentes actividades de la industria petrolera. Estableció más de 100 contratos por casi 51 mil millones de pesos concedidos en los sexenios de Vicente Fox, Calderón y en el primer año de Enrique Peña Nieto. Estos últimos son cinco contratos, todos de 2013 y por 2 mil 300 millones de pesos, que además están vigentes. Así, mientras a cuenta gotas surgen datos sobre el entramado de corrupción que tejió Oceanografía y que incluye no solamente a operadores, que probablemente sean los que paguen algunos de los platos rotos, sino a sus padrinos de las altas esferas políticas (en Pemex, en el gobierno de la República, en los partidos políticos) y de las cúpulas financieras y empresariales, en general; de manera aleatoria se da a conocer el informe preliminar de la comisión que investigó el caso Monex, que confirma la acusación de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que Enrique Peña Nieto compró la presidencia de la República, traficando impúdicamente con la pobreza. En un reporte de diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC), integrantes de la comisión que investiga la triangulación de recursos para favorecer la campaña del PRI en 2012, por conducto de Grupo Financiero Monex, se concluyó que los gastos no reportados de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, incluyendo las tarjetas Monex, asciende a 4 mil 599 millones 946 mil 834 pesos, cuando el tope fijado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para la campaña electoral fue de 336 millones 111 mil 84 pesos. El PRI y Enrique Peña Nieto rebasaron esta cantidad por 4 mil 263 millones 835 mil 750 pesos (trece veces más), de origen dudoso. El martes se entregará el expediente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la finalidad de que lo valore y emita un juicio sobre el financiamiento de la campaña del PRI. No hace falta ser pitoniso para prever la respuesta de esta instancia “autónoma”: será rechazada pues nada puede ensombrecer la figura del “señor presidente” y nadie puede cuestionar el regreso a Los Pinos del “nuevo” PRI. Al lado de estos hechos, que de por sí bastarían para cimbrar al sistema si México fuera en verdad un país democrático, con un sistema de justicia imparcial, eficiente, y con una sociedad consciente y activa, suceden otros hechos de relevancia en diferentes ámbitos de la realidad. En el de la seguridad destaca Michoacán, estado en el que las cosas se le complican al gobierno federal. Todavía no cesan los ecos de la “segunda” muerte de Nazario Mendoza, El Chayo, líder de los Caballeros Templarios (esta sí parece ser la verdadera aunque el descrédito acumulado por las autoridades de todos los ámbitos y niveles, hace que en ciertos sectores circulen dudas), que desnuda el fracaso de la estrategia de guerra contra algunos cárteles del narcotráfico del espurio Felipe Calderón, que tenía como uno de sus ejes la manipulación y la mentira; cuando el camino seguido por Peña Nieto en Michoacán, nuevamente escogido como laboratorio en materia de seguridad, se convierte en fango. Con la detención de Hipólito Mora, acusado del homicidio de dos de sus presuntos colegas, más temprano que tarde se demuestra que más allá del surgimiento auténtico o inducido de los llamados grupos de “autodefensa”, el armar, tolerar, alentar el paramilitarismo conlleva un gran riesgo. Como dice el dicho popular a Enrique Peña Nieto y a su comisionado especial Alfredo Castillo, se les hizo “engrudo el atole” en Michoacán: sus legalizados grupos de “autodefensa” se comportan de manera delincuencial, el “Frankestein” amenaza con salirse de control. La paz no se recobra con las armas, y menos cuando están en manos incorrectas, sino atendiendo las causas profundas de la violencia y la inseguridad.